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Delitos imputables a Corral y Castro no han prescrito: Villasana

FGE deberá investigar a fondo

Argelia Domínguez/El Diario

jueves, 21 abril 2022 | 05:00

Chihuahua.- El abogado Héctor Villasana Ramírez, consideró que la prescripción del delito de ejercicio ilegal del servicio público, por el que fueron denunciados el exgobernador Javier Corral Jurado y al exconsejera de la Judicatura Estatal, Luz Estela Castro Rodríguez, está suspendida. 

Villasana Ramírez recordó que en 2018, un Tribunal Colegiado resolvió un juicio de amparo en favor de Luz Estela Castro, con lo que convalidó su nombramiento como Consejera de la Judicatura. 

Sin embargo, subrayó que la Fiscalía General del Estado (FGE) tiene la obligación de integrar los datos necesarios para determinar si existe delito y, en su caso, ejercer acción penal en contra ambos exfuncionarios. 

El jurista explicó que el Ministerio Público deberá citar a Castro Rodríguez para hacer la lectura de sus derechos y, en su momento, judicializar el expediente. 

Fue el magistrado de la Cuarta Sala de lo Familiar, Gabriel Humberto Sepúlveda Reyes, quien presentó una denuncia en contra del exgobernador Javier Corral Jurado y la exconsejera de la Judicatura Luz Estela ‘Lucha’ Castro Rodríguez, al considerar que ésta última accedió a su cargo en el poder judicial sin cumplir con los requisitos establecidos en la ley. 

En la querella, el magistrado expuso que el entonces gobernador Javier Corral, de manera dolosa, nombró a Lucha Castro como representante del poder ejecutivo en el Consejo de la Judicatura, pese a que ésta superaba la edad máxima para ocupar el cargo, que es de 65 años. 

También solicitó de manera expresa la imposición de la “prisión preventiva justificada”, ya que ambos acusados carecen de arraigo en México. Explicó que, en diversos medios de comunicación, se ha establecido que Castro ha residido en Barcelona, España, durante los últimos dos años; mientras que Javier Corral tiene ciudadanía estadounidense y viaja constantemente a ese país y otros estados de la república. 

Especificó que los dos exfuncionarios habrían incurrido en el delito de ejercicio ilegal del servicio público, previsto en las fracción primera y segunda del artículo 253 del Código Penal del Estado, el cual se sanciona con penas de uno a tres años de prisión y de 25 a 250 días de multa. Además, de conformidad con el artículo 252, fracción tercera, los servidores que incurran en este tipo de ilícitos pueden ser sujetos a una inhabilitación de tres a 15 años. 

Durante su permanencia en la Judicatura, Castro presidió la Comisión de Carrera Judicial, Adscripción y Creación de Nuevos Órganos la cual se encargó de llevar el proceso de elección de 56 jueces y siete magistrados, el cual fue controvertido por posible manipulación de resultados. 

La abogada presentó su renuncia al cargo en noviembre de 2019, debido a problemas de salud que le impedían desempeñar sus funciones.