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Interpondrá TEJA sanciones a la Universidad

Contra funcionarios que no entregaron aportaciones de seguridad social a Pensiones Civiles del Estado

Heriberto Barrientos / El Diario

martes, 30 agosto 2022 | 19:21

El auditor Superior de Estado Héctor Alberto Acosta Félix informó ayer que derivado de las irregularidades detectadas en la revisión a las finanzas de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACh) durante el ejercicio fiscal 2020, específicamente por el incumplimiento de las aportaciones obrero patronales a Pensiones Civiles del Estado (PCE), se va turnar próximamente el caso al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA) para que se finquen responsabilidades a los presuntos responsables, sanciones que podría llegar hasta la inhabilitación y/o multas económicas.

Sin decir abiertamente que dicha investigación es en contra del ex rector Luis Alberto Fierro Ramírez y su gente más cercana, el titular de la ASE comentó a El Diario, “falta todavía determinar quién o quiénes son los responsables, a los que se va imputar una responsabilidad directa porque es evidente que hubo un daño a la institución de Pensiones Civiles del Estado y se acreditó con nuestros auditores que si tenían manera de haber entregado ese recurso de seguridad social a la institución”, subrayó.

La investigación -misma que está a punto de concluir- continúa en la Coordinación de Investigación de la ASE.

Según explicó Héctor Acosta hubo otras dos instituciones a las cuales la ASE les solicitó aclaraciones, siendo éstas el Tribunal Superior de Justicia, el propio Pensiones Civiles del Estado y la UACh.

“Lo que nosotros verificamos es si la información y respuesta previa que nos habían dado la podrían comprobar, es decir, en el sentido de que como fue que no pudieron  pagar las cuotas de seguridad social a pensiones en razón de que la Secretaría de Hacienda no les había entregado los recursos.

En el Tribunal de Justicia nos pudieron justificar, porque precisamente los recursos pendientes son los que les había dejado de pagar Hacienda –en la administración de Javier Corral-, pero no fue así la UACh, porque si bien es cierto no haba cumplimiento del convenio de los recursos presupuestados, para el pago de cuotas si estaba disponible el recurso y no fue pagado a pensiones.

En los dos primeros casos se consideró como aclarada las dos observaciones”, puntualizó el auditor Acosta.

Por lo anterior, de esto derivó la promoción que se denomina informe de presunta responsabilidad administrativa, que actualmente se encuentra en el área denominada Coordinación de Investigación de la ASE y se está configurando una falta grave imputable a servidores públicos de la UACH, señaló.

Héctor Alberto Acosta Félix indicó que la falta grave está contenida en el artículo 57 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y que consiste en abuso de funciones.

Textualmente dicho artículo refiere que (sic), “Incurrirá en abuso de funciones la persona o servidor público que ejerza atribuciones que no tenga conferidas o se valga de las que tenga como es el caso para realizar o inducir actos u omisiones arbitrarios para causar perjuicio al servicio público”.

Y donde afirmó el titular de la ASE, “Aquí hay una conducta en estas faltas, y nosotros consideramos arbitraria, teniendo la obligación de realizar esos pagos no se hicieron y con ello se afectó el servicio público como el que brinda pensiones a  los derechohabientes de la misma institución.

Así que es evidente que pensiones nos comunicó estas afectaciones principalmente en el deterioro de los servicios que otorga”.

Sobre el tiempo que aun falta de transcurrir para que se turne dicha investigación a los tribunales, dijo que están en la última etapa de investigación, “no pasará más de un mes y medio que la enviemos al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa.

No podemos adelantarnos no decir a quien o quienes irá dirigida la sanción, porque en este momento dicha coordinación no determina quienes son el o los servidores públicos involucrados.

Héctor Alberto Acosta mencionó que los supuestos de sanción que establece la Ley van de amonestación, suspensión, puede llegar a destitución, inhabilitación y/o sanción económica.

“No puedo confirmar ni especular quien o quienes son las personas investigadas”, finalizó el titular de la ASE.