Estado

Surtía pruebas Covid al estado empresa de blindaje

Cobraron compañías 23 mdp en material médico para contingencia

El Diario
El Diario

De la Redacción/El Diario

jueves, 04 marzo 2021 | 09:31

Chihuahua.- Una empresa dedicada al blindaje (IBN Industrias Militares y de Alta Tecnología Balística, S.A. de C.V.), y otra a la tecnología (Globtech / Caper Elaboración y Distribución, S. de R.L.M.I.), surtieron al estado de mascarillas, overoles y pruebas Covid-19 por los cuales cobraron más de 23 millones de pesos. 

Lo anterior de acuerdo con los resultados del informe anual del Comité de Participación Ciudadana de Chihuahua (CPC), en el que detectaron que estas empresas cambiaron su giro empresarial para vender artículos de salud, con lo cual ponen en riesgo la integridad de las personas. 

Por otra parte, las facturas de dichas empresas están publicadas en el portal “http://www.contrataciones.chihuahua.gob.mx/”www.contrataciones.chihuahua.gob.mx y se establece que la empresa Globtech cobró más de 21 millones de pesos por seis facturas, mientras que IBN fue poco más de 1.8 millones, este último por pruebas Covid-19.

En el caso de Globtech emitió dos facturas de cubrebocas de tres capas, mascarillas KN95 y overoles de polipropileno a Servicios de Salud de Chihuahua; las otras dos fueron por cubrebocas de tres capas y mascarillas KN95 las cuales fueron entregadas al Instituto Chihuahuense de la Salud (Ichisal). 

El informe de CPC refiere que la empresa Globtech, que se dedica a la venta de equipos de cómputo y software, de la noche a la mañana se convirtió en proveedor de material médico. 

La base de datos transparentada por la Secretaría de la Función Pública arroja que esta fue la empresa con mayor número de contratos y mayor monto adjudicado. 

simismo, los documentos oficiales de adquisiciones señalan que se compraron 5 mil pruebas rápidas para detectar el Covid-19 a una empresa dedicada a hacer blindajes (IBN), las cuales a la fecha no se sabe de qué laboratorio provienen las pruebas ni su eficacia. 

“Posiblemente violando el derecho humano a la salud de las personas”, señala el informe del CPC. 

En este sentido, la empresa IBN en su portal “https://www.ibnindustriasmilitares.com/”https://www.ibnindustriasmilitares.com/, da a conocer que son un grupo especializado en la defensa, blindaje aeroespacial, automotriz y militar, además con otras empresas incursiona en el campo de tecnología, inteligencia, armamento, seguridad y big data. IBN asienta en su portal que tiene sus oficinas en la avenida Progreso número 210 del Parque Industrial de Logística Automotriz, en Aguascalientes. 

En el caso del contrato firmado con Chihuahua fue representada por Francisco Arturo Federico Ávila Anaya, mientras que por parte de la Secretaría de Salud fungió como representante Jesús Flores Montana, entonces director ejecutivo de la dependencia. 

El contrato identificado con la clave D04822 se firmó el 7 de mayo de 2020, sin que se den especificaciones técnicas de las pruebas rápidas para la detección del Covid, es decir sin precisar la marca, el tipo de dispositivos o su origen. 

En el mismo contrato, la empresa declara que su objeto social es fabricar, procesar, ensamblar, comprar, vender y distribuir toda clase de blindaje y artículos relacionados con el blindaje de vehículos automotores y aeroespaciales, sin mencionar en apartado alguno que puede comercializar insumos médicos o “materiales, accesorios y suministros de laboratorio”, que pide el mismo contrato. 

Por otra parte, Globtech en su cuenta de redes sociales, ya que la página “https://globtechstore. com/”https://globtechstore.com/ está suspendida, señala que se dedica a la venta y renta de equipos de computo, además de software y mobiliario, cuentan con 73 contratos con Gobierno del Estado (según “http:// www.contrataciones.chihuahua.gob.mx/”www.contrataciones.chihuahua. gob.mx), pero sólo seis son por venta de material médico. Pagaron FGE y SSPE más de 6 mdp por insumos médicos Por otra parte, debido a la Contingencia Sanitaria provocada por el SARS CoV2 (Covid-19), Enrique Ernesto Galán Uribe logró la adjudicación de ocho contratos por adjudicación directa a la Fiscalía General del Estado (FGE), y a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), por los cuales cobró más de 6 millones de pesos. 

Lo anterior según información publicada en el portal contrataciones.chihuahua.gob.mx, en el cual se advierte que solamente existen ocho contratos y todos fueron del año pasado. 

Dicho proveedor vendió a dichas dependencias de seguridad diferentes insumos médicos y de higiene, entre ellos gel antibacterial, toallas en rollo para manos, jabón, cubrebocas, caretas faciales, overoles y trajes de protección biológica, entre otros. 

Según el portal “http://www.contrataciones.chihuahua.gob.mx/”www.contrataciones.chihuahua.gob.mx, la actividad económica de Galán Uribe es centros generales de alquiler; comercio al por mayor de alimentos; comercio al por mayor de mobiliario, equipo e instrumental médico y de laboratorio; otros servicios de limpieza; otros servicios de publicidad; servicios de instalación y mantenimiento de áreas verdes; además de servicios de investigación y de protección y custodia. 

Por otra parte, existe el Expediente 638/2020, Amparo indirecto fue promovido por Enrique Ernesto Galán Uribe en contra de agentes del Ministerio Público investigador y persecutorio de la unidad de proyectos especiales y operaciones estratégicas de la Fiscalía General del Estado en el Juzgado Segundo De Distrito En El Estado De Chihuahua en Décimo Séptimo Circuito, Federal. 

Este proceso inició el 24 de Junio del 2020 y cuenta con 23 Notificaciones, cuyos actos reclamados son por omisión, sin embargo, el 13 de enero del 2021 se declaró que dicha sentencia que sobreseyó en el presente juicio de amparo ha causado ejecutoria. 

Estas contrataciones en medio de la emergencia por el Covid fueron hechas por adjudicación directa, es decir que no hubo licitación alguna y se dictaminó la excepción de este procedimiento, con el argumento de que eran compras urgentes para atender la pandemia, lo cual ha sido denunciado por el CPC en su informe anual 2020.