Local

Dan 16 años de cárcel a tercer implicado de activista

Habría participado en el secuestro y asesinato del activista chihuahuense Cruz Soto

/ Ismael Q. A

Francisco Córdova / El Diario

lunes, 18 julio 2022 | 19:55

Chihuahua.- La Fiscalía Especializada en Investigación de Violaciones a los Derechos Humanos y Desaparición Forzada, informó este lunes que, a través de un procedimiento abreviado, obtuvo una sentencia condenatoria de 16 años y 8 meses en contra de Ismael Q. A., por el delito de desaparición forzada cometida por particulares al demostrar su participación en la privación de la libertad y posterior homicidio del activista chihuahuense e integrante del Colectivo de Familias Desplazadas Forzadamente de la Sierra Tarahumara, Cruz Soto Caraveo.

Por estos hechos hay otros dos sentenciados, el exdirector de la Policía Municipal de Guazapares, Paulino M. R., y Samuel Alejandro B. G., quienes, en conjunto con Ismael Q. A., hicieron uso de recursos públicos para cometer los delitos que implican graves violaciones a los derechos humanos, señalaron.

De acuerdo con la narrativa de los hechos, el 13 de octubre del 2019, en el poblado de Témoris, municipio de Guazapares, impidieron el paso a la víctima por un camino de terracería para privarlo de su libertad durante siete días y posteriormente privarlo de la vida, ocultando y abandonado su cadáver.

Ismael Q. A., fue localizado y capturado en el municipio de Navojoa, Sonora, el pasado 22 de noviembre, en un operativo en el que participaron la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, la unidad de investigación de desaparición forzada y la Fiscalía del vecino estado.

Por lo anterior, tras acreditarse la participación del tercero de los responsables, Ismael Q. A., fue condenado a compurgar una pena de 16 años, 8 meses en prisión y a pagar la cantidad de 329 mil 251 pesos por la reparación del daño.

Esta sentencia representa un fuerte impacto a la impunidad en los delitos de desaparición de personas y se constituye como un precedente nacional en la investigación de delitos complejos, pues son menos de 40 sentencias en el país por este tipo de delitos.

Además, contribuye a cumplimentar la recomendación 96/2022 emitida por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.