Estado

Urgen ante CIDH freno a militarización de fronteras

Exigen 32 organizaciones que el Estado mexicano garantice derechos humanos de migrantes

David Cruz / El Diario de Juárez

Hérika Martínez Prado
El Diario de Juárez

domingo, 04 julio 2021 | 06:50

Ciudad Juárez— Un total de 32 organizaciones de la sociedad civil demandaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que el Estado mexicano garantice los derechos humanos de las personas migrantes y elimine acciones como la militarización de sus fronteras.

Durante la audiencia denominada México: Protección de los derechos humanos de las personas en situación de movilidad humana, los demandantes expusieron la política migratoria con participación de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Nacional (GN), así como la práctica sistemática de “devoluciones en caliente” o “pushbacks”, que tiene como objetivo disuadir y criminalizar la migración y la búsqueda de protección internacional. 

También señalaron las violaciones a los derechos humanos de los migrantes, derivadas de dichas políticas y prácticas, por lo que pidieron al organismo internacional que visite las fronteras.

Los activistas señalaron a la CIDH que el despliegue de la fuerzas militarizadas ha exacerbado los casos de uso ilegítimo de la fuerza contra personas migrantes. Por ejemplo, en enero de 2020, personas que ingresaban por el río Suchiate fueron agredidas por personal del Instituto Nacional de Migración (Inami) y de la GN con piedras, toletes y escudos para impedir su avance. 

Sin cerrar los ojos

Relataron que el 15 de junio de este año, personas que se encontraban detenidas en la Estación Migratoria Siglo XXI protestaron por la falta de claridad en sus procesos de asilo y fueron golpeadas y obligadas a acostarse en el patio boca arriba con las manos en la nuca por alrededor de nueve horas, bajo la amenaza de ser golpeadas si cerraban los ojos. Además de que testimonios y fotografías muestran la participación de elementos de la GN y del Inami en estos actos de tortura.

También se subrayó la negativa sistemática por parte del Inami para el acceso de las personas con necesidades de protección internacional a los procedimientos de asilo en México y su expulsión “en caliente” por las fronteras terrestres y aéreas, lo que deriva en la violación al principio de “no devolución”, práctica que resulta en otras violaciones a derechos humanos, como detenciones ilegales, separación familiar y la falta de acceso a la justicia.

La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México (OACNUDH) “también ha documentado devoluciones en caliente, tanto en frontera como en estaciones migratorias, sin adecuadas garantías del debido proceso”, dijo su representante en el país, Guillermo Fernández Maldonado, quien hizo hincapié en que los esfuerzos para garantizar una migración segura se están viendo afectados con el despliegue de Fuerzas Armadas y otros cuerpos policiales. 

Visita in loco

Los representantes de las organizaciones de la sociedad civil reiteraron durante la audiencia la solicitud hecha a la CIDH para que realice una visita in loco, es decir, que hagan una investigación en las fronteras del país para presenciar y observar la situación de las personas migrantes y solicitantes de asilo y el actuar de las autoridades, lo que le permitiría dar seguimiento a sus recomendaciones en la materia.

Se solicitó también a la comisión que inste al Estado mexicano a designar las tareas de gestión migratoria únicamente a los órganos competentes de fuero civil y limite de manera inmediata la participación de las corporaciones militarizadas, a que presente información clara y precisa sobre el presupuesto total que se brinda a la GN, el número de detenciones y los protocolos de actuación relacionados con dichas detenciones, así como sobre las capacitaciones en materia de derechos humanos y a que elimine la práctica de perfilamiento racial y promueva medidas específicas a fin de erradicar los actos de xenofobia y discriminación.

También se le pidió que demande al Estado mexicano que investigue las denuncias sobre violaciones a derechos humanos cometidas en las estaciones migratorias, así como las privaciones arbitrarias a la vida mencionadas, implementando para esto medidas que garanticen a las víctimas el acceso a la verdad, justicia, reparación y la no repetición de los hechos y que investigue los casos de “pushback” cometidos en puntos terrestres y aéreos en contra de personas migrantes y con necesidad de protección internacional.

Otra solicitud es que le pida al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador que revise y genere protocolos de actuación para que las autoridades que trabajan en puntos de ingreso puedan identificar casos de personas con necesidad de protección internacional, y que garantice la presencia de agentes de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) en puntos de ingreso y control migratorio en las fronteras y aeropuertos.

Por su parte, representantes del Estado mexicano señalaron que se cuenta con un marco normativo que estipula el resguardo de los derechos de las personas migrantes, con protocolos para atender todos los flujos migratorios. Sin embargo, no dieron respuesta respecto al enfoque militarizado bajo el que se atiende la migración, la disparidad de cifras de detenciones de migrantes llevadas a cabo tanto por las Fuerzas Armadas como Guardia Nacional, respecto a las que refiere el Inami, ni ante la falta de controles adecuados frente a los abusos. Tampoco dieron respuesta frente a las denuncias de “devoluciones en caliente” más allá de referir la complejidad de la migración y el contexto de pandemia. 

Las comisionadas de la CIDH refirieron su preocupación respecto a la necesidad de realizar una distinción entre funciones de seguridad y de asistencia humanitaria directa a las personas migrantes, refugiadas y con necesidades de protección internacional. Y la CIDH remarcó que el Estado mexicano dio su anuencia para una visita presencial, por lo que esperan que sean fijadas las fechas para esas diligencias.

Los participantes

Las organizaciones participantes fueron la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), Clínica Jurídica para Refugiados Alaíde Foppa y Programa de Asuntos Migratorios de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, Servicio Jesuita a Refugiados - México, GEOPAZ, Instituto de Geografía para la paz AC (IGP), Red Nacional de Apoyo a Personas Migrantes y Refugiadas LGBT México, Fundación Arcoiris por el respeto a la diversidad sexual, A. C., Las Vanders, Sin Fronteras I.A.P., Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT), Asylum Access México (AAMX) A.C., Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova A.C., Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD), the Washington Office on Latin America (WOLA), Red Jesuita con Migrantes Centroamérica y Norteamérica (RJM-CANA), Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano conformado por: American Friends Service Committee (AFSC), Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova A.C., Centro de Derechos Humanos Tepeyac, Centro de Derechos de las Víctimas de la Violencia Minerva Bello, Formación y Capacitación (FOCA), Iniciativas para el Desarrollo Humano A.C., Kaltsilaltik, La 72 Hogar Refugio para Personas Migrantes, Médicos del Mundo – España y Francia (MdM), Red Jesuita con Migrantes – Centroamérica y Norteamérica, Servicio Jesuita a Migrantes Frontera Comalapa, Servicio Jesuita a Refugiados (SJR), Tzome Ixuk – Mujeres Organizadas A.C., Una Mano Amiga en la Lucha contra el SIDA yVoces Mesoamericanas Acción con Pueblos Migrantes.