Local

Mete Mónica Vargas a sus padres a Pensiones

Burla la ley a pesar de ser la encargada de combatir actos irregulares en Gobierno

De la Redacción/El Diario

jueves, 05 agosto 2021 | 09:32

Chihuahua.- Apesar de las limitaciones financieras de Pensiones Civiles del Estado (PCE), los padres de la secretaria de la Función Pública, Mónica Vargas Ruiz, fueron dados de alta como derechohabientes de la institución, para lo cual se simuló que eran dependientes económicos de la funcionaria.

Los padres de la secretaria, Martín Pío Quinto Vargas Téllez y María Isabel Ruiz Morales, no se consideran en los supuestos de la dependencia económica de su hija que marcan los criterios de PCE, dado que tienen tres propiedades residenciales y comerciales adquiridas entre los años 1974 y 2011. De acuerdo con la respuesta a una solicitud de información presentada mediante la plataforma de transparencia, Vargas Téllez y Ruiz Morales fueron ingresados como derechohabientes el día 12 de agosto de 2020 por el Comité de Afiliaciones, que consideró a los beneficiarios como dependientes económicos de Vargas Ruiz.

en los Últimos 10 años Se les Ha negado el Servicio a BURÓCRATAS estatales

El organismo estatal de seguridad social y servicio médico enfrenta un pasivo circulante por más de 4 mil millones de pesos, según el reporte de su situación financiera al mes de junio de este año; además su pasivo actuarial ha subido de 116 mil millones de pesos en diciembre de 2020 a 121 mil millones de pesos al primer semestre de este año.

Actualmente, PCE reclama a sus organismos afiliados -dependencias de gobierno estatal, instituciones autónomas e independientes- pagos de recargos por más de mil 400 millones de pesos, que no le han cubierto en los últimos años.

Por dicha situación financiera, Pensiones ha hecho más rígidas sus reglas para el ingreso de derechohabientes. De hecho en la última década a los trabajadores de la burocracia estatal se le ha negado el servicio médico de PCE y sólo se le ha considerado para ingresar a cotizar a su fondo de seguridad social.

En ese contexto de estrechez financiera fue como se le dio ingreso como derechohabientes a los familiares de la secretaria, de acuerdo a la información oficial de la propia dependencia; la dependencia que encabeza Vargas Ruiz es la encargada de combatir acciones irregulares de funcionarios estatales.

AFILIACIÓN CONTRA LAS NORMAS DE PCE

El oficio REF-PCE/DPE0255/2020, firmado por el director de Prestaciones Económicas de Pensiones, José Luis Farrera, dirigido a Claudia Saraí Leyva, coordinadora de Vinculación Institucional, se brindó como respuesta a una solicitud de información a PCE fechada el 4 de noviembre de 2020.

En el documento se da cuenta que, en respuesta al requerimiento con el folio 132172020, en el que se pide informar “bajo qué supuesto y en qué fecha se aprobó por parte del Comité de Afiliación el estudio socioeconómico para la afiliación de los C. Martín Pío Quinto Vargas Téllez y María Isabel Ruiz Morales”. La respuesta textual del funcionario señala: “La afiliación de los señores se realizó bajo los supuestos del artículo 25 en su fracción VII del Reglamento de Servicios Médicos para los Trabajadores al Servicio del Estado de Chihuahua, en la sesión correspondiente al día 12 de agosto del año 2020 del Comité de Afiliación de Pensiones Civiles del Estado”.

El acta de la reunión del Comité de Afiliación al que se hace referencia la respuesta, se realizó en la sala de juntas de la Dirección Médica, convocada por la Dirección de Prestaciones. En el documento se establece que la asegurada que busca la afiliación de sus padres es la secretaria Vargas Ruiz.

El acta señala que la petición fue aprobada por Jorge Alberto Alvarado, coordinador jurídico de PCE; Ángel Villaseñor Benavides, director médico; José Luis Farrera, director de Prestaciones Económicas y Gamaliel Jara, supervisor de Trabajo Social. No se asienta la firma de Rosario Elvira Loya, jefa del Departamento de Afiliación.

Dicho comité, señala el acta, es la autoridad que decide si el estudio socioeconómico es aprobado o denegado para su afiliación. En el caso en mención procedió su aprobación por ser dependientes económicos de la secretaria Vargas Ruiz, según el dictamen oficial, en el que no se especifica la fecha de alta de los beneficiarios.

¿DEPENDIENTES ECONÓMICOS?

De acuerdo con personal de la institución estatal, el ingreso a Pensiones del Estado se ha hecho más rígido de unos años a la fecha, debido a la compleja situación financiera que se enfrenta, con pasivos en aumento desde hace décadas.

De ahí que la reglamentación interna establece que el Departamento de Afiliación y Vigencia debe cuidar cada ingreso y justificarlo mediante un estudio socioeconómico.

Además de la documentación habitual para trámites en PCE, para un alta nueva como dependientes económicos de un derechohabiente se solicita una constancia de situación fiscal de los aspirantes a ingresar y un original del certificado de inexistencia de propiedad, que expide el Registro Público de la Propiedad.

Además pide que los dependientes económicos no tengan acceso a otro servicio médico o de seguridad social, como pueden ser el IMSS, el ISSSTE o el Instituto Municipal de Pensiones, en el caso de los residentes de la capital del estado.

Por esas razones, los padres de asegurados que pretendan ser ingresados como derechohabientes, deben no contar con bienes ni con ingresos por sueldos, pensiones, jubilaciones o inversiones; esa es la razón, de acuerdo con personal de PCE, por la que se piden constancias que acrediten la calidad de dependientes económicos de los asegurados.

El artículo 25 del Reglamento de Servicios Médicos, en su fracción VII, que es con lo que se justifica oficialmente la afiliación de los señores Vargas Téllez y Ruiz Morales, señala textualmente que pieden beneficiarios de los asegurados: “(...) el padre y la madre, cuando dependan económicamente del asegurado”.

En este caso, se desconoce el criterio utilizado tanto por el Departamento de Afiliación y Vigencia como por el Comité de Afiliación; tampoco se transparenta la conclusión del estudio socioeconómico que llevó a considerar a los padres de la secretaria de la Función Pública como dependientes económicos de ella.

LOS BIENES DE LOS NUEVOS DERECHOHABIENTES Y LA CRISIS DE PCE

De acuerdo al archivo del Registro Público de la Propiedad, los padres de la funcionaria estatal tienen tres propiedades de alto y mediano valor.

La primera es una casa en la colonia San Felipe de alrededor de 400 metros cuadrados, ubicada en la calle Privada del Parque número 117. El valor del inmueble que se asienta en el registro es de 31 mil 200 pesos a precios de 1974, pero la zona es de alta plusvalía por ser un residencial tradicional de la capital del estado.

Otra propiedad es la adquirida en 2011, a 525 mil 500 pesos a precios de ese año. El inmueble se ubica en la calle Enrique Müller número 27 de la colonia Deportistas, al norte de la ciudad, y cuenta con mil 470 metros cuadrados. Es considerado lote comercial.

Finalmente aparece en el registro una copropiedad de la señora Ruiz Morales, casada bajo el régimen de sociedad conyugal, de una finca urbana de 85.5 metros cuadrados, adquirida en 2007 junto con sus hermanos, a un monto 72 mil 201 pesos.

Justo en la última parte del año pasado, el director general de Pensiones Civiles del Estado, Alberto José Herrera, denunció que a la institución los organismos afiliados le debían miles de millones de pesos, situación que le impedía hacerle frente a los compromisos con servicios médicos privados que contrata PCE para sus derechohabientes.

Incluso los hospitales privados de Chihuahua y Juárez le suspendieron los servicios a Pensiones por falta de pago.

A la fecha, según los estados financieros publicados por PCE en su plataforma de transparencia, reclama a los organismos afiliados, en su mayoría dependencias del Gobierno del Estado, el pago de recargos por mil 454 millones de pesos.

Además, los mismos estados financieros reconocen un pasivo circulante (deuda a proveedores y prestaciones laborales por pagar a corto plazo) por 4 mil 329 millones de pesos, monto menor menor a los 5 mil 051 millones de pesos reportados a diciembre del año pasado.

Además, la situación financiera a largo plazo (aportaciones al fondo de pensiones y pago de pensiones y jubilaciones en los próximos años) se presentaba al cierre del año pasado con una deuda actuarial de 116 mil millones de pesos, cuando el total del presupuesto del estado de Chihuahua al año es de 70 millones de pesos; y se proyectaba al cierre de junio hasta 121 mil millones de pesos.

Ante estos datos y la revelación del ingreso como derechohabientes de sus padres, fue buscada la secretaria Mónica Vargas a través de la vocera de la Función Pública, Sarahí Aguirre, pero no hubo respuesta de su parte.