Estado

Señalan justicia selectiva de Corral

Casos de corrupción continúan sin castigo

El Diario de Juárez

De la redacción

viernes, 27 noviembre 2020 | 22:15

Ciudad Juárez.– Aunque el gobernador Javier Corral asegura que en su administración no hay justicia selectiva, los casos emblemáticos de corrupción corralista siguen sin castigo.

Desde la asignación de contratos irregulares hasta casos de acoso sexual, las investigaciones que lleva a cabo la Secretaría de la Función Pública (SFP) estatal se mantienen en secreto y sin avances, como se puede constatar en documentos oficiales.

De acuerdo con el Sistema de Registro de Servidores Públicos Sancionados de la SFP del Gobierno federal, hasta el 26 de noviembre la autoridad estatal mantenía estancado el número de 26 resoluciones emitidas en más de cuatro años, pero todas de la administración pasada.

Mientras que otro listado de 65 sanciones emitidas por la SFP estatal aparece en un informe que rindió la dependencia a través de una solicitud de transparencia con número de oficio SFP/UT/170/2020 en julio de este año.

Pero de estas, se consta, no se menciona ningún nombre.

Por ejemplo, las primeras dos sanciones fueron derivadas de denuncias por “mala praxis” en los Servicios de Salud del Estado de Chihuahua (Ichisal), mientras que la tercera por “diversas observaciones cuantificables y/o no cuantificables derivadas de auditoría” en la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico.

En la Secretaría de Desarrollo Social se impuso una sanción por “acoso laboral”, en tanto que en la Secretaría de Educación y Deporte una más por la “omisión de acceso al plantel a su cargo a personal del INEGI”, además de otra en la Secretaría de Hacienda por “diversas observaciones cuantificables y/o no cuantificables derivadas de auditoría”.

Esta misma se repite en el caso de diez funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, y de otros ocho de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Juárez; aunque aparecen otros castigos por “venta de plazas” en el Ichisal; por omisión de la declaración patrimonial en la Coordinación de Comunicación Social, y por “poner a disposición a un menor a la policía” en los Servicios Educativos de Chihuahua.

En la Fiscalía General del Estado aparecen tres sanciones más por “cobro de nómina sin presentarse a trabajar”.

Pero no aparece nada sobre las investigaciones contra el excoordinador de Comunicación Social y actual asesor en la Coordinación de Asesores y Proyectos Especiales, Antonio Pinedo, por otorgar contratos irregulares a sus allegados.

Tampoco sobre la casa valuada en 20 millones de pesos que adquirió en la ciudad de Chihuahua el fiscal César Peniche Espejel, quien tiene un salario mensual de 94 mil 512 pesos, según archivos periodísticos; ni del autobono de cien mil pesos que en 2017 se autoadjudicó el exsecretario de Salud, Ernesto Ávila.

Mientras que en el mismo estatus se encuentra la secretaria de Cultura, María Concepción Landa, quien con dinero del erario viajó en marzo del año pasado a las ciudades de París y Madrid, donde radican dos de sus hijas, durante la comisión oficial que efectuó para asistir a la Feria del Libro en Londres, Inglaterra.

El miércoles, el gobernador Javier Corral aseguró que el Gobierno de Chihuahua no tiene una persecución política contra la alcaldesa de Chihuahua, María Eugenia Campos, “y contra nadie derivado de investigación penal”.

“Nunca lo hemos hecho, no lo haremos, jamás hemos manipulado a alguna autoridad que tenga que ver con la persecución de los delitos”, aseveró.

El mandatario agregó que “lo que sí es cierto, y ustedes lo saben; desde el inicio de mi gobierno mi compromiso fundamental, que será también nuestro legado en Chihuahua, es, ha sido y será el combate a la corrupción en todas las dimensiones, sin distingos, sin excepciones. En Chihuahua lo ofrecí desde la toma de protesta como gobernador”.

Dejan ‘en lo oscurito’ señalamientos contra funcionarios como Antonio Pinedo, César Peniche, Concha Landa y Ernesto Ávila