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Almeida, de compadre a enemigo

El empresario sirvió como enlace en la compra-venta del predio… después fue acusado de corrupto por el ahora gobernador

De la Redacción/El Diario

martes, 01 junio 2021 | 12:40

Chihuahua.- Eduardo Almeida Navarro, quien sirvió de intermediario en la compraventa del predio ubicado en el Ejido de Nombre de Dios, entre Ramona Acosta Espinoza y Javier Corral Jurado, fue posteriormente llevado a juicio por quien se decía su compadre, tal y como el propio Corral lo publicó en octubre de 2010 en la red social de Facebook.

Años después la relación entre Corral Jurado y Almeida Navarro se veía fracturada, luego de que el segundo fuera señalado por el hoy gobernador como parte de la corrupción del exgobernador César Duarte Jáquez, ya que Almeida fungió como proveedor de medicamentos de este último durante su mandato.

El 22 de enero de 2015 el empresario Eduardo Almeida, de Administración y Comercialización de Franquicias Internacional S. de R.L. de C.V., proveedor de medicamentos de Gobierno del Estado, publicó una carta dirigida al senador Javier Corral Jurado para recriminarle algunos señalamientos que había hecho en su contra.

“Me hace ver como si fuera un vulgar corrupto o de utilizar un tráfico de influencias que me pudieran dar ese carácter”, condenó en la misiva.

Asimismo, expuso que él había ganado las licitaciones públicas, pero en ningún momento se vio beneficiado mediante el tráfico de influencias.

Almeida Navarro recalcó ese entonces en el documento: “Compadre: ésta será la primera y única vez que me dirija a ti para la siguiente exposición: desde hace dos meses aproximadamente has venido realizando una serie de señalamientos sobre presuntos actos de corrupción, donde sorpresivamente para un servidor me acusas de manera reiterada de ser beneficiario, en mi carácter de proveedor de medicamentos del Gobierno de Chihuahua”.

El Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Chihuahua de Décimo Séptimo Circuito le concedió el amparo donde se concede a Eduardo Almeida, el 23 de julio de 2020, la suspensión para que no sea privado de la libertad con motivo de la orden de aprehensión, la cual fue promovida por la Unidad de Inteligencia Financiera, de acuerdo al expediente 728/2020.

Después de 10 meses, el 26 de abril de 2021, se actualiza la causa de improcedencia, por lo cual se procedió a decretar el sobreseimiento en el juicio contra el empresario, de acuerdo al artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo.