Hérika Martínez Prado / El Diario de Juárez

viernes, 28 octubre 2022 | 06:40

Ciudad Juárez.- Como parte de su Campaña de Documentación de Abusos 2022-2023, integrantes de la Red Fronteriza por los Derechos Humanos (BNHR, por sus siglas en inglés) arribaron ayer al campamento venezolano instalado en el bordo del río Bravo para documentar las arbitrariedades de las que fueron víctimas en Estados Unidos.

Desde el 12 de octubre, el gobierno de Joe Biden comenzó a expulsar bajo el Título 42 a los migrantes venezolanos que ingresan desde México, por una frontera no autorizada y sin la documentación irregular, por lo que desde el 14 de octubre familias han dormido a la intemperie, en lo que Fernando García, director ejecutivo de la organización estadounidense, señaló como una crisis humanitaria creada por políticas anti-migrantes. 

“Este es el resultado de una estrategia fallida que fue implementada durante la época de (Donald) Trump, en la que se les negaba a las personas que querían pedir un asilo ese derecho y se les estaba expulsando, nosotros pensábamos que esto estaba siendo usado como una estrategia anti-inmigrante y anti-refugiados. Hoy, desgraciadamente, con mucho pesar la administración Biden extendió ese Título 42, esa política de expulsión, todavía para más naciones, incluyendo a comunidades venezolanas y colombianas”, denunció. 

Por ello, BNHR acudió ayer hasta el bordo mexicano, donde repartieron sándwiches, agua y ropa entre los sudamericanos, y documentaron abusos que experimentaron cuando se entregaron a los agentes de la Patrulla Fronteriza. 

Se trata de una campaña anual que busca documentar de manera segura incidentes de abuso infligidos por personal policial local, estatal y federal en la frontera sur de los Estados Unidos y al interior de México, brindando una plataforma confidencial para que las personas compartan sus historias, buscar la responsabilidad legal de los perpetradores y la transformación sistémica para prevenir futuros abusos y el uso ilegal e innecesario de la fuerza, la discriminación racial, los allanamientos e incautaciones injustificados y la tortura.

Debido al temor de que su denuncia les afecte al buscar el asilo en EU, se les explicó que aunque sus historias se darán a conocer, no se publicarán sus datos personales.