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Incumple Corral: magistrado

El TSJ ni siquiera era señalado como autoridad responsable, dice Ramírez

Gabriel Ávila / El Diario

David Piñón Balderrama
El Diario

domingo, 30 mayo 2021 | 05:00

Chihuahua— Tras seis meses de encierro en su casa, con grillete electrónico y policías vigilándolo, el magistrado Jorge Ramírez recuperó la libertad y su cargo, pero aun así considera que las autoridades señaladas dentro del juicio de amparo promovido siguen sin cumplir la resolución dictada a su favor.

Para el titular de la Primera Sala de lo Penal, restituido la noche del viernes, hasta la fecha incumplen el gobernador Javier Corral, la Fiscalía y el Congreso con la suspensión definitiva otorgada por la justicia federal, que ordenó regresarle su fuero, prestaciones y trabajo. 

“En efecto me restituyeron, pero fue el Tribunal Superior de Justicia, que en este caso ni siquiera era señalada como autoridad responsable, y lo hizo tarde, ocho horas después de vencido el plazo”, dice Ramírez Alvídrez, en entrevista con El Diario realizada en su casa.

Señala que a su juicio, y por eso todavía presentará recursos correspondientes, tanto el Ejecutivo como el Legislativo y la Fiscalía debieron emitir las resoluciones respectivas que ordenó la justicia, pero optaron por no hacerlo. 

Por ello, aunque tiene de vuelta su cargo en la Judicatura, ve como incumplidos los términos de la suspensión, tras la cual viene, ahora sí, el fondo del juicio de amparo con el que se ha defendido desde su polémico desafuero dictado por el Congreso en febrero de 2020.

En la casa donde permaneció encerrado desde el mes de diciembre pasado, Ramírez narra que su principal preocupación era su familia ante todas las medidas de acoso que vivió, desde los policías en el exterior hasta el personal de Servicios Previos al Juicio que constantemente acudía al domicilio por cualquier cosa.

“Yo sí puedo decirlo con todas las pruebas, tengo la mejor familia del mundo, porque nunca me dejaron solo”, asegura. Entre bromas de que pudieron irse de ahí su esposa e hijos, agradece que permanecieron junto con él apoyándolo y tolerando las tensiones provocadas por el confinamiento obligado.

“En los peores meses de la pandemia dejaron a mi familia sin ingreso y sin servicio médico”, se lamenta el magistrado, quien sumaba a esa tensión, la de una enfermedad o una emergencia, el combate jurídico que libraba: por un lado en los tribunales locales, donde había sido vinculado a proceso, y por otro en la justicia federal, donde peleaba por el amparo.

Así transcurrieron 15 meses desde el desafuero, nueve meses suspendido del cargo y sin sueldo, y medio año con su casa como prisión, sin explicarse los motivos de la persecución en su contra que nunca consideró jurídica sino política, dada su cercanía con César Duarte el sexenio pasado.

“Tuvieron (la Fiscalía, el Congreso, el Ejecutivo, el Tribunal Superior) mil oportunidades de corregir, de resolver el caso desde el inicio, porque desde el inicio se violaron todos los principios jurídicos. En vez de que ellos demostraran mi culpabilidad por supuestamente haberme robado no sé cuántos millones, yo tenía que demostrar mi inocencia”, critica.

La batalla

El magistrado se explica la persecución y los resultados ahora a su favor, con el hecho de que las autoridades estatales, con el gobernador Corral a la cabeza, se extraviaron tanto en el objetivo que buscaban, que no era propiamente hacer justicia, y el método para obtenerlo, que fueron los ataques jurídicos y mediáticos enderezados en su contra.

“Perdieron el enfoque: creyeron que la batalla era entre el infeliz duartista y los purísimos gobernantes, no la de un ciudadano agraviado contra un acto de autoridad”, sostiene Ramírez Alvídrez.

En el transcurso del caso, se queja, el “dueño de la verdad” era el Gobierno. A pesar de que él tuviera argumentos para refutar el delito, para revertir jurídicamente las acciones en su contra, la verdad la dictaba el aparato estatal. Con la mera declaración del gobernador, el fiscal y el consejero jurídico se le desacreditaba, aunque en los tribunales la realidad fuera otra.

Así, a cada recurso resuelto a su favor, un boletín del Gobierno se giraba en contra y ya se generaba una percepción equivocada. Cuando un juez federal resolvió las primeras suspensiones a su favor, el Gobierno lo tachó de corrupto, recurrió a sus resoluciones y presentó quejas hasta que quitaron a ese juzgador.

“Prejuzgó en mi contra hasta el juez federal que el Estado acusó de corrupto”, afirma el magistrado, quien explica que incluso en primera instancia le negaron resoluciones, como la de que le pagaran su sueldo mientras estaba en proceso, y cuando el mismo juez llegó a resolver a su favor fue cuando el Gobierno salió con que había una confabulación en la justicia federal para favorecerlo.

“Lo que pasa es que nunca han jugado un deporte. Si lo hubieran jugado sabrían que el árbitro es sólo un factor más en el juego. Pero ellos si resolvía a su favor le aplaudían, si resolvía en su contra se quejaban y lo acusaban de corrupto”, critica.

Son cuatro amparos

Ahora, asienta, ni conoce, ni idea tiene de quién es la jueza o quiénes los magistrados que han resuelto a su favor. Como lo ha hecho en todo el proceso, en cada resolución acepta o tramita, sin estridencias, los recursos de reconsideración que sean pertinentes, pero sin atacar al árbitro.

En torno a la batalla jurídica actual, Ramírez Alvídrez explica que no es un juicio de amparo sino cuatro los que están en curso y que se mantendrán en lo que él recupera su cargo, trabajo, sueldo, prestaciones y fuero como magistrado.

Un amparo es para que lo restituyan en su función de magistrado y otro es para que se le garantice su sueldo; uno más es contra la Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia mediante la cual fue desaforado y posteriormente sometido a proceso penal, y un cuarto contra la determinación del Congreso del Estado de modificar el dictamen de la Comisión Jurisdiccional que consideraba improcedente desaforarlo.

Eso es lo que sigue su curso, ahora viene el estudio de fondo de los juicios de amparo promovidos, pues la restitución fue ordenada como suspensión definitiva, es decir, una medida del proceso para garantizar que no se sigan violando sus derechos.

En cuanto a los primeros, relativos a regresar a su función y a sus prestaciones, considera que la sentencia definitiva del amparo le será favorable, dadas las condiciones de los otros procesos vinculados.

Es decir, el amparo contra la ley estatal con la que fue desaforado ya fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así que no hay herramienta jurídica que pueda someterlo y necesariamente debe desecharse.

Y en cuanto al dictamen de la Comisión Jurisdiccional, cambiado en sesión del Pleno para retirarle el fuero, será la justicia federal la que deberá pronunciarse ante ese acto que considera indebido, pues los diputados que conformaron el órgano ya lo juzgaron, ejercieron una función jurisdiccional que terminó favoreciéndolo, mientras que la mayoría que votó por desaforarlo no fue parte de esa comisión que lo enjuició y no podía ni regresar el dictamen ni cambiarlo, como lo hicieron.

Pese a la suspensión definitiva a su favor y su regreso a la judicatura estatal, para el magistrado Ramírez está claro que la persecución política en su contra seguirá hasta el fin de la administración de Corral, porque así ha sido siempre, sin asidero jurídico.

Considera que el hecho de haber sido restituido por el Tribunal Superior, sin que el Ejecutivo, la Fiscalía ni el Congreso del Estado hayan acatado los términos de la resolución de la justicia federal, es señal de que esto va a continuar.

Por ello anuncia que mañana lunes habrá de notificar a los tribunales federales que considera incumplidos los términos de la suspensión, pese a haber sido reinstalado en su sala del tribunal estatal.

dpinon@diarioch.com.mx