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Pagaron 27 mdp a empresa de blindaje por insumos Covid

La ASE detectó a tres proveedores con actividades comerciales no relacionadas con los bienes objeto de los contratos

Bernardo Islas / El Diario

viernes, 24 diciembre 2021 | 08:46

El Instituto Chihuahuense de la Salud (Ichisal) y Servicios de Salud pagaron el año pasado más de 27 millones de pesos por pruebas Covid, mascarillas y overoles, entre otros insumos, a empresas que no pertenecen a ese sector, tales como IBN Industrias Militares y de Alta Tecnología Balística S.A. de C.V., dedicada al blindaje, Globtech / Caper Elaboración y Distribución S de R.L M.I., dedicada a la tecnología y el proveedor Sergio Isaac Hernández Sáenz, cuya actividad es el comercio de productos perecederos.

Lo anterior según los informes de las revisiones realizadas por la Auditoría Superior del Estado (ASE), presentados el pasado 15 de diciembre de 2021 a la presidenta de la Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado, Leticia Ortega Máynez.

De acuerdo a los resultados de mencionados informes, la ASE detectó la irregularidad de la invitación a proveedor con actividades comerciales no relacionadas con los bienes objeto de los contratos, por lo cual presenta la promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria.

Por dichas irregularidades instruye que se deben realizar las investigaciones pertinentes respecto al hallazgo detectado y en su caso inicie el procedimiento administrativo correspondiente contra los servidores públicos o particulares que, en el ámbito de su competencia, invitaron a un proveedor con actividades comerciales no relacionadas con los bienes objeto del contrato.

Cabe señalar que el párrafo sexto del artículo 72 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua, señala que en cualquier supuesto se deberá invitar a proveedores que cuenten con capacidad de respuesta inmediata, así como con los recursos técnicos, financieros y demás que sean necesarios, y cuyas actividades comerciales o profesionales estén relacionadas con los bienes o servicios objeto del contrato a celebrarse.

Caper Elaboración y Distribución, estableció tres contratos con Servicios de Salud, todos adjudicados de manera directa, el primero el 26 de marzo de 2020 por un monto de 1 millón 566 mil pesos por la adquisición de 300 mil cubrebocas tres capas; el segundo el 27 de marzo de 2020 por un monto de 5 millones 792 mil 460 pesos por la compra de 500 mil cubrebocas tres capas y 17 mil 700 overoles de tallas L, XL y 2XL.

Asimismo se le asignó un tercer contrato por un monto de 5 millones 278 mil pesos para adquirir 70 mil cubrebocas KN-95, el 31 de marzo de 2020; mientras que al Ichisal le cobró8 millones 642 mil pesos, por concepto de adquisición de cubrebocas 3 capas y KN95, contrato realizado el 31 de marzo de 2020, según el informe presentado por la ASE.

De los procedimientos de auditoría efectuados, se detectó que la actividad económica de la persona moral denominada Caper Elaboración y Distribución, se desarrolla en la industria de las tecnologías de la información, ofreciendo productos y servicios tales como: equipos de cómputo, consumibles, accesorios, refacciones, servicios de soporte técnico, sistemas de transportación de información, integración de sistemas de seguridad, redes de datos, entre otros, manejando ventas al mayoreo y menudeo.

Por lo cual no está justificada los dictámenes de procedencia realizados por los entes publicos, además se presentó una promosión de responsabilidad administrativa sancionatoria por no realizar un estudio de mercado, tras realizar la adjudicción directa.

En cuanto a IBN Industrias Militares y de Alta Tecnología Balística, Servicios de Salud erogó recursos por la cantidad de 1 milllón 817 mil 662 peso, por concepto de adquisición de 5 mil pruebas rápidas para detección del virus Covid-19, que fueron adjudicados de manera directa el 7 de mayo de 2020, los cuales además estaban sin registro sanitario.

Lo anterior en incumplinento señalado en el artículo 376 de la Ley General de Salud, el cual establece que requieren registro sanitario los medicamentos, estupefacientes, substancias psicotrópicas y productos que los contengan; equipos médicos, prótesis, órtesis, ayudas funcionales, agentes de diagnóstico, insumos de uso odontológico, materiales quirúrgicos, de curación y productos higiénicos, así como los plaguicidas, nutrientes vegetales y substancias tóxicas o peligrosas.

Por lo cual la ASE recomienda la implementación de procedimientos de control interno y/o mecanismos que permitan garantizar una adecuada mitigación de riesgos y el logro de objetivos en la categoría de información.

Otro de los proveedores con actividades comerciales no relacionadas con los bienes objeto del contrato, es la persona física Sergio Isaac Hernández Sáenz, quien el 31 de julio de 2020, firmó un contrato por un monto de 4 millones 150 mil 422 pesos, por concepto de accesorios y suministros de laboratorio, como lo son alcohol etílico, puntas de pipeta, pruebas PCR, entre otros.

De acuerdo a la información presentada por la auditoria Hernández Sáenz su actividad económica es asalariado, comercio de huevos de gallina y de otras aves, comercio de frutas y verduras frescas, comercio de carnes rojas, además de preparación de embutidos y otras conservas de carne de ganado y aves.

También se dedica a laboratorios de pruebas, actividad que se describe como servicio de realización de pruebas químicas, físicas y similares como pruebas acústicas, ópticas, eléctricas y electrónicas, destructivas y no destructivas, de fuerza y presión, de flujo y volumen, biológicas, de calibración y térmicas.

Cabe señalar que El Diario, el 4 de marzo de 2021, había publicado que una empresa dedicada al blindaje (IBN Industrias Militares y de Alta Tecnología Balística SA de CV) y otra a la tecnología (Globtech / Caper Elaboración y Distribución S de R.L M.I.), surtieron al estado de mascarillas, overoles y pruebas Covid-19.

En ese entonces se manejó una cifra documentada de 23 millones de pesos, de acuerdo al reporte que proporcionó el Comité Estatal Anticorrupción, que ahora quedó documentado por la revisión de la Auditoría Superior del Estado.