No reubicó a los habitantes tras la recomendación de la CNDH
De la Redacción
miércoles, 20 mayo 2020 | 19:00El pasado 12 mayo del presente año el gobernador Javier Corral tenía como fecha para diseñar y ejecutar una estrategia de reubicación de los habitantes del fraccionamiento Rinconada Los Nogales, afectados por la contaminación de la planta de Ávalos, pero al parecer no lo hizo.
Lo anterior, después de que habitantes de dicho fraccionamiento se manifestaron frente a la Comisión Estatal de la Vivienda, Suelo e Infraestructura (Coesvi) para reclamar la falta de apoyos para construcción.
Cabe señalar que esta reubicación fue por recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la cual fue aceptada por el mandatario, pero los quejosos señalaron que el gobierno no ha cumplido con la promesa de apoyarlos.
Asimismo, el gobierno Gstatal tuvo que diseñar y ejecutar, bajo los principios de consulta previa, libre, informada y de buena fe con la población afectada, una estrategia de reubicación de los centros educativos del fraccionamiento.
También debió iniciar un plan o programa de prevención y atención a riesgos e impacto en el interior de la planta de Ávalos y elaborar un diagnóstico sobre la legalidad de la autorización emitida por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología al Instituto de Vivienda de Chihuahua, para la construcción de las etapas I y II del fraccionamiento Rinconada Los Nogales.
Lo anterior, después de que el Gobierno del Estado de Chihuahua aceptara el pasado 12 de febrero en su totalidad los 18 puntos previstos en la Recomendación 91/2019, emitida el 10 de octubre de 2019 por violaciones a los derechos humanos al medio ambiente sano, salud, vivienda e interés superior de la niñez, como resultado de la contaminación existente en el pasivo ambiental “Ávalos” y la construcción del fraccionamiento Rinconada Los Nogales.
El cumplimiento de dicha recomendación inicia a partir del plazo señalado para cumplirlas, por lo cual María del Rosario Piedra Ibarra, titular de la CNDH, dijo que las autoridades destinatarias de dicha recomendación deberán proceder a la atención integral y conjunta de los puntos recomendatorios, como elementos indispensables para investigación, sanción y reparación de las violaciones a los derechos humanos.
La zona de Ávalos es considerada el más grande pasivo ambiental de Chihuahua durante las últimas dos décadas, por la contaminación que genera la planta que operó desde 1920 hasta 1992. El abandono y los nulos trabajos de remediación ambiental generaron problemas de salud a todo el sector.
Fueron los habitantes de una colonia cercana, Rinconada Los Nogales, los que comenzaron a manifestarse desde el año 2015, por resentir afectaciones a la salud principalmente de los niños.
Solo en esta colonia son más de mil las familias asentadas en las casas construidas en los alrededores de la planta. En 2016 la administración estatal anunció un proyecto para la remediación ambiental, por medio de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, pero hasta la fecha no ha dado resultado.
El mismo Gobierno estatal reconoció que había peligros a la salud por los polvos blancos, disueltos en el aire o en el suelo arcilloso; la existencia de jales, que son de coloración amarillenta y la escoria negra o cerros negros de desechos. Todos esos materiales contienen arsénico, zinc y cadmio, que en altas concentraciones son nocivos para la salud.
Fue por ello que la CNDH, ante una queja de origen presentada por vecinos de Rinconada Los Nogales, determinó que existen graves violaciones a los derechos humanos de la población y ordenó la remediación de la zona, así como la atención prioritaria a los vecinos que han padecido las afectaciones a su salud.
Otra de las recomendaciones indica que en un plazo de seis meses se debe preparar e impartir un taller de capacitación coordinado por la Sedue, dirigido a servidores públicos del Gobierno del Estado, el Municipio de Chihuahua y otros sobre actividades riesgosas como las observadas en la presente Recomendación, en materia de asentamientos humanos, ordenamiento territorial y desarrollo urbano desde una perspectiva de derechos humanos.