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Advierten conflicto social por financieras irregulares

Deben investigarse una decena de empresas del ramo: banqueros

El Diario de Chihuahua / Instalaciones de la consultora de colocación de capital

M. Quezada / D. Piñón / El Diario de Chihuahua

domingo, 07 noviembre 2021 | 08:40

Chihuahua— Con denuncias por la falta de pago de rendimientos en ARAS Business Group y el robo, que podría alcanzar 400 millones de pesos, del banco y casa de bolsa Actinver, el sector financiero irregular podría generar un conflicto social en los próximos meses, según los especialistas en el manejo de inversiones.

Por un lado se encuentra la denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por la estafa en Actinver, que también ya se presentó en la Comisión para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), instancia que también mantiene en observación lo que ocurre en Aras.

Los casos son distintos: Actinver opera bajo la regulación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), pues brinda servicios de banca y operaciones bursátiles; mientras que ARAS lo hace bajo la figura de Sociedad Anónima Promotora de Inversión (SAPI).

Para el abogado Federico Basauri, representante de Manuel Araujo, denunciante por robo y daños contra Actinver, lo ocurrido en esta empresa especializada en la operación bancaria y bursátil es una señal de alto riesgo.

El abogado explica que por la cuenta de su representado pasaron casi 100 millones de pesos y se generaron instrucciones de inversión en la Bolsa de Valores por otros tantos millones, sin que su cliente diera autorización para ello.

La cuenta del afectado se usó para recibir depósitos de otros clientes estafados por Actinver, a quienes les vaciaron sus cuentas entre los años 2015 a 2021; pero Actinver ni siquiera reaccionó al detectar el problema: hasta que los propios inversionistas reclamaron se dieron cuenta de que había un desfalco millonario.

Hasta la fecha, Actinver sólo ha acusado a su exdirector en Chihuahua, Gonzalo Luis F.A., quien actualmente se encuentra desaparecido, pero para el abogado podría haber más personas involucradas de la empresa financiera, pues no hay explicación para que se haya violado todos los controles de seguridad del banco y casa de bolsa sin consecuencia alguna, más que la afectación a decenas de inversionistas de la entidad.

De Actinver, señala Basauri, sólo se ha denunciado penalmente el caso de Araujo, debido a que los demás estafados han sido convencidos de no denunciar a cambio de arreglos por los que la empresa exige confidencialidad, pero son muchos más los afectados.

Por ese motivo, Araujo, además, procedió a presentar la queja ante la Condusef, donde se señala no sólo al exdirector de Actinver en Chihuahua, sino a otros cuatro responsables de la operación bancaria y bursátil de la empresa. Se duda, pues, de que una sola persona haya hecho el fraude, lo que coloca en gran riesgo a los inversionistas que mantienen sus ahorros en la empresa.

Araujo busca que intervenga la CNBV, que es la encargada de regular a las empresas de este tipo.

Además de Aras, otras 

9 financieras en riesgo 

El caso de Actinver, que cuenta con un organismo regulador, se puede contener si hay alguna intervención oportuna de la autoridad ahora que se han encendido las alertas, pero hay otras empresas del ramo financiero que no se encuentran debidamente controladas.

De acuerdo con el diputado Gabriel García Cantú, quien ha sido insistente en investigar a las financieras, aparte de ARAS, en el estado de Chihuahua operan por lo menos nueve empresas de alto riesgo, debido a que no se tiene certeza de que cuenten con capitales propios para respaldar el patrimonio de miles de inversionistas que han depositado en ellas su dinero.

El legislador ha señalado a Vitas Financial Group, Yox Holding, Virtualia, GC Capital, Era Capital, Fibra Milenio, Xifra, Global Company Business y MR3 Inversiones.

García Cantú destacó que de todas ellas, sólo ARAS y en menor medida Yox cumplen con el requisito de contar con activos formalizados en el Registro Público de la propiedad, y aparte trabajan en oficinas rentadas, lo que incrementa las sospechas. Su origen es diverso: algunas proceden de Estados Unidos así como de Colombia, Michoacán, Nuevo León, Jalisco y Chihuahua. 

En palabras del funcionario, todas carecen de certificación y, según su información, se encuentran en un supuesto proceso de obtener el aval de la CNBV e invierten en actividades como bienes raíces, apuestas deportivas, servicios financieros, Forex y cannabis con el fin de obtener dividendos que les permitan cubrir los rendimientos ofrecidos a los inversionistas.

Todas violentan las leyes de publicidad masiva y porcentajes permitidos de acuerdo con la ley, mientras que los inversionistas en el estado son principalmente de la capital, Ciudad Juárez y Delicias, quienes han depositado desde 10 mil hasta cinco millones de pesos. Muchos de ellos comenzaron a batallar por el pago puntual de sus rendimientos durante los últimos tres meses.

 

Advierten banqueros 

del riesgo

La proliferación de SAPI que atraen a pequeños, medianos y hasta grandes inversionistas ofreciendo rendimientos del 10 por ciento mensual, generarán un serio conflicto social, ya que actualmente no hay un solo mercado que asegure tales beneficios financieros, afirmaron directivos de la banca comercial local.

Bajo la condición de no revelar públicamente sus nombres, los funcionarios bancarios presentaron ejercicios como el que un inversionista aporte un millón de pesos con la referida tasa de interés mensual, que tendría 1.2 millones de pesos adicionales a su favor al final de un año; con ello, la SAPI requeriría una mayor ganancia para el manteniendo de sus oficinas y personal, así como para repartirlo entre el consejo directivo o dueños.

Precisaron que esa ganancia sería de un solo inversionista, por lo que habría también que asegurar la del resto de las personas que arriesgaron su dinero en la sociedad anónima.

Visto de esa manera, recalcaron, no resulta lógico y cuestionaron las promociones los contratos de las inversiones ante un notario, cuando nadie puede asegurar que se pagará el 10 por ciento mensual de rendimientos.

Los inversionistas, más bien, deberían pedir que, en lugar de certificar el contrato con la sociedad anónima promotora de inversión ante un notario, procuren que se certifique con garantías de bienes inmuebles que les darán el mencionado rendimiento mensual y su capital.

Han detectado gente que solicitó préstamos al banco para invertirlos en una SAPI, lo que es demasiado riesgoso dada la creciente incertidumbre de recuperar su inversión.

Plantearon que se escucha muy atractiva la oferta de obtener grandes rendimientos en tan corto plazo, y por eso hay quien piensa que obteniendo un crédito para invertirlo, pronto lo podrá pagar y hasta obtener grandes beneficios, algo muy difícil pues no hay negocio ahora que garantice un rendimiento como el ofrecido por esas firmas.

Señalaron que se sabe que algunas SAPI están conformadas por varios negocios y, si bien tienen inmuebles, no pertenecen legalmente a las razones sociales en las que invierten los particulares. 

Informaron que las instituciones bancarias pagan en Certificados de la Tesorería de la Federación (Cetes) 4.75 por ciento de interés anual como lo establece el Banco de México (Banxico), y difícilmente alguna de ellas incrementa ese porcentaje para atraer más ahorradores porque el mercado no da para más.

Los banqueros indicaron la mayoría de las SAPI operan en grandes edificios y oficinas lujosas para atraer inversionistas y darles confianza de apostar su dinero.

Éste es un buen manejo de mercadotecnia para atraer más inversionistas y darles confianza de que todo está bien, apuntaron.

Refirieron que las SAPI no operan recibiendo ahorros como los bancos sino a través de inversiones, y realmente tienen en juego muchísimo dinero.

Para finalizar, sostuvieron la importancia de que las autoridades competentes pongan más atención a estas operaciones y se evite que tarde o temprano se tenga un mayor problema social.