Argelia Domínguez/El Diario

sábado, 15 enero 2022 | 07:10

Chihuahua.– La presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Myriam Hernández Acosta, confirmó que el Consejo de la Judicatura abrirá una investigación interna en torno a las declaraciones del juez Samuel Uriel Mendoza Rodríguez, en las que reveló que el Gobierno estatal ejerció actos de presión sobre su persona para que dictara auto de vinculación a proceso en contra de Maru Campos Galván el año pasado. 

Hernández Acosta sentenció que ni Samuel Mendoza ni el resto de los jueces pueden escudarse en presiones para no realizar su trabajo con apego a la ley, ya que la autonomía e independencia con la que ejercen la función jurisdiccional vienen desde la ética y la responsabilidad. Por ello, dijo que no comparte la actuación del juzgador. 

La titular del TSJ advirtió que la investigación llegará hasta las últimas consecuencias; no obstante, explicó que su ratificación ya quedó firme y por ello, de encontrarse alguna actuación irregular, se seguirán las disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial para sancionarla. 

También se dijo respetuosa de los actores que se han manifestado en contra de la ratificación de este juez; sin embargo, recordó que la Judicatura debía seguir criterios y plazos específicos para concluir el procedimiento no sólo respecto a Mendoza Rodríguez, sino de los 54 juzgadores electos en 2018. Esto sin perjuicio de que se investiguen todos los casos que requieran atención. 

En este sentido, destacó que el pasado jueves también fueron ratificados servidores muy valiosos y honorables que defienden esa autonomía del Poder Judicial, que no se ha visto trastocada por el actual gobierno estatal. 

“La autonomía no es frágil, es una cuestión de ética, es una cuestión interior, tú como juzgador sabes específicamente lo que no puedes permitir y no te puedes escudar en que te presionaron para no hacer tu trabajo, qué sencillo fuera. Es una responsabilidad y una cuestión de ética de cada juzgador, pero por uno no la llevan todos”, agregó Hernández. 

Aunque consideró que el Consejo de la Judicatura es órgano fuerte, reconoció que hace falta un mecanismo legal más objetivo, con lineamientos claros y específicos, que permitan recabar elementos contundentes para ratificar a un juez, pues actualmente se encontraban atados de manos para resolver la situación de estos 54 juzgadores.  

No debió ser ratificado: catedrático

“En principio, creo que el juez Samuel Uriel Mendoza, quien ahora se dice presionado, al margen de que estuviera planeando su defensa con todos los elementos de prueba, no debió ser ratificado y de inmediato cesarlo e iniciarle procedimientos penales y administrativos”, comentó el catedrático de la Facultad de Derecho Francisco Flores Legarda. 

“Las declaraciones de la magistrada presidenta del Consejo de la Judicatura están buscando evitar que se le otorgara alguna suspensión definitiva y seguir un juicio interminable”, expresó.

“Aun así, considero se deben de tomar acciones drásticas y hacer que los jueces emitan las resoluciones apegadas a derecho y evitando con esto una justicia afectando a los justiciables y donde se debe dar un trato más humano”, agregó.

“En el caso del juez, éste debe preparar una buena defensa y manifestar que lo obligaron a resolver en contra de la hoy gobernadora y coacusados, y que está libre de culpa”, comentó.

“Tuvimos a un gobernador Corral que no sólo puso a su disposición todos poderes del Estado, pienso que se debe investigar a los ministerios públicos.

En este asunto debe intervenir el Consejo de la Judicatura y la Fiscalía para que se deslinden responsabilidades”, señaló.

“La magistrada presidente Myriam Hernández tiene el derecho de actuar en beneficio de la sociedad”, finalizó. (Con información de Heriberto Barrientos)