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‘Ilegal, envío de camiones a Juárez’

Son de la Coordinadora de Transporte Colectivo, creada para la operación del transporte en la ciudad de Chihuahua

Juan Alanís/ El Diario

Miguel Silva/ El Diario

viernes, 12 febrero 2021 | 10:01

Chihuahua.- El envío de camiones de la Ruta Troncal a Ciudad Juárez es ilegal, pues pertenecen a la Coordinadora de Transporte Colectivo (CTC), empresa que fue creada para la operación del transporte público en la ciudad de Chihuahua, y que aún se encuentra vigente, afirmó ayer Juan Gómez, representante de los concesionarios adheridos a la Catem.

Gómez, dirigente de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (Catem), solicitó al gobernador Javier Corral, además de que los camiones no sean llevados a la frontera, le sea regresada a la CTC la operación de la Ruta Troncal, la cual fue requisada desde el sexenio pasado.

Al menos 20 camiones de la marca Mercedez Benz, línea Torino que se adquirieron en 2014 para la Ruta Troncal de la capital del estado, fueron rotulados con el nombre “Bravobús” para ser enviados a Ciudad Juárez y brinden servicio en aquella ciudad.

Aseguran que las unidades que usarán en el Bravobús, pertenecen a la CTC

La Dirección de Transporte expuso que al ser activos del gobierno estatal, y que no se les está dando uso en esta ciudad, se optó por reconvertirlos y enviarlos a Juárez, pues con la ampliación de la ruta y la construcción de una segunda, se requerirán más unidades para atender la demanda de los juarenses.

Al respecto, el líder de los concesionarios indicó que no existe un argumento jurídico bajo el cual, Gobierno del Estado pueda disponer de los camiones a su antojo, cuando son unidades que pertenecen a la CTC, empresa que está constituida legalmente.

Por lo tanto, manifestó que esos camiones deben permanecer en Chihuahua en donde tendrían que prestar su servicio.

Las unidades, que serán utilizadas en el Bravobús, se compraron bajo el nombre de la CTC

Fueron 84 camiones Mercedez Benz línea Torino los que se adquirieron con una inversión superior a los 142 millones de pesos, recursos aportados por los concesionarios del transporte público quienes entregaron un pago inicial cercano a los 100 millones de pesos, y el resto a crédito a pagar en un plazo no mayor a un mes, para el cual, el Gobierno del Estado sirvió de aval.

Además, los concesionarios exigieron el control de la operación de la Ruta Troncal en esta ciudad, pues explican que en 2014 se firmó una acuerdo con el estado que le permitía la operación por un periodo de seis meses, pero que sin argumento alguno el Estado se ha mantenido al mando, manejando los ingresos que deja.

Cabe señalar que de acuerdo con información de la Dirección de Transporte, la Ruta Troncal genera ingresos de hasta nueve millones de pesos mensuales, llegando a transportar en promedio a 45 mil personas por día, pero que, en el último año, debido a la pandemia del Covid-19, la demanda se redujo en más de la mitad y hubo meses en los que únicamente se recaudaron 3 millones de pesos.

Juan Gómez dijo que el convenio establecido con el Estado es muy amplio y se tiene que atender punto por punto, pero que uno de estos es el manejo de la Ruta Troncal, así como de sus activos.

Además, pidieron una revisión a la tarifa del transporte público, pues aseguran que desde el 2017 no se realiza una actualización y los costos se mantienen en 9 pesos para las rutas que van directamente de las colonias al centro de la ciudad.

En aquellas que se tiene que realizar un transbordo el costo es de ocho pesos y la Ruta Troncal tiene un costo de 7 pesos.

Un largo conflicto

Fue el sábado 17 de mayo del 2014, cuando el Gobierno del Estado a través de la Dirección de Transporte tomó el control de las dos terminales, paraderos y los 84 camiones del sistema de transporte colectivo denominado Vivebús, mediante un acuerdo firmado por el entonces gobernador César Duarte.

En dicho acuerdo se estableció que el Estado se haría cargo de la Ruta Troncal del sistema, mientras los concesionarios operarían las rutas alimentadoras, y en las colonias y se estableció que la medida era hasta por 90 días.

La Coordinadora de Transporte Colectivo (CTC) comenzó formalmente el 9 de febrero del año 2012, cuando los 528 concesionarios de camiones urbanos firmaron el acta constitutiva de la empresa privada que operaría el sistema Vivebús.

Los planes marcaban que habría de ponerse en marcha en noviembre de ese año, pero se retrasó hasta mayo de 2013, cuando inició de manera gratuita, para dar paso al cobro de la tarifa normal en agosto.

La CTC se creó para “dar el servicio de transporte público de mayor calidad, rápido, seguro y cómodo, además de ecológico, dado que evitaría las emisiones de camiones más contaminantes y desincentivaría el uso de automóviles particulares”, según la información oficial que se brindó en su presentación pública.

Con la creación de la empresa fueron formalizados los contratos de compra de 84 unidades nuevas, los camiones rojos, que hasta unos meses circulaban en la Ruta Troncal; la adquisición corrió a cargo por dicha empresa privada, con un aval del Gobierno del Estado.

El sistema de transporte Vivebús pronto se fue a la quiebra. Hasta 2014 los concesionarios aseguraban no haber recibido utilidad alguna de su inversión y pidieron regresar a la antigua modalidad en la que tenían ganancias mensuales suficientes para la contratación de choferes, combustibles y compra de unidades que adquirían a crédito.

Después de la requisa de la Ruta Troncal ordenada por Duarte, la CTC quedó sin operar, mientras que sus activos, incluidos los camiones, pasaron a formar parte de una nueva empresa pública que hasta la fecha se encarga de su operación.