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Violación a los derechos de personas indígenas

Chihuahua, entre los ocho estados más afectados por desplazamiento

A esta situación, se le suman, además, la criminalización, la persecución, las desapariciones y los asesinatos

Alejandra Sánchez / El Diario

domingo, 24 julio 2022 | 05:00

Criminalización, persecución, desplazamientos forzados, desapariciones y asesinatos, son las principales amenazas a las que se enfrentan los pueblos indígenas de México en los estados de Chihuahua, Guerrero, Chiapas, Sonora, Michoacán, Oaxaca, Yucatán y la zona fronteriza entre el estado mexicano de Campeche y Guatemala.

De acuerdo con el texto publicado por Indigenous Peoples Rights International (IPRI), “El asedio y el desprecio: Informe de IPRI México sobre 16 casos de pueblos indígenas”, cuenta la historia de víctimas de estos delitos en diversas comunidades de la zona serrana en donde la violencia, ha sido “su pan de cada día”.

La Organización de las Naciones Unidas define como desplazados internos a las personas o grupos de personas que se han visto forzadas u obligadas a escapar o huir de su hogar o de su lugar de residencia habitual, en particular como resultado o para evitar los efectos de un conflicto armado, de situaciones de violencia generalizada, de violaciones de los derechos humanos o de catástrofes naturales o provocadas por el ser humano, y que no han cruzado una frontera estatal internacionalmente reconocida.

Según el documento, desde el 2014, por lo menos, 23 familias ralámuli han tenido que abandonar urgentemente sus viviendas y sus propiedades para salvar sus vidas. Gente que jamás había tenido necesidad de salir porque era autosuficiente en sus predios.

Desde el 2015 se ha denunciado ante diferentes autoridades la violencia que se vive en la zona y que ejerce el crimen organizado para la apropiación de tierras, siembra de drogas y tala ilegal. 

Información proporcionada por Indigenous Peoples Rigths, los rarámuris han enfrentado la discriminación estructural desde antes de la creación del moderno Estado mexicano. Como comunidades indígenas, no se les dotó de la propiedad comunal, por lo que en muchos de los casos no se reconocieron ni restituyeron sus derechos históricos sobre las tierras en las que ya estaban asentados, tampoco después de la Revolución, aun con la creación de los ejidos y las comunidades agrarias. 

El día de ayer, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, emitió la Recomendación 64VG/2022 a los titulares de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), Luis Cresencio Sandoval González, y de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, por violaciones graves a los derechos humanos de una persona y sus familiares, quienes fueron víctimas de violaciones a la seguridad personal y a la libertad por desaparición forzada, así como a la integridad personal y al trato digno por actos de tortura, atribuibles a elementos de la SEDENA en el estado de Chihuahua. 

Así como por violaciones a la seguridad jurídica y el acceso a la justicia de la víctima y cuatro de sus familiares, atribuibles a personal de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), quienes omitieron realizar la investigación correspondiente. 

La querella, fue recibida el 5 de diciembre de 2018, a través de un correo electrónico enviado por la propia víctima, quien relató cómo, el 5 de marzo de 2009, mientras se encontraba en su domicilio en el estado de Chihuahua junto a su esposa, pudo percatarse de que una camioneta del ejército se encontraba en su patio. 

Al cuestionar a los elementos del ejército, estos los sometieron a base de golpes y lo sacaron de su domicilio mientras le preguntaban por el paradero de una persona que la víctima no conocía.

La queja relata, también, que la víctima fue trasladada a instalaciones de la Compañía de Infantería No Encuadrada donde fue sometido a diversos actos de tortura por parte de los elementos aprehensores, quienes lo mantuvieron retenido por 33 días hasta que, finalmente, fue puesto a disposición de la Delegación de la entonces PGR en Chihuahua en calidad de imputado, pues se le atribuía la portación de 10 kilogramos de marihuana y armas de uso exclusivo del ejército.

Por su parte, familiares de la víctima interpusieron un juicio de amparo en su favor, ya que al momento de su detención, su esposa acudió a las instalaciones de la PGR a levantar una denuncia correspondiente a los hechos, en donde informó que previamente había acudido junto con familiares a las instalaciones de la Compañía de Infantería para solicitar informes respecto a la situación jurídica, física y psicológica de su esposo sin que le proporcionaran información que le permitiera conocer el paradero de la víctima, razón por la cual, otro de sus familiares acudió a esta CNDH para levantar una queja por los mismos acontecimientos.

El 6 de abril de 2009 (33 días después de su detención), la víctima fue presentada con 10 kilos de marihuana y un arma de uso exclusivo del ejército ante el mismo agente del Ministerio Público Federal que recibió la denuncia de su esposa por desaparición forzada. 

No obstante, permaneció un año recluido en un centro penitenciario por los delitos que se le imputaban, hasta que el procedimiento fue resuelto en su favor con una sentencia absolutoria. Durante su investigación, esta Comisión Nacional encontró diversas contradicciones en las declaraciones de tres elementos del ejército que supuestamente aprehendieron a la víctima.

Por su parte, la persona al mando de la Compañía de Infantería negó la participación de su personal en la desaparición de la víctima. Sin embargo, se detectaron inconsistencias en sus declaraciones que confirmaron su responsabilidad en los hechos.

Además, presentó un certificado médico en el que se indicaba que la víctima fue explorada en las instalaciones de la Compañía de Infantería y se le determinaba como “sano y sin huellas de violencia”, lo cual no coincidió con las declaraciones de peritos que lo examinaron dos días después de ser presentado ante la PGR, quienes señalaron que la víctima contaba con lesiones acordes a su relato y afectaciones psicológicas como estrés postraumático, ansiedad y disfunciones cognoscitivas, entre otras, con evolución de por lo menos tres semanas, y contradice las declaraciones en las que el personal aprehensor afirmó que la víctima fue puesta a disposición de la entonces PGR inmediatamente después de su detención. 

Aunado a lo anterior, en un careo de la víctima con los elementos aprehensores, esta reconoció a uno de ellos como quien más lo torturó durante su estancia en la Compañía de Infantería. Además, uno de los elementos militares señaló que fue obligado a firmar la puesta a disposición de la víctima, aunque no le constaran los hechos que le imputaban a la víctima, bajo la amenaza de ser procesado por el delito militar de desobediencia, si no lo hacía.

Respecto a la actuación del personal de la PGR, esta Comisión Nacional determinó que la persona servidora pública a cargo no realizó ninguna gestión relativa a la búsqueda de la víctima cuando sus familiares denunciaron su desaparición.

Ante tales hechos, la CNDH solicitó a las personas titulares de la SEDENA y FGR que, en coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, inscriban a las víctimas directa e indirectas de este caso en el Registro Nacional de Víctimas, y así, se proceda a la inmediata reparación integral del daño, que incluya una compensación justa en términos de la Ley, así como atención médica y psicológica que deberá brindarse por personal especializado, de forma continua y atendiendo a su edad, necesidades y bajo el consentimiento de las víctimas.

La CNDH pide, también, que ambas instituciones diseñen e impartan un curso de capacitación integral y de formación en materia de derechos humanos, respectivamente, dirigidos a los integrantes de la Compañía de Infantería de la SEDENA con especial énfasis en prevenir y erradicar los delitos previstos en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición cometida por Particulares, así como sobre la prevención y erradicación de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. 

En días pasados, esta casa editora denunció también un hecho en donde un hombre, su esposa y sus siete hijos, tuvieron que huir hace siete años del Manzano, municipio de Uruachi a causa de la violencia, en particular por amenazas recibidas por el Cártel de Sinaloa, liderado por Noriel Portillo Gil, alias “El Chueco”.