Estado

Oculta Chihuahua cifras de justicia

Gasta MP más y sólo esclarece el 2.1% de denuncias

Tomada de Internet / Foto ilustrativa

De la Redacción/El Diario

sábado, 07 septiembre 2019 | 11:04

Chihuahua.- Junto con Campeche, Colima, Nuevo León, San Luis Potosí y Oaxaca, Chihuahua se encuentra en las entidades que no proporcionaron datos al Censo Nacional de Impartición de Justicia Federal del INEGI para conocer las sentencias condenatorias según el tiempo de prisión, es decir, establecer si el costo de los procesos penales va en proporción a sentencias emitidas.

Así se desprende del más reciente estudio de Impunidad Cero, cuyos números colocan a Chihuahua en los primeros lugares en porcentaje de inversión y número de agentes de ministerios públicos, pero con una mediana labor de ejecutar órdenes de aprehensión.

También un 2.1 por ciento de probabilidad de esclarecer un delito, que contempla desde la denuncia hasta un resultado favorable.

En la página 43 del Índice estatal de desempeño de procuradurías y fiscalías 2019, http:// www.impunidadcero.org/ uploads/app/articulo/123/ contenido/1567527134U67. pdf, publicado por esa organización, se establece que uno de los indicadores en materia de eficacia busca que las penas más severas se reserven a delitos de mayor impacto.

Justo Chihuahua se encuentra con el mejor indicador en sentencias menores a 3 años de prisión (9.4%), pero las cifras no están actualizadas. “Campeche, Chihuahua, Colima, Nuevo León, San Luis Potosí y Oaxaca, no proporcionaron información al CNIJ del INEGI”, precisa el documento y detalla que la cifra de ese tipo de sentencias para Chihuahua se tomó de censos pasados, sin especificar desde qué año no se tiene el número más reciente.

Impunidad Cero explica que tener un bajo número de condenas menores significaría que se lograron salidas alternas para esos casos que no son de alto impacto, y tener una cifra elevada representaría que se utiliza el sistema judicial principalmente para delitos menores.

Por ejemplo, dedicar 19 mil pesos a investigar un caso, y un promedio de 30 a 40 mil pesos en cada etapa del proceso penal para un delito de 7 u 8 mil pesos, es un despropósito que distrae recursos para combatir impunidad de delitos de mayor impacto, asevera la organización.

En el caso de la entidad, uno de los casos más llamativos de fechas recientes es el iniciado en contra de una trabajadora del Tribunal Superior de Justicia del Estado, a la que se le llevó a dos audiencias penales por una acusación de 56 pesos, al señalarla del presunto robo de una barra de mantequilla y unas tiras de queso de la cocina del Poder Judicial.

Según la defensa de la mujer, ese procedimiento representó un gasto de entre 54 mil o 70 mil pesos para la justicia, ya que cada audiencia celebrada tendría un costo de 28 a 35 mil pesos, de acuerdo a cálculos del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe) y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid por sus siglas en inglés).

El índice de Impunidad Cero fue presumido ayer por la Fiscalía General del Estado de Chihuahua e indicó que “por tercer año consecutivo, Chihuahua obtuvo el nivel más alto dentro del análisis de cuatro categorías: estructura, operación, resultados y política criminal; con las cuales se destacaron las buenas prácticas de la institución”. En un comunicado de prensa, la dependencia precisó que el fiscal César Peniche Espejel dijo al respecto: “Esto, sin duda es el reflejo del esfuerzo, compromiso y trabajo en equipo; nos llena de orgullo mantenernos como un referente y ejemplo nacional por las labores que diariamente efectuamos”.

El estudio es firmado por Guillermo Raúl Zepeda Lecuona y Paola Guadalupe Jiménez Rodríguez.

El primero es doctor especializado en Sociología del Derecho por la UNAM, director de Jurimetría Iniciativas para el Estado de Derecho A.C. y académico en El Colegio de Jalisco.

Jiménez Rodríguez es maestra en Políticas Públicas por la Universidad de Guadalajara, coordinadora de evaluación de Jurimetría Iniciativas para el Estado de Derecho A.C.

Es especialista en seguimiento y evaluación de programas y fondos públicos y ha participado en evaluaciones externas para el municipio de Guadalajara y para el Estado de Jalisco.