Estado

Oculta Estado litigio por la Ciudad Judicial

Se niega a informar el monto del adeudo a las empresas constructoras demandantes

Tomada de Internet / Foto ilustrativa

Heriberto Barrientos/El Diario

martes, 20 octubre 2020 | 11:10

Chihuahua.- El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP), clasificó como “Información Reservada” el contrato de obra pública número DOP-A-36/13 mediante el cual cuatro empresas contratistas y un particular demandaron a finales del 2016 a la administración pública estatal por incumplimiento de pago en las obras de construcción del Centro de Justicia de la ciudad de Chihuahua. Las empresas que se encuentran en litigio contra Gobierno del Estado por incumplimiento de pago son: “Ingeniería y Diseño Van, S.A. de C.V.”, “Desarrollos Alianza, S.A. de C.V.”, “Afirma Inmobiliaria, S.A. de C.V.”, “Arve Constructora, S.A. de C.V.” y el particular Jorge Arturo Moreno Torres. 

El pasado 13 de octubre y en respuesta a la solicitud de transparencia con número de folio 106642020, Óscar Alejandro Chávez Lechuga, titular de la Unidad de Transparencia de la SCOP, respondió a un ciudadano que solicitó información del referido contrato que: “la parcialidad del contrato de obra pública DOP-A-36/13, relativo a la ejecución de los trabajos referentes a la construcción del Centro de Justicia es Información Reservada.

Esta fue clasificada por el Comité de Transparencia de este sujeto obligado, mediante acuerdo número SCOP-CT-AR-03-2020, de conformidad con lo establecido en los artículos 33 fracción XI, 60, 109, 111, 112, 117, 120 y 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua”. Empero en el escrito, el ente público sí respondió que hasta el 13 de octubre del presente año no se había hecho pago alguno a las empresas y contratistas por encontrarse en controversia jurídica el asunto. Fue en el año 2016, a finales del sexenio del exgobernador César Duarte Jáquez, cuando las referidas empresas demandaron al Gobierno de Chihuahua por incumplimiento de pago por un monto superior a los 330 millones de pesos. En respuesta a la pregunta 1 sobre “Durante los ejercicios fiscales 2019 y del 1 de enero al 21 de septiembre de 2020, ¿han realizado pagos, favor de detallar monto, fechas depósitos, a las siguientes personas morales y físicas responsables en el sexenio anterior de la construcción del Centro de Justicia en la ciudad de Chihuahua, ubicado en la avenida Ocampo y Niños Héroes… (sic), al respecto hacemos de su conocimiento que en el ejercicio 2019 y lo que va del ejercicio 2020 a la fecha, no se ha realizado ningún pago a los contratistas que ejecutaron las obras correspondientes por encontrarse en controversia judicial”, respondió el responsable de la Unidad de Transparencia de la SCOP. Y agregó, “En lo que respecta a la pregunta 2 de “A cuánto asciende a la fecha, el monto que se adeuda a las referidas empresas constructoras por incumplimiento de contrato desde el sexenio anterior, en la construcción del edificio Centro de Justicia (sic), no se tiene un estimado exacto del adeudo que se tiene a las empresas constructoras, lo anterior en virtud de que la misma, es información reservada, ya que tales datos entran dentro de los supuestos que marca el titulo 124 fracciones IX. Afecte el debido proceso y X. Vulnere la formación y trámite de los expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan causado estado de la Ley de Transparencia. Lo anterior debido a que las empresas contratadas para la ejecución de los multicitados trabajos al amparo del contrato de obra pública DOP-A-36/13, interpusieron Juicio de Oposición ante el Tribunal Superior de Justicia, en contra de Gobierno del Estado, y tal controversia aún no se resuelve, lo cual podría modificar o no la cantidad que se adeuda, motivo por el cual se encuentra subjudice, es decir, pendiente de resolución por parte de la autoridad judicial encargada de la causa”. Una de las empresas demandantes, “Ingeniería y Diseño Van, S.A. de C.V.” es donde el panista César Jáuregui Robles, meses antes de asumir el cargo en la administración del gobernador Javier Corral Jurado como secretario general de Gobierno –el 4 de octubre de 2016— fungió como coadyuvante en el despacho del exprocurador Arturo Chávez Chávez, quien era precisamente representante jurídico de esa compañía. Las otras cuatro empresas al igual que Diseño Van demandaron por incumplimiento de pago a la Secretaría de Hacienda estatal y a la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas. El Diario en diversas ocasiones durante el presente año buscó una respuesta de las empresas involucradas, sin éxito. La Cuarta Sala de lo Familiar, presidida por el magistrado Gabriel Humberto Sepúlveda, estableció hace más dos años que los demandantes alegaron que hubo un “silencio administrativo” y que habría implicado una “afirmativa ficta” de pagar los contratos por parte de las entidades estatales. Sin embargo las cláusulas y el incumplimiento de actos de petición previos, por parte de las compañías, fueron tomados en consideración para el sobreseimiento inicialmente por parte del magistrado Sepúlveda. Empero los magistrados del Segundo Tribunal Colegiado en materias Penal y Administrativa en sus consideraciones, resolvieron que era legalmente competente para que conociera del asunto y resolviera. En la página 61 del amparo que promovieron los demandantes y que les fue otorgado, los magistrados establecieron que, “La justicia de la Unión ampara y protege a (las referidas empresas)… para los efectos precisados en la parte final del cuarto considerando de esta ejecutoria, contra el acto reclamado a la Cuarta Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado”. En el cuarto considerando, los magistrados federales establecieron que la Cuarta Sala Familia debe, “fijar de manera correcta la Litis planteada y tomando en consideración el contrato de obra pública, las pruebas aportadas por las partes, con libertad de jurisdicción resuelva respecto de las restantes prestaciones reclamadas, atendiendo a la correspondiente etapa del procedimiento conforme a la Ley de Obra Pública del Estado de Chihuahua”. Hasta la fecha dicha Sala no ha resuelto si el gobierno del panista Javier Corral deberá pagar el monto faltante en los contratos, pues dicho edificio sede del Poder Judicial actualmente está en uso.

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