Estado

Señalan activistas indígenas falsas denuncias del Consejo Supremo de la Tarahumara

Destacan que cada vez más gobernadores desconocen a los integrantes de este consejo

De la Redacción/El Diario
viernes, 09 agosto 2019 | 17:19

Cuauhtémoc.- Una comitiva de indígenas de la comunidad de Huahuachérare, en el municipio de Carichí, acudieron a las instalaciones de la Fiscalía Zona Occidente para conocer a detalle la denuncia que integrantes del Consejo Supremo de la Tarahumara interpusieron contra Estela Ángeles Mondragón, a quien acusan de haber cometido un desfalco por 16 millones de pesos.

En la explicación del problema se expuso que en 1950 el Gobierno federal donó varias hectáreas en los límites entre Carichí y Nonoava a indígenas que se vieron despojados de dichos terrenos. Luego de un juicio, en 2015 se resolvió que el Gobierno debía restituir esos terrenos a sus legítimos propietarios.

Sin embargo, para ese año ya resultó complicado el desalojo, por lo que a través de programas como el de Atención a Conflictos Sociales en el Medio Rural (Cosomer) se definió el pago de 16 millones de pesos que en ese momento se giró a nombre de quienes encabezaron el activismo indígena.

Según lo explicó Ruth Fierro, del Centro de Dertechos Humanos de las Mujeres (Cedehm), dicho cheque fue devuelto al Gobierno para que se girara uno a una cuenta que quedara a nombre del ejido, para que así los 400 beneficiarios recibieran este recurso y ellos definieran en qué habrían de invertirlo.

El segundo gobernador de Huahuachérare, Cesáreo Reyes Reyes, avaló lo mencionado por las representantes y añadió que por este tipo de recursos legales del Consejo Supremo es que no ha podido recibir el recurso, destacando la contrariedad de que esta organización, presuntamente representante de las cuatro etnias en el estado, afecte a la comunidad de Huahuachérare.

Por lo anterior, en este Día Internacional de los Pueblos Indígenas se hicieron presentes en Cuauhtémoc para escuchar los detalles específicos de esta denuncia, para poder comprobar, incluso con la legitimidad de la comitiva que representa la población, lo que calificaron como un “ataque” y una “falsa denuncia”, emanados de esta agrupación que no goza de una forma representativa de selección y que mantiene obstaculizada la liberación del recurso para el beneficio de esta comunidad.