Estado

Se amparan contra pasividad de TSJ en debatir anulación de jueces

Es por la selección de 56 personas en el 2018 y cuyas irregularidades se plantearon en el 2019

Juan Alanís/El Diario

Jaime Armendáriz/El Diario

viernes, 24 enero 2020 | 11:33

Chihuahua.- Juzgados federales recibieron un amparo en contra del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Chihuahua, por su omisión en debatir la anulación de selección de 56 jueces realizada en el 2018, cuyas irregularidades las planteó desde julio del 2019 el magistrado Marco Emiliano Anchondo Paredes. 

El recurso ante la justicia federal la promovió el abogado José Gerardo Aguilar Gabaldón, que fue el que planteó la queja anteriormente ante el Tribunal y que derivó a su vez en la ponencia del magistrado Anchondo, que no se ha debatido ante el pleno a 6 meses de que la concluyó. 

El amparo está presentado desde el 3 de diciembre y se turnó al Juzgado 10 de Distrito, con el expediente 2115/19, y reclama específicamente que los magistrados y el pleno han sido omisos para constituirse y resolver el documento que daría marcha atrás a la designación de nuevos juzgadores del Poder Judicial local. 

Anteriormente el presidente del TSJ, Pablo Héctor González Villalobos, dijo que el tema será tratado “hasta que todos los magistrados digan que ya están listos”, y por lo complejo del caso, añadió, algunos de ellos han pedido que no se suba a debate aún hasta tener estudiados los elementos manifestados por su compañero Anchondo Paredes. 

El proyecto de Anchondo establece que de la decisión tomada por la Judicatura “genera incertidumbre de si los declarados vencedores son los idóneos para el cargo de juez, y el acuerdo del 20 de agosto (2018) resulta transgresor a la garantía de seguridad jurídica así como el principio de objetividad”, por lo que puntualiza que la Judicatura debe hacer un nuevo proceso “que cumpla con todas las exigencias legales”. 

Uno de los argumentos para llegar a esa conclusión, es que hubo fallas en los plazos de la propia convocatoria para elegir nuevos juzgadores con anomalías en cuanto a las notificaciones para que los aspirantes conocieran si estaban o no aceptados. 

De igual forma el magistrado considera que no hubo un tiempo suficiente para que los interesados en esos cargos judiciales pudieran estudiar la carga bibliográfica impuesta. 

Además pone en duda la forma en que operó el Instituto de Psicología Forense en las evaluaciones entregadas, y en las cuales se vio afectado el licenciado Aguilar Gabaldón, promotor del recurso contra el proceso de selección. 

Acerca de la planeación de los exámenes y reactivos, Anchondo detectó que todo ese procedimiento atentó contra el principio del secreto de la evaluación. 

Tampoco hubo una toma de decisión por parte de todo el Consejo de la Judicatura y las decisiones se basaron por opiniones de una secretaria técnica de la comisión Carrera Judicial, presidida por la activista Luz Estela Castro, la cual renunció el 19 de septiembre del 2019 por problemas de salud. 

El señalamiento para esa comisión ha sido recurrente desde los amparos de aspirantes inconformes y jueces removidos de sus cargos, y fue blanco de una investigación penal por parte de la Fiscalía Anticorrupción, aunque ésta consideró la falta de elementos para iniciar procesos, en un tema que no se ha resuelto del todo. 

En la ponencia del magistrado Anchondo, justo hace señalamientos a esa comisión y determina que no existió una justificación para determinar los reactivos de los exámenes de conocimientos o la decisión para el involucramiento de la Universidad Iberoamericana y de la Universidad Autónoma de Chihuahua (Uach).

Las actas para tomar todas esas decisiones, precisan que una funcionaria de Carrera Judicial llevó voz de la información sin justificar su presencia o ausencia de la titular “Lucha” Castro en una de las reuniones. 

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