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Ocurrió declive de Pensiones Civiles entre 2016 y 2021

Acumuló administración corralista denuncias penales, nepotismo y opacidad

Francisco Córdoba / El Diario

domingo, 28 agosto 2022 | 09:07

Chihuahua, Chih.- Durante la administración del exgobernador Javier Corral Jurado, la cual fue del 2016 al 2021, ocurrió el declive de Pensiones Civiles del Estado (PCE), institución que tiene adeudos al 2020 que alcanzan los 4 mil 282 millones de pesos, de acuerdo a la Auditoria Superior del Estado.

De acuerdo con el Informe Individual de la Auditoría Superior de Estado, practicado a Pensiones Civiles del Estado, en 2020 y dado a conocer en junio del 2021, la Secretaría de Hacienda adeuda 2 mil 202 millones, la Universidad Autónoma de Chihuahua, 1 mil 428, el Tribunal Superior de Justicia 182 millones y la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua, 469 millones, sumando un total de 4 mil 282 millones 887 mil pesos.

Diversas irregularidades fueron denunciadas en la gestión bundaron las denuncias del detrimento del servicio, falta de medicamentos, escándalos de nepotismo y opacidad en las cuentas que forman parte de los escándalos que empaparon a PCE durante la administración corralista.

Este declive fue denunciado principalmente por derechohabientes de las distintas instituciones, en las que desde hace años se brindaba la atención médica de mayor calidad en el estado.

Sin embargo, a partir de 2017, constantes denuncias de falta de medicamentos, deterioro en el servicio y demás, fueron constantes, según detallaron sobre todo maestros jubilados, quienes acostumbrados al buen servicio, de inmediato se percataron de que Pensiones dejaba de ser la eficiente y segura institución que conocían, según los registros de archivos periodísticos del propio Diario de Chihuahua.

Durante la administración estatal pasada, el diputado Omar Bazán presentó una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción por la detección de compra irregular de medicamentos sin licitación, retención de prestaciones de los trabajadores que no fueron enteradas, así como la construcción de 411 viviendas en Chihuahua, otras 782 viviendas rehabilitadas en Parajes de San José en Ciudad Juárez y otras 160 edificadas en Parral, irregularidades que en suma representaban un desvío de hasta 411 millones de pesos en la institución desde el 2017, año en que inició la gestión del exgobernador Javier Corral.

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos emitió una recomendación hacia el director general de Pensiones Civiles del Estado, Alberto José Herrera González, por “retener de manera indebida cuotas sindicales a más de 5 mil maestros pensionados y jubilados, debido a que ya no forman parte activa del Sindicato Nacional de Trabajadores Sección 42”, una situación que los propios jubilados calificaban como atropello y violencia económica por parte de la institución.

De igual manera salieron a relucir en la administración corralista, irregularidades en la entrega de contratos a empresas con investigaciones en curso, e incluso con sanciones, práctica que llegó a ser expuesta por el gobierno federal en el caso específico de la empresa “Farmacéuticos Maypo S.A. de C.V”, a la cual el Gobierno del Estado de Chihuahua, a través de Pensiones Civiles del Estado (PCE), pagó 299 millones 436 mil 266 pesos en la adquisición de medicamentos y otros productos.

Lo anterior, a pesar de que había sido señalada desde el 20 de marzo de 2019 por el propio presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, de estar presuntamente involucrada en prácticas monopólicas y de tráfico de influencias.

El incremento del padrón de derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado es otra de las situaciones que se ha considerado irregular, debido a la crisis que ya atravesaba la institución de salud, ya que dicho padrón incrementó en tan sólo cuatro años 3 mil 454 beneficiarios, al pasar de 84 mil 582 afiliados en enero del 2017 a 88 mil 036 al 31 de marzo del 2021 lo que representó un alza de 3.9 por ciento.

Sin embargo, estas nuevas incorporaciones de derechohabientes en pensiones, eran en muchas ocasiones calificadas como de “influyentes”, pues no cumplían “con los requisitos para gozar de los servicios, sangran las finanzas cada vez más frágiles de la dependencia, como era el caso de la titular de la Función Pública, Mónica Vargas Ruiz, cuyos padres ingresaron a PCE como dependientes económicos”, según lo informó El Diario de Chihuahua durante la gestión el exgobernador.

En este caso incluso legisladores se pronunciaron al calificar esta situación, como un claro ejemplo de corrupción y nepotismo, como fue el caso de la diputada panista Rocío González, quien dijo que estas acciones debían ser investigadas.

Derivado de estas irregularidades, actualmente existen investigaciones y denuncias, como la que interpuso la UACH en 2021 “en contra de quien, o quienes resulten responsables por no haber entregado el Impuesto Universitario que le pertenece a la Universidad, en el que se incluye el quinquenio del exgobernador Corral, señalaría el exrector, Luis Fierro Ramírez, al informar de la decisión, por la que especificó que “tan sólo en los 5 años de mandato de Javier Corral, la UACH dejó de recibir alrededor de 700 millones de pesos de dicho impuesto, lo que equivaldría, sin intereses, a la deuda que actualmente tiene con Pensiones Civiles del Estado”.

Asimismo desde Congreso se han avalado propuestas como la del diputado de Morena Benjamín Carrera Chávez en las que se exhortó al propio exgobernador Javier Corral, así como los titulares de Pensiones Civiles del Estado y de la Auditoria Superior del Estado, para lograr las sanciones correspondientes y resarcir el daño ocasionado a Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua por la omisión de pago de cuotas que generó una crisis financiera.

Recientemente también desde el pasado viernes en calidad de ciudadano, el abogado Cortinas Murra promueve de nueva cuenta el juicio político contra Javier Corral y cuatro servidores públicos más. “En el caso concreto, resulta evidente que los ex servidores públicos denunciados autorizaron -de manera reiterada durante 5 años- un multimillonario desvío de recursos del erario estatal, al no entregar, oportunamente, las cuotas y aportaciones correspondientes a Pensiones Civiles, en los términos y plazos establecidos en el Art. 22 de la Ley de Pensiones Civiles”, detalla la denuncia.

fcordova@hotmail.com