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Los embates y manipulaciones de Corral hacia el Poder Judicial

A través de reformas constitucionales y procesos con amaños se impulsaron peticiones del Ejecutivo

El Diario

César Lozano/ El Diario

lunes, 31 mayo 2021 | 05:00

Chihuahua, Chih.- Desde el inicio de su mandato, Javier Corral emprendió una serie de acciones para obtener el control del Poder Judicial estatal, a través de promociones de personajes afines y ataques en contra de otras autoridades estatales que resultaran incómodas para sus fines.

A través de reformas constitucionales, procesos con amaño y movimientos diversos, se impulsaron al interior del Tribunal Superior de Justicia a perfiles que se adaptaran a las peticiones del Ejecutivo, siempre con apoyo de las mayorías corralistas en el Congreso del Estado de las legislaturas LXV y LXVI.

El 22 de diciembre de 2016 la diputada panista Laura Mónica Marín, integrante de la comisión Primera de Gobernación y Puntos Constitucionales, presentó una iniciativa para derogar los decretos1552/2016 XXI P.E. y 1553/2016 XXI P.E., emitidos en septiembre de ese año, a través de los cuales se ratificaban la reelección de Gerardo Acosta como magistrado de la sala regional del ramo penal en Parral y Otilia Flores Anguiano como magistrada por una sala regional del ramo civil, también de Parral.

Luego de interponer una denuncia de amparo de la justicia federal, el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Chihuahua por instrucción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió un ordenamiento relativo al juicio de amparo 1767/2016-V, y el Congreso del Estado dejó sin efectos el decreto número LXV/ABDEC/0217/2016 I P.O. Que afectaba la ratificación inamovible los magistrados, quienes al final regresaron al trabajo en sus respectivas salas.

Ley Orgánica del Poder Judicial

El 9 de diciembre de 2015 el pleno del Tribunal Superior de Justicia nombró presidente del Poder Judicial a Gabriel Sepúlveda, sin embargo, al llegar al poder Javier Corral, comenzó a trabajar en una reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial, que fue aprobada el 10 de noviembre de 2016 y tumbaba del puesto al actual presidente, ya que un artículo transitorio propuesto por el Ejecutivo, consistía en que el titular del TSJ debía tener como antecedente el ejercicio de por lo menos 5 años como magistrado, requisito de no cumplía Sepúlveda.

El afectado se resistió a la aceptación de la medida y recurrió al amparo de la justicia federal, sin embargo, pronto, el 12 de noviembre se nombró en su lugar al magistrado Julio César Jiménez Castro, quien duró en el cargo sólo hasta el 3 de abril de 2018, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional su nombramiento.

El 13 de febrero de 2018 Sepúlveda fue restituido de su cargo, sin embargo y mientras se encontraba suspendido continuaron los embates, pues el 8 de diciembre de 2017 el Consejo de la Judicatura declaró la suspensión por un año a Sepúlveda Reyes y Jorge Abraham Ramírez Alvídrez como magistrados, con el fin de que la Fiscalía General del Estado investigara sobre un supuesto desvío de recursos de más de 10 millones por la adquisición a un sobreprecio de 45 por ciento de una bóveda de almacenamiento digital para videos y audios de juicios orales.

Al final, las presiones desde Palacio de Gobierno denunciadas en su momento por Sepúlveda y el poco tiempo que le quedaba para el ejercicio de sus funciones, hicieron que el magistrado optara por retirarse y no reclamar su puesto.

Llamando a la magistrada

A finales de mayo de 2018 se filtró ante la opinión pública una llamada telefónica entre Javier Corral y la magistrada Adela Jiménez Carrasco, en donde se evidenció una clara intervención del Gobernador en el proceso de elección del nuevo presidente del Poder Judicial, autónomo en teoría.

Derivado de la controversia constitucional promovida por Gabriel Sepúlveda y resuelta a favor por la Suprema Corte, Jiménez Castro resultaría inelegible para un siguiente período al frente de la institución y ya desde el pasado 5 de abril de ese año, el pleno del TSJ decidió suspender la sesión extraordinaria en que se elegiría al nuevo presidente.

Casi mes y medio después, Corral llamó a la magistrada para darle instrucciones precisas de no volver a realizar la consulta del consejo, llamar a un receso con el pretexto de analizar a fondo la resolución de la Suprema Corte y construir una ‘candidatura de unidad’. ‘Sí señor’, respondió Adela Jiménez Carrasco, magistrada de la Novena Sala Civil, y poco tiempo después se eligió a Pablo Héctor González, actual presidente del Poder Judicial en el estado.

El nuevo blanco del corralismo

El recién restituido magistrado de la Primera Sala Penal, Jorge Ramírez fue suspendido por el Consejo de la Judicatura el 17 de diciembre, señalado como responsable del supuesto desfalco por 14.2 millones de pesos por la compra a sobreprecio de programas y equipo informático para el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), por presunta instrucción del exgobernador César Duarte.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, Jorge Abraham Ramírez aumentó de manera injustificada su patrimonio por más de 10 millones de pesos por depósitos en cuentas bancarias, pagos a créditos en efectivo y compra de casas, lotes y vehículos, lo cual resultó superior a los ingresos comprobables del funcionario de los años 2010 a 2018.

En enero de 2020 la Fiscalía del Estado por segunda ocasión intentó procesarlo y pidió su desafuero al Congreso y el pasado 27 de febrero, el Congreso del Estado aprobó el desafuero y lo destituyó de su puesto en la Primera Sala Penal del TSJ, pero Ramírez presentó un amparo y fue restituido.

El Juzgado Octavo Penal otorgó la protección de la justicia federal al magistrado, luego de varios amparos interpuestos y fue restituido a su sala de manera definitiva el pasado 28 de mayo.

El Cochinero Judicial

A principios de 2019 el consejero de la judicatura, Joaquín Sotelo Mesta, interpuso una denuncia contra quien resultara responsable por la manipulación del resultado de los concursos de oposición CJE/002/2018 y CJE/003/2018, al indicios de irregularidades, fraude y favoritismo en los resultados de los exámenes teóricos de las convocatorias de selección de dos jueces de lo familiar, 13 civiles y 39 penales durante 2018.

El proceso legal para desenmascarar las irregularidades y el fraude en la elección de 54 jueces y 7 magistrados del Poder Judicial Estatal en 2019 continúa, pues el Primer Tribunal Colegiado de Distrito, acordó entregar una copia de la carpeta de investigación del llamado “cochinero judicial” a un juez federal, para su análisis y valoración.

La exconsejera Lucha Castro, protegida de Javier Corral, presentó su renuncia a la Judicatura el pasado 19 de septiembre, luego de las acusaciones del llamado “cochinero judicial”, caso mediante el cual se le acusa de manipular el proceso de elección de 57 jueces y 7 magistrados.

En la actualidad Sotelo Mesta fue separado de su cargo y Castro no ha sido cuestionada por su actuar al interior del Poder Judicial, a pesar de los múltiples señalamientos que la identifican como la operadora de la elección de los jueces y magistrados a modo, algunos de los cuales ya han tomado parte en juicios icónicos en los que se recibe línea de Palacio de Gobierno, como el de Maru Campos.