Internacional

El rastro de los desaparecidos en Latinoamérica

La desaparición forzada en AL ha separado a miles de familias y ha dejado un sangriento y oscuro rastro en la región, aquí un recuento

Reforma

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lunes, 31 agosto 2020 | 06:10

Bogotá, Colombia.- Centenares de miles de desaparecidos vertebran hoy día América Latina. Una cifra inexacta que alimenta más, si cabe, el profundo dolor de una tragedia perpetrada tanto por grupos delictivos como por autoridades, y en la que fenómenos sociales y económicos como la migración juegan también su papel.

Desde hace ocho años, Julieta Toscano ha buscado a su hijo Oliver Díaz Toscano, un joven campeón de taekwondo al que le perdió la pista el 10 de julio de 2012 en una plaza del municipio de Tlajomulco, en México.

La carpeta de investigación de su caso ha quedado en los archivos olvidados. Desde hace meses nadie le da nueva información. Por el contrario, fue ella quien desde el inicio buscó datos, nombres y hechos, los cuales aportó a la Fiscalía General de Jalisco, pero no obtuvo grandes avances. 

"El expediente duró perdido un año, si voy tengo que estar revisando el expediente para ver en qué más han avanzado. Les he llevado pistas, les llevé el teléfono de la mesera que vio cómo levantaron a mi hija. (...) Sé que no se dan abasto pero deberían tener un mejor trato", reclamó Toscano en el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas.

Toscano ha ido y venido a diferentes instancias con una pancarta en la que muestra a su hijo con su uniforme de combate. Ha participado en decenas de marchas, entrevistas periodísticas y citas con las autoridades para empujar este caso plagado de incógnitas.

Al principio, la investigación de Oliver indicaba que se había tratado de un secuestro. Sin embargo, las pesquisas dieron un giro luego de que la madre del joven sospechara que en la desaparición de su hijo habían estado involucrados tres primos paternos, envueltos supuestamente en "negocios sucios".

Ella y sus hijas han sido objeto de amenazas por diferentes vías, hostigamiento y vigilancia afuera de su casa, por lo que ha vivido escondidas por miedo. Su esposo, Sergio Díaz, murió sin haber encontrado a Oliver.

"Lo más difícil ha sido que lo criminalicen. A una persona desaparecida si es mujer (cuestionan) con quién andaba o cómo vestía. De Oliver (dicen) que le gustaban los trancazos (golpes)", lamentó la mexicana.

Según los reportes más recientes -proporcionados por instancias como la Secretaria de Gobernación-, México acumula más de 73 mil desaparecidos desde 1964. La inmensa mayoría de éstos comenzaron a notificarse desde 2006.

Multiplicidad de factores

Rafael Barrantes, coordinador del programa de desaparecidos del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) para México y América Central, explicó que había una gran variedad de factores a tener en cuenta de cara a los notorios índices de desaparecidos en Latinoamérica.

Por conflictos armados internos, como en Colombia o Guatemala; por la mala acción de las autoridades o debido a choques entre fuerzas de seguridad y bandas armadas, como en México; o, de manera más reciente, por motivos económicos y sociales que empujan a miles a migrar hacia Estados Unidos.

En el contexto actual han surgido nuevos peligros: "Una inadecuada gestión de cadáveres puede producir la desaparición de personas en el marco de la enfermedad de la Covid", detalló el experto.

Uno de los mayores problemas, continúo Barrantes, radica en que faltan cifras claras sobre la magnitud de la tragedia en la región. Ello se debe a una fragmentación de datos por parte de las autoridades y a que en muchos países ha sido la propia sociedad civil la que ha encabezado las búsquedas.

"El problema de las cifras es un indicador de los problemas en los mecanismos, o la adecuación de mecanismos, para abordar el tema" de los desaparecidos, agregó el representante del CICR, quien, además, advirtió sobre la falta de modelos a nivel internacional para contrarrestar la referida situación, por lo que muchas naciones han tenido que ideárselas desde "cero".

Por ejemplo, en Perú existe la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas, y en México la recientemente creada Comisión Nacional de Búsqueda de Personas.

Familias rotas

"Cristina quería ser médica, era una niña muy soñadora (...) Era muy dada con ayudar a la gente", relató Paulina Mahecha, quien lleva más de 15 años en busca de su hija María Cristina Cobo, torturada, violada, desmembrada y desaparecida por paramilitares al interior del departamento colombiano del Guaviare en abril de 2004.

María Cristina -tras haberse graduado de la Universidad de los Llanos- trabajaba en esa región centro-sur del país sudamericano cuando fue desaparecida.

"Yo lloro porque soy humana, soy de carne y hueso. Siento un vacío muy grande en mi vida, en mi entorno. Cada que amanece me hace más falta ella porque era mi hija, era todo para mí", contó Mahecha, quien acostumbra reunirse con madres de otros desaparecidos para tejer "la resiliencia" a fin de que juntas puedan salir adelante.

Su historia es similar a la de miles de colombianos pues, según el libro "Cartografía de la desaparición forzada en Colombia", elaborado por los investigadores Fidel Mingorance y Erik Arellana Bautista, se calcula que entre 1958 y 2018 fueron víctimas de este delito más de 120 mil personas en el territorio.

Por su parte, el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) ha señalado que el Colombia al menos 80 mil personas fueron víctimas de desaparición forzada entre 1970 y agosto de 2018.

Entre tanto, el Instituto de Medicina Legal ha informado que entre 2008 y 2017 fueron registrados 73 mil casos de desaparición en Colombia. De dicha cantidad, 27 mil 229 eran menores de edad.

La situación de Colombia en este aspecto ha sido mucho más complicada que en otras latitudes de la región, pero desde 2016 -y gracias al acuerdo de paz que firmó el Gobierno con la guerrilla de las FARC- fue creada la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD).

Este organismo, junto con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Comisión de la Verdad, se ha encargado de investigar las desapariciones ocurridas antes del primero de diciembre de 2016, cuando entró en vigor el convenio de paz.

"Tenemos que luchar porque sepamos donde están los desaparecidos y yo le hago un llamado a los ex combatientes a que concreten su compromiso de paz, de aportar a la verdad, diciendo donde están los desaparecidos", dijo esta semana la directora de la UBPD, Luz Marina Monzón, durante un acto público en Bogotá.

No obstante, según datos del CICR, en Colombia se han reportado al menos 466 desapariciones relaciones con el conflicto y la violencia armada, aun en el marco del pacto Gobierno-FARC. Esto ha dejado en evidencia que todavía queda mucho por resolver en torno a ese tema.

La mencionada cifra, conforme a lo descrito por la coordinadora de la Unidad de Protección del CICR en Colombia, Alexia van der Gracht, "indica que en promedio cada tercer día documentamos un nuevo caso de desaparición".

"Esta realidad se suma a la incertidumbre que viven desde hace años miles de familias que buscan a sus seres queridos, algunas de estas personas han buscado a sus familiares por más de 20 años. Aunque no existen cifras exactas, se estima que en el país hay más de 120 mil desaparecidos en el marco del conflicto armado", expuso.

Van der Gracht advirtió que esta situación ha sido agravada por la pandemia de Covid-19, la cual profundizó "la incertidumbre que viven los familiares de las personas desaparecidas en Colombia y otros países de América Latina, y ha planteado nuevos retos y complejidades".

Centroamérica, un pozo de dolor

Guatemala ha notificado más de 41 mil desaparecidos a lo largo de los últimos 18 años, por lo que su historia se asimila a la de otros países centroamericanos donde fenómenos como la migración, la violencia y los conflictos armados han disparado los números de desaparecidos.

En los últimos 18 años, entre 2003 y lo que va de 2020, Guatemala ha contabilizado la desaparición de 41 mil 86 personas, de acuerdo con datos oficiales recogidos en un informe de la organización humanitaria Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), surgida en 1984, en la época más cruenta del conflicto armado interno guatemalteco (1960-1996), que dejó 45 mil desapariciones forzadas.

Para el GAM, el drama que ha acompañado a las familias no ha cesado, puesto que la desaparición forzada es un delito que no pierde vigencia, La angustia, "no tiene fin, pues la etapa de duelo no se logra cerrar" y las secuelas psicológicas "son fatales".

Uno de los casos emblemáticos en Guatemala fue el de María Isabel Véliz Franco y la lucha de su madre, Rosa Elvira Franco Sandoval, por una justicia que, a casi 19 años de la tragedia, no ha finalizado.

Rosa Elvira contó en entrevista que María Isabel tenía 15 años cuando desapareció. "Había terminado tercero básico (secundaria) y quería ser abogada", narró dentro de su casa, ubicada en la periferia del centro histórico de la capital guatemalteca.

Al comenzar las vacaciones de invierno, en 2001, la menor encontró trabajo en una tienda de ropa, pero a los pocos días la vida cambió cuando uno de los clientes frecuentes del comercio comenzó a hostigarla.

El 16 de diciembre de 2001, María Isabel le dijo a su mamá -quien habitualmente la transportaba al trabajo y de vuelta al hogar- que un amigo la llevaría a casa. Eso no sucedió. Rosa Franco esperó a su hija toda la tarde y la noche, y decidió denunciar la desaparición, pero no fue escuchada por ninguna autoridad.

Dos días después, su hija fue encontrada muerta en un terreno baldío, con el cráneo fracturado y violada.

El caso de la desaparición y posterior homicidio de María Isabel pasó de un juzgado a otro sin seguimiento de las autoridades, hasta que en 2014 la Corte Interamericana de Derechos Humanos sentenció al Estado de Guatemala por el delito de femicidio y se sentó jurisprudencia a nivel nacional.

Para agosto de 2018, el Ministerio Público lanzó la Alerta Isabel-Claudina, un mecanismo interinstitucional para agilizar la búsqueda de mujeres desaparecidas y así intentar evitar tragedias como las de María Isabel Véliz Franco o Claudina Isabel Velásquez Paiz, desaparecida en 2015.

El proceso penal que ha impulsado Rosa Franco en los juzgados locales, con el acompañamiento de diversas organizaciones, entró a su etapa final el año pasado cuando una jueza de fase intermedia decidió enviar a juicio a Gustavo Adolfo Bolaños Acevedo, presunto asesino de María Isabel, y también al ex policía Jorge Mario Ortíz Maquiz.

Dicho proceso está programado para iniciar en febrero de 2021 en un tribunal de mayor riesgo.

María Isabel "estaba muy orgullosa de mí y me impulsaba a ser abogada", concluyó Rosa Elvira, de 58 años, quien se tituló en 2017 como abogada y notaria con una tesis sobre el feminicidio, los crímenes contra la humanidad y el caso de su hija.

Para Barrantes, sea cual sea el motivo de la desaparición, todas las familias sufren "el mismo drama" de no saber.

En este difícil contexto, el especialista destacó la fuerza de los familiares de desaparecidos para ayudar a personas en las mismas circunstancias, especialmente en la actual crisis sanitaria.

"El amor por sus seres queridos ha hecho que los familiares comiencen a realizar, en el marco de la pandemia, acciones para que subsistan otros familiares de personas desaparecidas que pasan penurias y evitando una mala práctica en la gestión de cadáveres", concluyó