Estado

Se disputan Chihuahua tres cárteles

Pugna mantiene al estado entre los más violentos del país

Hérika Martínez Prado/El Diario de Juárez

domingo, 27 septiembre 2020 | 14:40

Ciudad Juárez— La disputa entre los cárteles de Juárez, del Pacífico-Sinaloa (CDP) y Jalisco Nueva Generación (CJNG) mantiene a Chihuahua entre las entidades más violentas del país, de acuerdo con el Mapa Criminal de México 2020 “Informe sobre las organizaciones criminales con presencial en México”. 

                                            

El informe elaborado por Lantia Consultores, “sustentado en un monitoreo y análisis exhaustivo de fuentes abiertas con corte a 1 de noviembre de 2019”, destaca hasta entonces la presencia de nueve principales células criminales en el Estado.

                                            

El Cártel de Sinaloa, que surgió tras una ruptura del Cártel de Guadalajara a inicios del decenio de 1990, dispone de 37 células en 29 entidades del país, cuatro de ellas en Chihuahua: Gente Nueva, Los Cabrera, Los Salazar, Los Artistas Asesinos y Los Jaguares.

                                            

A pesar de fracturas que ha registrado en su estructura, como la de los hermanos Beltrán Leyva en 2008, abatimientos, detenciones y extradiciones como la de uno de sus líderes más emblemáticos, Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, el CDP ha mantenido estabilidad durante las dos crisis de violencia de la última década.

                                            

“Su éxito se debe, en parte, a la base social que construyó tanto en comunidades de Sinaloa como de Durango, y que está sustentada en apoyos económicos y obra pública, así como en vínculos con políticos locales. También contribuyó a su consolidación que no optara por dedicarse a delitos predatorios como la extorsión o el secuestro, y que enfocara sus esfuerzos exclusivamente en el narcotráfico: desde la producción, trasiego, hasta la venta de estupefacientes, y a que construyeran alianzas con mafias y familias criminales regionales”, destaca el informe.

                                            

Al igual que el CJNG, el CDP todavía tiene capacidad de corromper funcionarios de los tres ámbitos de gobierno y trabajar de la mano de empresarios. El caso más emblemático es el de Genaro García Luna, quien fue titular de la Agencia Federal de Investigación de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) durante el sexenio de Vicente Fox y cabeza de la Secretaría de Seguridad Pública federal durante la administración de Felipe Calderón, y quien fue detenido el 10 de diciembre de 2019 en Dallas, Texas por agentes de la DEA, acusado de tráfico de drogas, falsos testimonios y corrupción al aceptar sobornos del Cártel del Pacífico.

                                            

Por décadas, “El Chapo” permaneció como la figura más emblemática del cártel, cuya sentencia  de cadena perpetua en 2019 extinguió en alguna medida su capacidad de influencia. Sin embargo, el cártel continúa siendo junto con el CJNG el único que cuenta con cohesión para tener operaciones en la mayor parte del país y tiene presencia en Asia, América Latina, Estados Unidos y Europa.

                                            

Actualmente el liderazgo del cártel se basa en tres pilares: Ismael “El Mayo” Zambada García, la familia Guzmán Loera, encabezada por “Los Chapitos” y la célula Gente Nueva, y Rafael Caro Quintero, alías “El Narco de Narcos”. 

                                            

El CJNG es actualmente la organización criminal de más alto riesgo para la seguridad nacional del Estado mexicano, ya que “ejerce actividades predatorias como la extorsión, usa la violencia en forma excesiva, recluta de forma forzada a menores de edad y a personas en situación de pobreza -engañándolos con anuncios de supuestas ofertas de empleo en seguridad privada, por ejemplo-; contrata abogados, contadores e ingenieros, y ex militares de México y otros países”, detalla el informe. 

                                            

El Cártel Jalisco Nueva Generación, antes conocido como Los Mata Zetas o Los Torcidos, surgió en 2010 como una separación del Cártel del Milenio de Los Valencia y fungió en sus inicios como un brazo armado del Cártel del Pacífico. 

                                            

“Con el debilitamiento del Cártel del Pacífico por la extradición y conclusión del juicio a El Chapo, se puede concluir que la organización criminal de Nemesio Oseguera Cervantes (a) “El Mencho” es la organización criminal con más capacidad operativa en México”, de acuerdo con Lantia Consultores.

                                            

En 2019, el CJNG tenía 37 células y una escisión (El Cártel Nueva Plaza en Jalisco y Nayarit), por lo que tiene presencia en todas las entidades con excepción de Sinaloa.

                                            

Bajo la dirección de Heriberto Lazcano Lazcano, alías “Z-3” o “El Lazca”, empezaron a actuar de forma autónoma, se dividieron entre 2007 y2010 del Cártel del Golfo y se aliaron, primero, con El Cártel de Juárez y, después, con la organización de Los Beltrán Leyva para enfrentar al Cártel del Pacífico-Sinaloa. 

                                            

“Finalmente, en todas las entidades hay grupos, bandas, pandillas o familias dedicadas a delitos de fuero común como robo, narcomenudeo, y en algunos casos al Mercado Ilícito de Hidrocarburos (robo de combustible y Gas LP), de transportista o contrabando”, indica el informe.

                                            

De acuerdo con información de inteligencia de Lantia, en al menos 16 entidades hay 29 organizaciones locales y regionales que por su arraigo, capacidad económica, armamentística y de despliegue, así como participación en delitos predatorios. En total, se identificaron 160 agrupaciones locales o regionales en 25 estados del país, entre los que destaca La Línea-Cártel de Juárez, en Chihuahua.

                                            

El Cártel de Juárez fue fundado en los setenta por Rafael Muñoz Talavera y Rafael Aguilar Guajardo, ambos exagentes de la Dirección Federal de Seguridad (DFS) de la Secretaría de Gobernación, y en el decenio de 1980 se convirtió en una facción del Cártel de Guadalajara, bajo el tutelaje de Ernesto Fonseca Carrillo. 

                                            

Tras el homicidio de Aguilar y el arresto de Muñoz a inicios de los noventa, el liderazgo pasó a Amado Carrillo Fuentes, “El Señor de los Cielos”, hasta su muerte en 1997, cuando tomó el mando su hermano, Vicente Carrillo Fuentes, alías “El Viceroy”, hasta su arresto en 2014.

Su detención inició un proceso de pulverización, y actualmente su brazo armado, La Línea, está encabezado presuntamente por Juan Pablo Ledezma o José Luis Fratello, alías “El JL”, quien ha obtenido autonomía, señala el informe, que agrega que recientemente La Línea se alió con el CJNG.

Otras células de relevancia son el Nuevo Cártel de Juárez de la familia Manjárrez Alonso o Los H: Daniel “H2”, Homero “H7” y José Alfredo “El Harry”, y pandillas con presencia en cárceles mexicanas y estadounidenses como Los Aztecas y Barrio Azteca, dirigidos por Luis Roberto Lares Gallardo, alías “El Chino Lares” o “El Chino Pescado”.

La Línea-El Cártel de Juárez tiene zona de influencia en Nuevo México y en el suroeste de Texas, y escisiones del Cártel del Golfo y Los Zetas en el sureste de ese estado.

De acuerdo con Lantia Consultores “los fenómenos delictivos más severos responden a lógicas locales y distintos factores causales. Por lo mismo, su atención requiere acciones diferenciadas. A lo largo de la última década se ha insistido una y otra vez en imponer grandes soluciones nacionales, cuando lo que se necesita son soluciones locales y focalizadas, particulares para cada caso”.

El informe señala también algunas propuestas de política pública, entre ellas la importancia de que se transite de un modelo reactivo de la estrategia de seguridad federal, estatal y local hacia esquemas preventivos que permitan, ante el desplazamiento de actividades criminales a nuevos territorios, o bien ante el surgimiento de nuevos giros delictivos, intervenir de forma oportuna. Es decir, antes de que se consoliden nuevas redes de intereses criminales.

También debe tomarse en cuenta que en los territorios donde el arraigo social de las organizaciones criminales es mayor, es preferible que sean atendidos por medio de herramientas de política social y de recuperación del espacio público como alumbrado, parques, centros educativos y culturales, reactivación de alternativas productivas y gestoría socia y con policías municipales que conocen la realidad local, y no por medio de una intervención militar o policial federal con operativos conjuntos, pues esto lejos de disminuir o contener la violencia puede aumentarla.

Contar de forma oportuna con información detallada del entorno y con reportes de campo sobre incidentes disruptivos de violencia y delincuencia a nivel local permitirá desmantelar, contener o establecer límites a las organizaciones criminales más nocivas para los mexicanos, se indica.

El Estado mexicano puede intervenir de distintas formas: por medio de programas sociales para evitar el reclutamiento criminal de jóvenes o vía gestoría social con mejor inteligencia; y concentrando esfuerzos contra grupos criminales predatorios.