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Identifica la ONU seis lugares de desplazamiento forzado en Chihuahua

Entre 2021 y 2022 se han reportado 10 episodios con casi mil afectados

Argelia Domínguez / El Diario

viernes, 02 septiembre 2022 | 19:22

Chihuahua.- La violencia generada por los grupos de la delincuencia organizada sigue desplazando a la población de seis municipios, motivo por el cual, la relatora de la Organización de las Naciones Unidas, Cecilia Jiménez-Damary, se reunió con autoridades del Gobierno del Estado y de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) para hacer un diagnóstico sobre la situación que guarda este fenómeno, así como conocer de las acciones que se han tomado y que se implementarán en el futuro para combatirlo.

Aunque las cifras sobre la cantidad de víctimas de desplazamiento forzado interno son inciertas, entre 2021 y 2022,la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) ha registrado al menos 10 episodios en los municipios de Guadalupe y Calvo, Uruachi, Madera, Bocoyna, Urique y Valle de Zaragoza que afectaron a 944 personas y 120 familias.

En 2021 se contabilizaron al menos cinco episodios de desplazamiento. En junio, en el municipio de Guadalupe y Calvo, 521 personas de 127 familias de las localidades de Santa Rita y San Jerónimo tuvieron que dejar sus viviendas.

En agosto hubo otros dos episodios; el primero ocurrió en la comunidad de San Felipe de Jesús, en Valle de Zaragoza, donde la violencia ocasionada por el crimen organizado provocó la huida de 50 familias. El segundo sucedió en Baborigame y otras localidades cercanas en el municipio de Guadalupe y Calvo, donde al menos 20 personas indígenas tuvieron que desplazarse tras la quema de sus viviendas y el despojo de sus tierras.

A finales de agosto, al menos 20 personas de la comunidad de Rincón de Alisos, también en Guadalupe y Calvo, salieron de sus hogares con el apoyo de fuerzas de seguridad pública tras la incursión armada de un grupo delictivo.

Finalmente, en noviembre se reportó la evacuación de aproximadamente 280 personas de la comunidad de La Norteña, del ejido El Largo Maderal, en el municipio de Madera debido a la presencia del crimen organizado.

Entre enero y junio del presente año se han reportado otos cinco episodios de desplazamiento interno masivo causado por la violencia. El primero de ellos se reportó en enero, cuando habitantes de la comunidad de San José del Rincón, en el municipio de Guadalupe y Calvo, denunciaron que personas armadas las amedrentaron y obligaron a abandonar sus hogares para refugiarse en la sierra. Derivado de este hecho, elementos de la 42ª Zona Militar de la Secretaría la Defensa Nacional (Sedena) se trasladaron a la comunidad, sin embargo, fueron emboscados por miembros de un grupo criminal lo que detonó un enfrentamiento en el que un civil perdió la vida.

Otros cuatro episodios fueron reportados por la CMDPDH. El primero se dio en el municipio de Uruachi, donde 45 personas abandonaron sus hogares debido a las amenazas recibidas entre mayo y junio. De ésas, al menos 15 personas de la localidad Las Trojas lo hicieron en el mes de junio.

También entre mayo y junio, 22 personas pertenecientes a cinco familias huyeron de sus hogares en el municipio de Urique por las actividades de grupos armados organizados que operan en esta región de la sierra.

En junio se registró el éxodo de 40 familias de la comunidad de Santo Domingo, en Guadalupe y Calvo, tras una serie de enfrentamientos en diversas localidades de dicho municipio. En el mismo mes, 30 familias rarámuri de la localidad de San Juan Guacayvo, municipio de Bocoyna, se vieron forzadas a dejar sus casas debido a las agresiones y amenazas que sufrieron por parte de grupos criminales.

Aunado a estos hechos, la CEDH ha recibido 11 quejas por desplazamiento forzado desde 2019, tres de las cuales se interpusieron el pasado miércoles, informó el presidente del organismo, Néstor Armendáriz Loya.

El ombudsman manifestó que este fenómeno no se encuentra debidamente visibilizado ni se cuentan con registros certeros sobre la cantidad de personas afectadas por él, sin embargo se han presentado casos emblemáticos provocados por la inseguridad en la sierra, además de que en épocas pasadas hubo desplazamientos en Guadalupe Distrito Bravos y Praxedis G. Guerrero.

En el caso de personas de pueblos originarios explicó que, además de violar sus derechos a la vida, la salud, la seguridad, educación y vivienda, el desplazamiento forzado ponen en riesgo de perder su identidad cultural por verse obligados a abandonar sus comunidades y sus costumbres.

PREPARAN CENSO PARA ABATIR CIFRA NEGRA Y PROTOLO DE ACTUACIÓN

Esta semana se instaló una Comisión Multidisciplinaria Interinstitucional que se encargará de realizar un censo de víctimas afectadas por el desplazamiento forzado interno, además de establecer protocolos de actuación para atender el problema.

Lo anterior fue expuesto a la relatora de las Naciones Unidas durante la visita que realizó ayer a Palacio de Gobierno como parte de la gira de trabajo que realizará en diversas entidades federativas como la Ciudad de México, Guerrero y Chiapas a fin de presentar un informe con recomendaciones el próximo 9 de septiembre.

El gobierno estatal expuso las acciones que ya forman parte de la política pública dentro del Plan Estatal de Desarrollo, tendientes a prevenir que se presenten episodios de desplazamiento y a atender a las víctimas, señaló el fiscal General del Estado, Roberto Fierro Duarte.

Por su parte, el secretario General de Gobierno, César Jáuregui Moreno, explicó que la comisión multidisciplinaria e interinstitucional trabajará para atender de manera inmediata y eficaz los casos de desplazamiento forzado para garantizar la protección de las víctimas y la posibilidad de que tengan un retorno seguro a sus comunidades, el cual tiende a ser lento pues se debe recuperar la seguridad en las zonas donde se generó el desplazamiento, garantizar que no se vuelva a repetir, y salvaguardar otros derechos como el acceso a la salud, vivienda, alimentación educación y trabajo.

Puntualizó que el Estado ha atendido diversas recomendaciones y sentencias de organismos de derechos humanos y jueces federales para proteger a víctimas como en los casos de El Manzano, en Uruachi y de Monterde, en Guazapares, que datan del 2015.

Tres grupos familiares de ambas comunidades obtuvieron sentencias de amparo para que las autoridades estatales y federales garanticen el retorno seguro a sus viviendas de las cuales tuvieron que salir debido a la violencia generalizada en la región serrana.

Los dos primeros grupos estaban conformados por 53 y 47 personas, respectivamente, y vivían en la comunidad de El Manzano; mientras que el tercer grupo estaba integrado por 20 personas residentes de Monterde.

Las resoluciones emitidas los días 12 y 19 de agosto obligan a la Secretaría de Gobernación, a las fiscalías General de la República (FGR) y General del Estado (FGE) y a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado (CEAVE) a brindarles servicios de salud gratuitos, alimentación y alojamiento en la capital del estado, entre otros apoyos, mientras no se garantice la pacificación de la zona donde vivían.

Ya en mayo de este año, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) había dirigido la Recomendación 96/2022 a la gobernadora Maru Campos Galván; al fiscal general, Roberto Javier Fierro Duarte, así como a los presidentes municipales de los ayuntamientos de Uruachi y Guazapares, Marcelo Rascón Félix y Joel Bustillos Ramírez, respectivamente, para proteger a las familias exiliadas de dichas comunidades.

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