Piden que se haga una declaración pública sobre las diligencias que reclaman pozos de agua ilegales para 'desechar difamaciones'
Alejandra Sánchez / El Diario
miércoles, 15 junio 2022 | 21:20Chihuahua.- Julián LeBaron y cuatro de sus hermanos, acudieron el día de ayer, a las instalaciones de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), a fin de exigir se haga una declaración pública sobre las diligencias que, según sus palabras, “desechan las difamaciones”, mismas que les reclaman inexistentes pozos de agua ilegales, privando del vital líquido a las comunidades y ranchos cercanos.
El también activista, reveló que la dependencia federal lleva dos diligencias realizadas en el inmueble ubicado en el municipio de Ricardo Flores Magón, dictamen que, aunque se encuentra en proceso, los documentos previos revelan la inexistencia de las centenas de pozos en el rancho ‘La Mojina’.
José Ángel Félix, director General de la Conagua en Chihuahua, reveló que, tras la inspección, se continuará el proceso apegado a derecho y con el debido proceso, aunque la Comunidad tiene en su posesión el acta que reconoce la existencia de un solo pozo en la extensión territorial. Julián sostuvo que su familia y su comunidad han sido víctimas de un linchamiento público desde 2017 orquestada, principalmente, por el ex gobernador Javier Corral Jurado y los líderes de El Barzón, Luz Estela “Lucha” Castro y Martín Solís Bustamante.
Incluso señaló al actual delegado de los programas sociales, Juan Carlos Loera De La Rosa, quien ha visitado el rancho, pero la campaña en su contra, continúa.
“Es inmoral quedarnos callados ante este tipo de agresiones, porque este tipo de violencia lleva a otro tipo de agresiones y después se vuelve más difícil resistirlo y contradecir las mentiras”, dijo Julián recordando que en 2017 integrantes de la organización campesina acompañados de elementos de la Policía Estatal entraron a destruir el Rancho La Mojina sin que haya algún detenido por estos motivos.
Además, adelantó que hoy, se reunirán con César Jáuregui Moreno, secretario General del Gobierno, a quien también se le exigirá la protección en Chihuahua del Estado de Derecho, respetar la vida y propiedad de los habitantes, así como poner orden en la persecución y violencia de que ha sido objeto la Familia LeBarón.