Argelia Domínguez / El Diario

lunes, 26 septiembre 2022 | 19:02

En los últimos cinco años, apenas el 0.99 por ciento de las carpetas de investigación por maltrato animal terminaron en sentencia condenatoria, lo cual ha propiciado que organizaciones dedicadas a la protección de animales denuncien casos de impunidad y busquen penas más severas para sancionar estos delitos.

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que entre 2018 y septiembre de 2022 se iniciaron 301 averiguaciones por el delito de maltrato animal en distintas modalidades, en 26 municipios.

Del total de expedientes, 164 siguen en investigación, en 52 se determinó no ejercicio de la acción penal y 45 quedaron en archivo temporal. Sólo 13 han sido judicializadas, pero en siete se declaró el sobreseimiento de la causa penal, en dos se llegó a un acuerdo reparatorio y únicamente en tres se dictó sentencia condenatoria. Hay otras 15 carpetas cuyo destino no fue especificado.

Ciudad Juárez encabeza la estadística con 127 casos, seguido de Chihuahua con 51, Parral con 30, Delicias con 21, Cuauhtémoc con 12 y Jiménez con 11.

Otras localidades en las que se han interpuesto querellas son Camargo, Nuevo Casas Grandes, Santa Isabel, Saucillo, Guachochi, Aldama, Meoqui, Julimes, Allende, Rosales, Bocoyna, Valle de Zaragoza, Casas Grandes, Matamoros, Satevó, Carichí, Temósachi, Namiquipa, la Cruz y Bachíniva.

El presente año es el que reporta la mayor incidencia con 73 de carpetas abiertas; en 2021 se iniciaron 70, en 2020 fueron 46; durante 2019 se abrieron 55 indagatorias y en 2018 hubo 57 denuncias.

En 117 de las investigaciones el motivo de la denuncia fue la muerte del animal, lo que representa el 39.9 por ciento de los casos. Otros motivos señalados por la FGE son lesiones, con 58 casos, maltrato 51, abandono 22, atropello nueve, zoofilia cinco, pelea tres, omisión de cuidados dos y en 39 de las querellas no se especificó la forma de agresión.

La estadística arroja que 264 de los casos se cometieron en contra de perros; en 13 se denunciaron agresiones contra gatos, en tres a caballos, también hay una querella por maltrato a gallos y una a vacas, en 19 expedientes no se especifica el animal.  

El último caso mediático de maltrato animal ocurrió en la colonia Diego Lucero de la capital, en contra de 35 perros y gatos por parte de un sujeto identificado como Alberto V. R., quien fue detenido el 8 de septiembre y luego dejado en libertad sin explicación y sin la imposición de alguna otra medida cautelar para garantizar su presencia en el proceso penal.

Ante esta situación, integrantes de la organización Ángeles de Animales (ADA) han realizado diversas manifestaciones para exigir que la Fiscalía tome cartas en el asunto, ya que existen evidencias claras de crueldad animal e, incluso, uno de los perros tuvo que ser dormido debido a que se encontraba agónico.

El resto de los canes y gatos que fueron rescatados se encuentran en veterinarias y hogares temporales, en espera de alguien que los adopte y les dé la oportunidad de tener un vida digna y feliz.

Ariana Ramos, de ADA, señaló que existen versiones de que este sujeto pudo haber abusado sexualmente de los animales que mantenía en condiciones inhumanas, sin embargo, aún no hay pruebas periciales que acrediten este hecho. También se habló de que el imputado padecía algún trastorno mental lo cual, a su parecer, es un motivo más para que la autoridad judicial hubiera dictado algún tipo de medida para que se le canalizara a ua institución en la que pudiera ser atendido.

Por ello reiteró que su liberación es un acto de impunidad no sólo para los perritos y gatos que maltrató, sino para otros animales que están en riesgo e incluso la sociedad misma, pues la crueldad animal es la antesala para otros delitos.

No es el único hecho que ha salido a la luz pública. En mayo, un hombre fue grabado mientras arrostraba a un perro con su vehículo por varias cuadras, en la ciudad de Jiménez.

El video difundido en redes sociales muestra como el sujeto jalaba al can cerca de la Secundaria Técnica, en la calle Costa Rivera de la colonia Centro. Tras percatarse de que era grabado, detuvo el vehículo y subió al perrito a la cajuela.

Otro caso que ha quedado en la impunidad es el asesinato de 40 mascotas que fueron envenenadas con comida arrojada en las calles de la colonia Los Arcos, en mayo de 2021 al cual simplemente se le dio carpetazo, según denunció en su momento la asociación Chihuahua Sin Violencia.

BUSCAN PENAS MÍNIMAS DE CINCO AÑOS

A fin de evitar que las personas responsables de cualquier tipo de maltrato animal logren evadir la cárcel, ADA ha propuesto que se reforme el Código Penal del Estado para que las penas mínimas sean de cinco años.

Ariana Ramos comentó que, de esta manera, los sentenciados no alcanzarían beneficios de libertad condicional, pues las disposiciones vigentes permiten sustituir las penas privativas de la libertad con trabajo comunitario.

Puntualizó que no están en contra de que se pueda aplicar este tipo de condenas, pero es también importante que los casos se castiguen con más severidad para inhibir la comisión de estos delitos.  

La semana pasada ya se presentaron dos iniciativas relacionadas con esta materia, las cuales proponen la creación de una Fiscalía Especializada en Atención a Delitos Contra el Medio Ambiente y Contra el Bienestar Animal y tipificar la zoofilia.

Ramos señaló que respaldan estos proyectos y que buscarán a los diputados que los promueven para aportar más propuestas que garanticen la protección a los animales y el correcto seguimiento y atención a las personas que los cometen ya que estos delitos tienen implicaciones psicológicas y sociales.  

Añadió que, aunado al endurecimiento de las penas, también presentarán al Congreso una serie de sugerencias para mejorar los mecanismos de protección previstos en la actual Ley de Bienestar Animal, acompañando el documento con las firmas de las personas que se suman a la iniciativa.

Actualmente, la legislación penal prevé sanciones de seis meses a un año de prisión a quien cometa actos de maltrato en contra de cualquier animal de compañía, causándole lesiones que pongan en peligro su vida, y hasta de dos años de cárcel si estos actos le provocan la muerte.

El Código también considera actos de maltrato animal sancionables con penas de hasta cinco años de prisión aquellos relacionados con la crianza, entrenamiento, posesión o comercialización de perros de pelea, así como la organización, promoción o patrocinio de peleas de perros, esto incluye la venta de boletos o el prestar un inmueble para realizar estos eventos. Si estos actos son cometidos por servidores público, la pena de prisión puede llegar a los 10 años.

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