Estado

'Olvido' en El Navajo

Ven desinterés del Gobierno estatal para resolver caso de 11 feminicidios

Itzel Ramírez/
El Diario
Domingo, 06 Enero 2019 | 06:55

Ciudad Juárez- Entre amparos, exoneraciones y juicios pendientes, el caso del Arroyo El Navajo da signos de desinterés de parte del actual gobierno estatal, consideró el abogado Santiago González.
El caso, iniciado por el secuestro, trata y feminicidio cometidos en contra de por lo menos 11 víctimas, tuvo un episodio más el viernes pasado, cuando el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito concedió la liberación de un recurso interpuesto por Camilo Del Real Buendía, acusado de participar en los delitos cometidos contra 11 jóvenes, cuyos restos fueron localizados en el arroyo, a unos 60 kilómetros de Ciudad Juárez.
Para González, abogado que en el pasado coadyuvó a la Fiscalía General del Estado en los primeros juicios del caso, la liberación es consecuencia tanto de la buena defensa de Del Real como del “desmantelamiento” del equipo que judicializó a los primeros detenidos —que actualmente permanecen en prisión—.
“No podría decir qué es lo que motiva a alguien a desmantelar algo que funciona. Porque con el nuevo gobierno se desarmaron los equipos en la Fiscalía. Hay falta de seguimiento, falta de apoyo, es más ni para la gasolina dan”, mencionó el litigante, experto en temas de derechos humanos.
“Hay una falta tremenda de apoyo. Ministerios públicos que presentaban información, que la conocían de primera mano, fueron removidos. Lo mismo con agentes de investigación que iban a la diligencias, que sabían de qué se trataba el caso, los mandaron incluso a otras partes de la entidad”, acusó.
González mencionó que el caso cuenta con pruebas como las declaraciones de más de 170 testigos, 100 pruebas periciales y más de 60 documentales.
En el caso de Del Real, indicó, hay una víctima que lo identifica plenamente como partícipe de la trata con fines de explotación sexual.
“Camilo era señalado directamente por una sobreviviente”, afirmó en entrevista el abogado.
Recordó que algunas irregularidades en la detención de Del Real y en el proceso de reconocimiento de una de las víctimas, además de la falta de precisión en fechas y lugares durante su participación de los delitos, aportaron elementos fundamentales para su defensa y posterior liberación.
“No se le imputaron hechos ni estados concretos. Es un caso complicado porque todo es parte de una transversalización de situaciones, de hechos, de declaraciones”, detalló.
Los diferentes juicios del caso han identificado a María Guadalupe Pérez Montes, Lizbeth Avilés García, Perla Ivonne Aguirre González, Idalí Juache Laguna, Beatriz Alejandra Hernández Trejo, Jesica Leticia Peña García, Deysi Ramírez Muñoz, Andrea Guerrero Venzor, Mónica Liliana Delgado Castillo, Jessica Terrazas Ortega y Jazmín Salazar Ponce como las víctimas.
De acuerdo con el litigante, la liberación de Camilo del Real es un revés para las víctimas familiares de las jóvenes asesinadas.
Mencionó que incluso con algunos de los implicados ya procesados y sentenciados (César Félix Romero Esparza, Edgar Jesús Regalado Villa, Manuel Vital Anguiano, José Antonio Contreras Terrazas y Jesús Hernández Martínez, que recibieron una condena de 697 años de prisión); no puede considerarse que ha habido justicia, dijo el abogado.
“Los familiares aunque sintieron que esos sujetos sí merecían la condena, no se sintieron tan resarcidas. Están muy lastimadas porque a final de cuentas lo que querían, lo que buscaban era a sus hijas”, manifestó.
Recordó que las circunstancias en las que se encontraron algunos restos han imposibilitado la integración de más casos de desaparición de jóvenes en Juárez y que este año se realizarán los juicios de Rafael Mena, Esperanza Castillo y Eduardo Sánchez Hermosillo.
“Estamos hablando de juicios 10 años después de que sucedieron los secuestros, eso muestra la dificultad y la magnitud del caso”, aseguró.
A la fecha, peritos de la Fiscalía General del Estado realizan operativos en la zona para encontrar más restos óseos, que son enviados al laboratorio.
Las 11 jóvenes fueron secuestradas entre 2009 y 2010, en el primer cuadro de la ciudad, de acuerdo con reportes periodísticos.

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