Estado

Usa Gobierno 'ley del garrote'

El uso del “Grupo Especial Antimotines” para aprobar leyes y sofocar manifestaciones se ha hecho cada vez más recurrente

El Diario

De la Redacción/El Diario

sábado, 21 marzo 2020 | 17:00

El uso del “Grupo Especial Antimotines” por parte del Gobierno del Estado para aprobar leyes y sofocar manifestaciones se ha hecho cada vez más recurrente en el quinquenio de Javier Corral Jurado. 

Desde su llegada a la primera magistratura el 4 de octubre de 2016 y hasta la fecha, este grupo especializado ha sido utilizado en por lo menos seis ocasiones –según archivos y notas periodísticas- para confrontar y disipar a civiles que exigían distintas demandas. 

Desde manifestaciones por alzas en el precio de combustibles, otras de estudiantes exigiendo asignaciones de plazas, ejidatarios pidiendo la liberación de casetas, han sido reprimidas por el mandatario estatal. 

La más reciente fue el enfrentamiento ocurrido el pasado miércoles 18 de marzo en la Torre Legislativa en contra de transportistas y concesionarios, donde hubo golpes y daños en cristales. 

La gresca se produjo una vez que el Gobierno estatal rompió todo lazo de diálogo con los transportistas al impulsar y lograr que se aprobara la nueva Ley de Transporte, por lo que previamente enviaron a los antimotines a la sede del Poder Legislativo. 

La riña comenzó poco después de las 18:30 horas, cuando decenas de inconformes conglomerados en el exterior trataron de ingresar al recinto del Congreso, sin embargo este se encontraba blindado y con vallas metálicas. 

Los manifestantes, al ver que no podían, ni los dejaban ingresar, decidieron quebrar los ventanales de acceso, pero se toparon en el interior con el Grupo Antimotines, que los replegó, pero aun así provocaron daños en la instalación por los cuales, se informó días después, habría demandas por daños. 

El catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACh) Francisco Flores Legarda criticó que la política del gobernador Javier Corral sea la del “uso del garrote”, en vez del diálogo y el consenso. 

“Cada vez más vemos cómo el mandatario parece perder rápido los estribos y dar la orden de que la fuerza pública se imponga a las legítimas demandas de las personas, que pueden o no ser fundadas, pero el diálogo debe estar siempre por encima de toda acción pública de agresión o de represión”, explicó. 

Reprimió Corral a jóvenes manifestantes

El 18 de abril de 2018, el Grupo Especial Antimotines de la FGE, apoyado por agentes estatales, desalojó a un grupo de mujeres estudiantes de la escuela Normal Rural “Ricardo Flores Magón” quienes habían tomado la caseta de peaje de Saucillo argumentando que querían el libre paso para acudir a un evento cultural a la ciudad de Chihuahua. 

Durante alrededor de tres horas, el grupo de estudiantes con el rostro cubierto con playeras tuvo tomada la caseta dejando el libre acceso a los automovilistas por ambos sentidos, según ellas porque dicha toma era para apoyar a su institución educativa para acudir a eventos culturales en esta capital. 

Ante esta situación, se solicitó la presencia de agentes de la Policía Federal y elementos de la FGE, siendo más de una veintena de elementos quienes arribaron al lugar minutos antes de las 14:30 horas para dialogar con las manifestantes. Finalmente los antimotines sofocaron la manifestación con el uso de la fuerza y liberaron la vía de cobro. 

No se salvaron ejidatarios en la Caseta de Sacramento, y fueron agredidos por los Antimotines: Hubo golpeados y diez detenidos, entre ellos un diputado. 

El 26 de mayo del año pasado se suscitó en el ejido Sacramento, a la altura de la caseta, uno de los mayores enfrentamientos entre civiles con el Grupo Especial Antimotines. El saldo fue de diez detenidos, varias personas golpeadas, entre ellas mujeres; jóvenes menores de edad, e incluso el coordinador de la bancada de Morena, diputado Miguel Ángel Colunga fue arrestado temporalmente. 

El uso de la fuerza dejó varios lesionados en su paso, cuando un convoy de aproximadamente 20 patrullas de la CES y de la Policía Vial, junto a los antimotines, arribaron justo cuando el grupo de ejidatarios de más de 37 comunidades se disponían a tapar la zanja de la brecha que los comunica con la carretera libre a Juárez. 

Los agentes vigilaban a los ejidatarios, y cuando estos comenzaron a retirar los muros de contención de concreto instalados por personal de Gobierno del Estado, fue cuando los oficiales descendieron de las patrullas y sin mediar palabra detuvieron al chofer de una máquina agrícola, el cual fue esposado y subido a una de las patrullas. 

En la gresca salieron a relucir los toletes y gas pimienta, provocando una reacción de rechazo entre la sociedad, que incluso se prolongó por varias semanas. Los afectados exigían al Gobierno estatal que se les permitiera el paso libre por dicha caseta, toda vez que las tarjetas de cruce preferente en automóvil eran insuficientes y además las repartieron en el actual gobierno panista a personas no habitantes de ese ejido. 

Productores “antimotines”.

No solo el Gobierno estatal ha utilizado a los antimotines para reprimir a manifestantes, pues también el grupo especializado de la Guardia Nacional tuvo en el mes de febrero de este año un enfrentamiento con productores de la región del Conchos, en la cortina de la presa “La Boquilla”. 

Al grito de "¡Sí se puede!", "¡Sí se puede!", los cientos de agricultores lograron retirar al Grupo Especial de Antimotines de la Guardia Nacional y Policía Militar que llegó con un centenar de soldados para custodiar la presa La Boquilla. 

Varios cientos de personas, entre agricultores, presidentes municipales de Camargo, Saucillo, SFC, Meoqui, diputados, presidentes de módulo, SRL y población civil unida, presionaron para impedir la entrega de agua y que la Comisión Nacional del Agua abriera las válvulas de la presa. 

En esa ocasión, a gritos y ejerciendo la presión contra los gendarmes, la concentración de productores logró fracturar la barrera de este equipo especial de la GN y posicionarse en el vaso de la presa. 

A favor de “Iluminemos Chihuahua” 

El 10 de julio de 2019, cuando se pretendía aprobar con mayoría panista en el Congreso local el proyecto “Iluminemos Chihuahua”; el Grupo Especial Antimotines fue enviado a la sede del Poder Legislativo a contener a los manifestantes.

Líderes e integrantes de la sociedad civil desde el exterior, con altavoces, entre ellos el activista Óscar Castrejón Rivas, presionaron con gritos y pancartas, siendo contenidos en las puertas de acceso. 

"¡¿Quién les dio la orden para negar el acceso al edificio público?!", gritaban, por lo que la sesión tuvo que suspenderse temporalmente mientras una comitiva de legisladores salía a atender a los manifestantes. Finalmente el proyecto de endeudamiento para la ciudad de Chihuahua fue desechado. 

¡Traidores!, ¡Traidores!, les gritaron a los diputados de Morena. También contra los maestros El 7 de septiembre del año pasado, hubo saldo de cuatro personas detenidas por el Grupo Antimotines, en la segunda etapa de asignación de plazas en Chihuahua, luego que decenas de egresadas de las normales Rural Ricardo Flores Magón del Saucillo, del Estado, Superior de Chihuahua y de la Universidad Pedagógica Nacional bloquearon las oficinas de la Coordinación Estatal del Servicio Profesional Docente de los Seech para exigir que se respetaran sus puntajes y se les incluyera en los lugares que les corresponden en las listas de prelación. 

Al menos 50 agentes antimotines de la CES llegaron intempestivamente y retiraron a empujones a las jóvenes, las esposaron y las trasladaron al sótano, acusadas de obstrucción del libre acceso a un edificio público, aunque fueron liberadas una hora después, en el mismo lugar, sin presentarlas ante el juez y sin aclarar los supuestos cargos en su contra. 

Las detenidas fueron dos egresadas de la Normal Rural del Saucillo, una de la Normal del Estado Luis Urías y otra maestra egresada de la Normal Superior José E. Medrano, quienes fueron reclamadas por sus compañeras al denunciar éstas que “muchas tenemos moretones y rasguños”. 

Las jóvenes destacaron que la detención de sus compañeras fue un acto represivo, porque no tenían que actuar de esa manera, la protesta era pacífica y sólo estaban pidiendo que se respetara su derecho de asignación. 

Reprimen a quejosos por alza del combustible El 5 de enero de 2017, el Grupo de Antimotines fue movilizado a la terminal de Almacenamiento de la Planta de Pemex, ubicadas en la salida a Delicias, donde desalojaron a un grupo de manifestantes que tienen tomada esas instalaciones por los altos precios de los combustibles. 

Los cuerpos policíacos desalojaron a las diversas organizaciones que habían tomado tanto Pemex como diversos puntos carreteros y ferroviarios en repudio al alza de los combustibles. La determinación se tomó luego de la reunión de gabinete que encabezó el gobernador Javier Corral Jurado. 

El gobierno estatal ya había emplazado a los manifestantes a que se retirarán o harían uso de la fuerza pública, cumpliendo finalmente la amenaza.