Víctor Osorio/ Agencia Reforma

domingo, 18 diciembre 2022 | 07:21

CDMX.- Joe Biden arrancó su mandato como Presidente de Estados Unidos con la intención clara de impulsar un viraje en la política migratoria de su país.

Se planteó revertir las draconianas medidas restrictivas impuestas por su predecesor Donald Trump, incluyendo desde el fantasioso proyecto del muro fronterizo hasta el esquema de deportaciones instantáneas --bajo el Título 42 del Código de EU-- adoptado con el pretexto de impedir contagios de Covid-19 y el virtual congelamiento de las solicitudes de asilo bajo el programa de Protocolos de Protección al Migrante (MPP, por sus siglas en inglés), mejor conocido como "Quédate en México".

Defendió además la protección a los jóvenes "dreamers" y perfiló una reforma migratoria que abriría la puerta a la regularización de una amplia franja de indocumentados.

Durante casi dos años, sin embargo, han imperado las decepciones y las contradicciones.

La Administración Biden ha tenido que enfrentar un alud de migrantes irregulares no visto en décadas, con récords de detenciones en la frontera sur prácticamente cada mes, litigios interminables contra las medidas de su gobierno y la abierta rebelión de gobernadores republicanos antiinmigrantes.

Y al final ha terminado por defender esquemas restrictivos como el del Título 42.

Oleadas

En el año fiscal 2022, que concluyó en septiembre, se registraron 2.7 millones de "encuentros" --detenciones-- de migrantes indocumentados en Estados Unidos, más del doble que en 2019, cuando sumaron 1.1 millones.

En octubre pasado hubo 277 mil detenciones, la cifra mensual más alta de los últimos tres años.

Y además del incremento explosivo en su volumen, se ha producido un cambio en la composición del flujo migratorio por país de origen.

Los indocumentados detenidos originarios de México continuaron a la cabeza y su número se triplicó al pasar de 254 mil en 2019 a 823 mil en 2022.

En tanto, los procedentes de Cuba, Venezuela y Nicaragua alcanzaron 578 mil, superando a los 545 mil de del Triángulo del Norte de Centroamérica (Guatemala, Honduras y El Salvador).

"La gran cantidad de personas que huyen de los regímenes comunistas fallidos en Venezuela, Nicaragua y Cuba está contribuyendo a que aumente el número de migrantes que intentan cruzar la frontera", indicó la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo (CBP) de EU al presentar su informe operativo mensual de octubre.

En dichos países persisten condiciones económicas y políticas críticas, agravadas por la pandemia de Covid-19, en medio de las cuales prosperó la expectativa, que se ha demostrado sin sustento, de una "rendija" en el control fronterizo de Estados Unidos para la búsqueda de asilo.

En el caso de los venezolanos, el número de detenciones se disparó de 3 mil 225 en febrero de este año a 33 mil 961 en septiembre.

La "invasión" provocó que se adoptara un nuevo esquema de admisión de venezolanos que la limita a quienes soliciten una autorización anticipada vía electrónica y cuenten con algún contacto (familiar, amistad u otro) que esté en Estados Unidos de manera legal y les garantice apoyo financiero, e inhabilita a quienes hayan llegado a la frontera en caravanas.

El número de detenciones se redujo así a 22 mil 44 en octubre.

En tanto, el pico de detenciones de cubanos se registró en abril, con 35 mil 92. Y el número total para el año fiscal, 224 mil, sobrepasó al del éxodo del Mariel en los 80, estimado en 125 mil.

De acuerdo con algunos analistas, uno de los factores que influyó en el repunte fue la aparición de una nueva ruta hacia Estados Unidos, vía Managua-Guatemala-México, al eliminarse el requisito de visa para los cubanos que viajan a Nicaragua.

Está previsto que a inicios de 2023 se reanude la emisión de visas en la representación de EU en La Habana, en un intento por regularizar, y contener, el flujo migratorio.

Por otra parte, las detenciones de nicaragüenses marcaron un récord en mayo, con 19 mil 88, superado en octubre, con 20 mil 983. A mediados de año, la entonces Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanas, Michelle Bachelet, advirtió que las detenciones arbitrarias y la persecución política en Nicaragua estaban provocando un éxodo sin precedentes.

Litigios

El Título 42 del Código de EU, que data de 1944, permite a las autoridades sanitarias estadounidenses negar la entrada de personas a ese país "para evitar la propagación de enfermedades transmisibles".

Había sido utilizado en pocas ocasiones antes de que la administración Trump decidiera aplicarlo a rajatabla. Los Centros de Prevención y Control de Enfermedades (CDC) lo invocaron en marzo de 2020 para, argumentaron, contener la pandemia de Covid-19.

Se otorgó así a las autoridades migratorias la facultad de expulsar rápidamente a los extranjeros que intentaran ingresar de forma irregular a EU, sin permitirles buscar asilo en el país.

El mismo día en que Biden tomó posesión, el 20 de enero de 2021, el Departamento de Seguridad Interior (DHS) emitió un memorando con el que establecía una moratoria de 100 días en materia de deportaciones, para llevar a cabo una revisión de la aplicación de las leyes migratorias.

Impugnada por el Gobierno de Texas, la moratoria fue suspendida casi de inmediato por una resolución judicial.

La Administración demócrata continuó aplicando el Título 42. Durante el año fiscal 2021, fueron procesadas bajo ese ordenamiento 1.1 millones de detenciones de migrantes, 55 por ciento del total.

En abril de este año, los CDC determinaron que la aplicación de la medida restrictiva ya no era necesaria y se anunció que sería levantada el 23 de mayo. Sin embargo, una nueva resolución judicial, en respuesta esta vez a la impugnación de tres estados republicanos, la mantuvo vigente.

Apenas el pasado 15 de noviembre, el juez de distrito Emmet Sullivan concluyó que la aplicación del Título 42 es "arbitraria y caprichosa" y determinó su suspensión. A petición de la administración Biden, dio un plazo de 5 semanas, que vence este 21 de diciembre, para acatar la resolución.

Una coalición de 15 estados presentó una moción para intervenir en el debate judicial, argumentando que sufrirán un "daño irreparable" con la suspensión de la aplicación del Título 42 y, el 7 de diciembre, el Departamento de Justicia anunció que apelará la resolución, al considerar necesario que continúe en vigor la medida restrictiva.

El programa MPP, puesto en marcha por Trump en enero de 2019 y que obligó a alrededor de 70 mil migrantes de terceros países a esperar en México en condiciones precarias el desahogo de su solicitud de asilo en EU, ha sido motivo de otro largo litigio.

Fue suspendido también el primer día del Gobierno de Biden y cancelado formalmente en junio.

La decisión fue impugnada de nueva cuenta por estados republicanos y un juez ordenó en agosto del año pasado su restablecimiento, resolución que fue respaldada por la Corte Suprema de EU.

La devolución "temporal" a México de solicitantes de asilo se reanudó en diciembre, en número muy limitado.

La Administración demócrata insistió en terminar el programa y la Corte Suprema le concedió finalmente la razón en junio.

"El DHS se compromete a poner fin a la implementación ordenada por la corte de MPP de una manera rápida y ordenada. Las personas ya no están siendo inscritas recientemente a los MPP, y las personas que actualmente son parte de los MPP en México serán desafiliadas cuando regresen para su próxima cita programada en la corte", indicó el Departamento de Seguridad Interior el 8 de agosto.

Valla, antesala, destino

Los vaivenes de la política migratoria de EU tienen amplias repercusiones en México.

Como punto de acceso terrestre único a la frontera sur estadounidense, el país ha sido por décadas zona de tránsito de migrantes centroamericanos, sudamericanos y caribeños, y más recientemente de asiáticos y africanos.

La oferta de apertura planteada al inicio de la Administración de Andrés Manuel López Obrador se vio muy pronto rebasada por una oleada migratoria. El número de extranjeros detenidos por autoridades migratorias mexicanas se duplicó entre 2017 y 2019, para llegar a 182 mil.

Luego de una caída en 2020 por la pandemia repuntó hasta 309 mil en 2021 y en octubre de este año llegaba ya a 345 mil, la cifra más alta de este siglo.

Los detenidos este año procedían de 135 países distintos. Sin embargo, destacó con mucho una oleada procedente de Venezuela.

Los migrantes de ese país detenidos en México sumaron 72 mil, por apenas 4 mil en 2021. El número se disparó en octubre, con 21 mil detenciones, al endurecer EU su política de admisión de venezolanos.

Les siguieron los hondureños, con 62 mil, los guatemaltecos, con 59 mil, y los cubanos, con 34 mil.

De ser primordialmente un país de tránsito, México ha empezado a convertirse en una opción de destino para migrantes de diversos países.

El número de solicitantes de refugio alcanzó su pico en 2021, con 129 mil, y se estabilizó este año, al sumar 121 mil hasta noviembre.

En 2022, los principales países de origen fueron Honduras, Cuba, Haití, Venezuela y Nicaragua, que en conjunto representaron tres cuartas partes del total de solicitudes.

Fenómeno hemisférico

Para el Instituto de Política Migratoria (MPI), los hechos registrados este año sugieren en conjunto que el continente se está convirtiendo en una zona de migración más integrada, en la que ningún país puede evitar verse afectado por los patrones de movimiento regional.

Las tendencias migratorias en todo el continente han cambiado, apunta en un análisis publicado esta semana, y algunos países que alguna vez fueron expulsores ahora son importantes lugares de acogida y tránsito.

Al incremento explosivo de migrantes venezolanos, cubanos, nicaragüenses y haitianos, indica, se suma el paso de de los que proceden de fuera de las Américas, principalmente con destino a EU, incluidos miles de Ucrania, Asia meridional, África subsahariana y otras regiones.

En tanto, señala, las políticas unilaterales de gestión de visas y de la migración en general pueden tener efectos colaterales en otros lugares.

"Esto podría significar el comienzo de un enfoque más colaborativo para gestionar la migración. Sin embargo, también podría generar nuevas restricciones, como fue el caso de muchos venezolanos en 2022", advierte.