The New York Times

domingo, 30 octubre 2022 | 14:29

Río de Janeiro.- En medio de las elecciones más divisivas en la joven historia democrática brasileña, la organización de vigilancia laboral del país ha sido inundada con denuncias sobre “acoso electoral” de trabajadores contra sus patrones. Empresarios de todo el país supuestamente están ofreciendo bonos a los trabajadores que se comprometan a votar por el candidato de su preferencia e incluso están amenazando con recortes de presupuesto y despidos en caso de derrota.

Esta táctica ilegal de campaña se registró por primera vez en 2018, cuando los fiscales laborales identificaron 212 casos contra 98 empresas. Pero la práctica se generalizó en 2022, sobre todo después de la primera vuelta. Actualmente, las autoridades encargadas de supervisar asuntos laborales investigan 1850 denuncias contra 1440 empresas en los 27 estados de Brasil.

Muchos de esos casos tienen en común a empleadores que intentan desviar votos del candidato de la izquierda, Luiz Inácio Lula da Silva, el expresidente que lideró la contienda en primera vuelta. El acoso se convirtió en un tema tan importante para la izquierda que los sindicatos formaron una fuerza de trabajo conjunta para recabar denuncias.

Se han hallado casos en varias industrias, incluido el sector agrícola, parte crucial de la economía del país.

En Bahía, estado al noreste del país y bastión histórico de los partidos y candidatos de izquierda, un empresario rural, en un audio de mensaje privado revisado por investigadores laborales, ordenó a sus empleadas grabar sus votos a favor de Bolsonaro e incluso esconder sus teléfonos en la ropa interior.

Si no, serían despedidas.

En un acuerdo de culpabilidad con los investigadores, el empresario admitió haber presionado a las trabajadoras para que apoyaran a un candidato en particular y dijo que jamás despediría a los empleados por motivos políticos. También aceptó pagar una multa.

“Creo que mucho se debe a la polarización política que ocurre en el país”, dijo José de Lima Ramos Pereira, el principal fiscal en materia laboral de Brasil, sobre el caso de la intimidación de empleados. “A los empleadores les parece que está bien hacer algo ilegal”.

En el estado sureño de Rio Grande do Sul, Stara, un fabricante de maquinaria agrícola anunció que si Da Silva ganaba reduciría su presupuesto para 2023 en 30 por ciento. El dueño de la empresa donó unos 186.000 dólares en reales para campañas de derecha, entre ellas la de Bolsonaro.

En São Miguel do Guamá, al norte de Brasil, donde Lula ganó casi el 64 por ciento del voto en primera vuelta, Mauricio Fernandes Jr., dueño de una fábrica de ladrillos, le ofreció a sus trabajadores un bono de unos 38 dólares si votaban por Bolsonaro.

En un acuerdo con investigadores de la Fiscalía del Trabajo del país, Fernandes acordó pagar una multa y grabó un video disculpándose con sus trabajadores.

“Cometí una gran estupidez”, dijo.

Además de las multas y la compensación económica, los empresarios que se les compruebe haber cometido coerción política con sus empleados podrían enfrentar cargos penales.

“Tenemos que erradicar este disparate”, dijo el jefe de las elecciones de Brasil, Alexandre de Moraes. “El acoso moral es un crimen. Como tal, debe combatirse”.