César Lozano/ El Diario

jueves, 16 junio 2022 | 08:25

Chihuahua, Chih.- La Sala Superior del Tribunal Estatal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió que será el Tribunal Estatal Electoral el que determine si la comunidad Lebaron podría contar con un gobierno autónomo, la llamada ‘libre determinación’.

“La parte actora en estos recursos es la comunidad LeBarón, la cual ha solicitado ante distintas autoridades administrativas y jurisdiccionales una acción declarativa de certeza de derechos con el objetivo de que se les reconozca como una comunidad equiparable a una comunidad equiparable a comunidad o pueblo indígena”, indicó Reyes Rodríguez Mondragón, magistrado presidente del TEPJF.

El magistrado resaltó que si bien la comunidad no se asume como indígena, dadas sus características sociales y culturales se debe determinar si merecen un trato equiparable de acuerdo a los derechos que se establecen en el Artículo 2 Constitucional, siempre bajo un previo análisis con perspectiva intercultural y un peritaje antropológico.

“En este sentido, quien debe determinar si es procedente o no la petición de la comunidad Lebaron, será el Tribunal de Chihuahua y además se ordena a dicho tribunal que emita una nueva sentencia reuniendo todos los requisitos necesarios y suficientes para considerar o no, equiparable a esa comunidad”, sentenció.

Julián Lebarón, representante comunitario, consideró que el gobierno civil de México no garantiza la seguridad de sus miembros que en su mayoría son personas menores a los 16 años.

“Nosotros vamos a formar un gobierno, los partidos políticos ya no pueden decidir la manera en que se protegen los derechos de nuestra comunidad, que vamos a tener una forma distinta de hacerlo”, indicó el activista.

Explicó que en la actualidad cuentan con un gobierno al interior formado por 36 personas, que incluye un jurado de 12 miembros que fungen como árbitros de conflictos, otros tantos dentro de la rama económica y el resto que regulan aspectos sociales, educativos y civiles.

“En el modelo tradicional, el alcalde tiene el monopolio en la seguridad y la procuración de justicia y es un solo individuo que no puede con esa responsabilidad, porque es ilegal robar, matar y secuestrar, pero las instituciones no lo impiden y nosotros queremos el derecho de formar una organización en la comunidad para que los derechos se respeten”, concluyó.