César Lozano/El Diario

viernes, 16 diciembre 2022 | 13:30

Chihuahua, Chih.- Los casos de Alan Rentería Rentería y Juan Pablo Martínez Ponce, funcionarios universitarios que al final de la Rectoría a cargo de Luis Fierro se atribuyeron indemnizaciones ilegales antes de regresar a su puesto, se debe castigar conforme marca la ley.

Así lo consideraron los dos principales coordinadores de fracciones legislativas en el Congreso del Estado, Mario Vázquez del PAN y Cuauhtémoc Estrada del PRI, quienes respaldaron el trabajo de la Auditoría Superior del Estado.

Mario Vázquez aseguró que la Auditoría Superior del Estado realizó su trabajo y que no debe quedar impune ningún caso en donde algún funcionario público extralimite sus derechos u obligaciones, y que habría que ver en un sentido estricto de la ley qué corresponde.

“La ley debe aplicarse y creo que la ASE está ejerciendo su facultad de revisión y está aplicando estas anomalías irregulares y la sanción que corresponda, ya sea en la UACh o en cualquier órgano donde se exceda en la atribución de las administración o de los funcionarios públicos que tienen que ver con estas indemnizaciones”, declaró.

“Hubo una irregularidad y ellos también se prestaron a eso a sabiendas de que iban a regresar a una función académica y además recibieron una indemnización”, insistió.

Cuauhtémoc Estrada, por su parte, dijo que las sanciones están establecidas con claridad y se deben aplicar con la proporcionalidad debido, y además dijo que se deben revisar todos los excesos al interior de las universidades autónomas, donde funcionarios y rectores reciben sueldos estratosféricos, así como en los órganos autónomos.

Auditoría Superior del Estado presentó ayer el informe general y los ejercicios de auditoría a 171 órganos estatales y de manera especial presentó el informe de Rentería Rentería quien recibió 120 mil pesos por indemnización indebida, así como de Martínez Ponce que recibió 138 mil.