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Fiscal Peniche queda en calidad de testigo

El MPF requirió a César Peniche para declarar sobre la legalidad del procedimiento por homicidio de Miroslava  

David Piñón/ El Diario
viernes, 22 marzo 2019 | 07:30
Archivo/ El Diario

Chihuahua.- El fiscal estatal César Augusto Peniche fue llamado a declarar como testigo en el juicio oral contra el único preso por el crimen de la periodista Miroslava Breach, Juan Carlos Moreno Ochoa, alias “el Larry”, a quien el Ministerio Público Federal busca probar su participación en los hechos.

El asesinato ocurrió el 23 de marzo de 2017 en la capital del estado; “el Larry” fue detenido el 25 de diciembre de 2017 y será hasta noviembre de este año cuando sea llevado a juicio oral.

Pero el caso se complica para Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión (Feadle), pues la defensa del acusado ve en el gobernador Javier Corral una oportunidad de invalidar evidencias, dado que el mandatario confesó públicamente que había participado en un cateo encabezado por el fiscal, en el que legalmente no tenía por qué haber estado.



Con el juicio convocado para el 4 de noviembre, la Fiscalía General del Estado quedó en calidad de testigo, mediante varios agentes que participaron en la investigación que comenzó a nivel estatal y luego se entregó al MPF, instancia que requirió al fiscal Peniche y a una decena de oficiales locales para declarar sobre la legalidad del procedimiento instruido contra “El Larry”, debido a inconsistencias con las que la defensa busca anular la causa contra el imputado.

En el juicio programado para noviembre, con inconformidad de la familia de Miroslava por lo tardado del proceso, participarán la parte acusadora, la defensa del acusado y las organizaciones coadyuvantes y acompañantes de las víctimas, encabezadas por Propuesta Cívica A.C.

La participación de los coadyuvantes ha sido vital para que el Ministerio Público Federal de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión (Feadle), mande llamar testigos y aporte elementos de prueba complementarios a los que existían desde la investigación inicial.

El juicio oral, según lo marca el Código Nacional de Procedimientos Penales, estará a cargo de un Tribunal de Enjuiciamiento, compuesto por tres jueces que no han tenido conocimiento previo del caso, los cuales habrán de deliberar sobre la culpabilidad o inocencia del imputado.

En el proceso contra “El Larry”, los jueces de control penal o de garantías de los ámbitos común y federal, dejarán de tener participación o injerencia en la decisión del Tribunal de Enjuiciamiento, pues sus resoluciones en firme sobre la legalidad de la detención, la imputación y la vinculación a proceso, además de las medidas cautelares dictadas como la prisión preventiva, dejan de tener vigencia al momento en que el acusado es sometido al juicio oral.



LA DEFENSA DE “LARRY” AL ATAQUE

Para el abogado defensor de “El Larry”, Jesús Enrique Valencia, no sólo existe la versión de testigos que ubican a su representado, Juan Carlos Moreno Ochoa, lejos del lugar del crimen, en Chínipas a las 7 de la mañana.

Aunque las evidencias que ofreció la Feadle a la jueza federal fueron admitidas para ser consideradas como pruebas en el juicio oral; Valencia Díaz aseguró que se desacreditan por la forma en que fueron obtenidas y las violaciones al debido proceso en que incurrió la Fiscalía del Estado.

Los cateos realizados por la Fiscalía del Estado, instancia que inició la investigación que luego atrajo la FGR a través de la Feadle, no pueden considerarse legales, aseguró el abogado. En un primer caso, existía una supuesta orden para catear una vivienda en Villas del Rey, donde se encontraron audios en una computadora con la voz de Miroslava y un sujeto ahora beneficiario de los criterios de oportunidad, pero el procedimiento violó las normas jurídicas al no colocarse los resolutivos de la orden de cateo en el inmueble revisado.

En otro cateo en Quintas Balboa, propiedad de una agente de la Fiscalía Estatal que prestó su casa a los presuntos asesinos, la testigo identificada como Ruby, no existía orden o mandamiento judicial para hacer la revisión o no se enteró a la propietaria del procedimiento conforme marca la ley.

Además en la obtención de videos del lugar de los hechos, un comerciante fue obligado a entregar grabaciones de sus cámaras de seguridad, sin que mediara procedimiento jurídico alguno.

Las evidencias obtenidas de forma ilegal, dijo, deben descalificarse, sobre todo si existe la duda sobre la participación del imputado en un crimen, señalado por otros que podrían considerarse copartícipes, en vez de ser considerados testigos protegidos.



CORRAL PUSO EN RIESGO LA EVIDENCIA

Además, a favor del imputado por el crimen, está la confesión pública del gobernador Javier Corral, quien en una entrevista con la periodista Carmen Aristegui el 9 de febrero de 2018, reveló que tuvo participación en un cateo donde se encontraron los audios grabados por Alfredo Piñera, entonces vocero del PAN Estatal, de una conversación con Miroslava Breach.

“Lo único a lo que se ha desviado la atención (...) es al involucramiento de dos actores en este asunto identificados con el PAN, el vocero del PAN Estatal y un exalcalde de Chínipas, que grabaron una conversación 10 u 11 meses antes del asesinato de Miroslava, requiriéndole sus fuentes de información porque los estaban acusando los narcotraficantes”, dijo Corral en el programa de Aristegui.

“La verdad es que cuando encontramos ese audio, lo primero que yo dije fue que todo, todo tiene que estar en la investigación. Todo. De hecho yo estuve en el cateo, Carmen. En el cateo donde se encontró la computadora con ese audio, yo estaba ahí, a cierta distancia, viendo precisamente todo, pues tengo que asegurarme de muchas cosas en este tema”, reveló.

“Me dijo el fiscal: venga. Entré a la casa y me dijo: mire lo que encontramos. Y yo he confirmado esa voluntad siempre, aquí no se va a esconder nada”. ¿Autorizó el juez que concedió el cateo la participación del gobernador constitucional del Estado? ¿En cuantos cateos han autorizado los jueces al gobernador para que participe? ¿O el gobernador se metió al cateo sin autorización judicial? Son cuestionamientos sobre los que la defensa de “El Larry” pretende ahondar, pues esta intervención puede echar abajo las pruebas obtenidas en la diligencia judicial, como audios, computadora y vehículo y dejar en libertad a cualquiera que sea detenido o perseguido con bases en estas evidencias, de acuerdo a los artículos 97, 282, 283, 288 del Código Nacional de Procedimientos Penales.




APERTURA DEL JUICIO ORAL

Para juicio oral de Moreno Ochoa, la jueza federal de control Cristina Lozoya Gámez, dictó desde el auto de apertura los elementos de prueba que habrá de admitirle a la Feadle y los que habrá de presentar la defensa del imputado, para tratar de desvirtuar la acusación.

De acuerdo con el registro de la audiencia realizada el pasado 3 de diciembre de 2018, la parte acusadora presentará 24 evidencias documentales, que se consideran pruebas hasta que son sometidas al Tribunal de Juicio Oral, las cuales van desde las identificaciones del imputado, acta de nacimiento y otras, hasta material electrónico como videos y audios con los que se busca probar su participación.

Asimismo, la Feadle podrá presentar 50 testigos, entre ellos el fiscal Peniche y agentes estatales que participaron en los inicios de la investigación en el fuero común, y 10 peritajes de especialistas sobre audio e imagen.

Los testigos de la Fiscalía Estatal que fueron llamados por el Ministerio Público Federal y la jueza que instruyó la apertura del juicio, fueron convocados a petición de Propuesta Cívica A.C, para reforzar la labor de la Feadle y colaborar en la aportación de las evidencias que serán valoradas por los tres jueces que sean electos para conformar el Tribunal de Enjuiciamiento.

La defensa de Juan Carlos Moreno, encabezada por el abogado sonorense Jesús Enrique Valencia Díaz, buscará desestimar la evidencia que la Feadle presentará en su contra, con los dichos de testigos que ha mandado llamar, quienes ubica a “El Larry” fuera del lugar del crimen e incluso de la ciudad de Chihuahua, el 23 de marzo de 2017, cuando se cometió el homicidio.

Además, de acuerdo al expediente aprobado para comenzar el juicio oral, el defensor Valencia Díaz buscará que se invalide gran parte del paquete de evidencia, por considerar que las pruebas fueron armadas o se obtuvieron de forma ilegal.


LOS TESTIGOS DE CADA BANDO EN DISPUTA

La Feadle tiene aprobados como testigos, además de Peniche Espejel, a una agente con identidad reservada, bajo criterios de oportunidad, que fue denominada como Ruby, quien prestó una casa de su propiedad para que la ocupara Juan Carlos Moreno, Wilberth Jaciel Vega Villa -prófugo- y Ramón Andrés Zavala Corral, muerto en Sonora desde diciembre de 2017; la agente estatal desconocía para qué querían el domicilio ubicado en el fraccionamiento Quintas Balboa.

Entre otros testimonios relevantes autorizados para participar en el juicio oral, se encuentra también el del agente estatal Andrés Torres, quien participó en un cateo realizado por la FGE en Villas del Rey, en la búsqueda del vehículo de los atacantes de Miroslava.

En dicho operativo fue donde se encontró la computadora con los audios grabados por el entonces vocero del PAN, Alfredo Piñera, con la voz de Miroslava, en los que asumía la responsabilidad de la información publicada sobre Chínipas, que se considera la causa directa de que se ordenara su muerte.

Además, está llamada por la Fiscalía Marisela Turrubiates, también agente estatal, quien intervino en otro operativo que arrojó

datos sobre los movimientos en taxi, en vehículo particular y en domicilios, de los acusados por el homicidio.

Por parte de la defensa de Moreno Ochoa, el abogado Valencia Díaz pidió incluir tres testimonios que consideró básicos para el proceso.

Bajo juramento de decir la verdad y advertidos de las penas por conducirse con falsedad, habrán de comparecer el exalcalde de Chínipas Ramón Quinto Agramón Varela, quien fue presidente municipal luego de sustituir al candidato del PRI, Juan Salazar Ochoa, señalado en un reportaje de Miroslava Breach como un abanderado impuesto por el crimen organizado.

También comparecerán el profesor Manuel Morales Chavira y el exregidor Javier Velducea, para respaldar la versión que sostiene la defensa de “El Larry”, en el sentido en que en la fecha del crimen el imputado se encontraba en Chínipas y lo vieron antes de las 7 de la mañana en una cafetería de esa cabecera municipal, lo que vuelve materialmente imposible que haya participado en el crimen, en el grado en que sostiene la Feadle.

Además la defensa pedirá la anulación de la causa contra “El Larry” por deficiencias procedimentales de la Fiscalía General del Estado, en la obtención de las supuestas evidencias para incriminarlo, como en los cateos y la forma de obtener información.

Con esta argumentación básica, según se asienta en el expediente federal, la defensa pedirá la exoneración llana del imputado, mientras que la parte acusadora que se le considere culpable, con una sentencia condenatoria de 70 años de prisión, el pago de 50 mil pesos de los servicios funerarios de la víctima y una indemnización de 6 millones de pesos como reparación del daño a los familiares.

De esta forma es que se prepara el juicio oral contra el único detenido por el asesinato de Miroslava Breach, programado para el 4 de noviembre de 2019, es decir a un año y once meses de que fue arrestado el imputado.

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