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Para evadir aprobación del Congreso

Planearon Arturo F.V. y Eduardo F., crédito ilegal

Fue usado para saldar deuda de Hacienda; tuvo costo de 24 mdp para el Estado

Orlando Chávez/ El Diario

martes, 16 mayo 2023 | 08:00

Chihuahua.- En la audiencia inicial en la que Eduardo F.H., exsecretario de Salud, recibió la libertad con garantía económica, quedó asentado que el crédito de más de 401 millones de pesos que solicitó ilegalmente a nombre de Ichisal, sin la aprobación del Congreso del Estado en marzo del 2021 y con daño al erario por 24 millones de pesos en intereses a favor del banco que realizó el préstamo, fue avalado por el titular de la Secretaría de Hacienda, Arturo F. V. 

En el desarrollo de la audiencia contra el exfuncionario estatal, ante el juez César Alberto Villalba Máynez, bajo la causa penal 1641/2023 incoada por uso indebido de atribuciones y facultades, el representante del Ministerio Público explicó la manera en que el imputado participó en la realización de una serie de acciones que involucraron las finanzas del Instituto Chihuahuense de la Salud (Ichisal), con intervención de la Secretaría de Hacienda.

En la formulación de imputación, el Ministerio Público sostuvo ante el juez que el 3 de marzo de 2021, el exfuncionario, siendo secretario de Salud, contrató un crédito ilegal a cargo del Ichisal por la cantidad de 401 millones 364 mil 155.59 pesos, mediante un convenio atípico, por el que se reconoció un “adeudo” del organismo y que, posteriormente, entregaron los derechos de cobro a la institución bancaria Bansi, S.A., Institución de Banca Múltiple, la cual se cobró los intereses y cuotas.

Recalcó que se trató de un procedimiento irregular ya que, en realidad, no fue ceder los derechos del convenio de reconocimiento de adeudo y pago, sino contratar financiamiento, lo que debe entenderse como deuda, según lo que establece la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

Detalló que, del total de la deuda, quedó disponible para el Ichisal la cantidad de 377 millones 249 mil 938.44 pesos, mientras que el restante, 24 millones 114 mil 217.15 pesos, fue absorbido por la institución bancaria Bansi por concepto de intereses y otras comisiones. Posteriormente se dio la instrucción para que el Banco depositara en una cuenta de BBVA el resto del dinero. La parte acusatoria señaló que el recurso se habría utilizado para cubrir un adeudo de la Secretaría de Hacienda correspondiente al ejercicio fiscal 2020.

Los seis pagos que se ordenó hacer a Bansi por instrucción de la instancia estatal fueron en las siguientes fechas: marzo 2021, 20 millones de pesos; abril 2021, 20 millones de pesos; mayo 2021, 20 millones de pesos; junio 2021, 120 millones de pesos; julio de 2021, 120 millones de pesos, y el último del 31 agosto de 2021 por 101 millones 364 mil 155.59 peso, siete días antes de concluir la administración.

En la audiencia, el representante del Ministerio Público presentó la declaración escrita de un testigo que, al conocer los movimientos financieros realizados dentro del Ichisal, advirtió a los funcionarios que lo que estaban por hacer era indebido, ya que no se podría reflejar en las cuentas de la institución.

La persona que declaró les indicó directamente a los funcionarios estatales que estaban a cargo del Ichisal, que no era viable pedir un crédito a nombre del Instituto para cubrir un reconocimiento de adeudo, y que sería en seis mensualidades como se cubriría la deuda que estaba pendiente por 401 millones de pesos, a petición de la Secretaría de Hacienda.

El próximo viernes a las 09:30 horas será resuelta la situación jurídica de Eduardo F. H., exsecretario de Salud del Estado, luego de que la defensa del imputado solicitó la duplicidad del término legal para que sea celebrada la audiencia de vinculación.

Al concluir la audiencia de formulación de imputación y después de horas de deliberación, el juez César Alberto Villalba Máynez, negó la prisión preventiva que había pedido el Ministerio Público contra el imputado y estableció medidas cautelares para que siga el proceso en libertad.

Luego de escuchar a la defensa y la parte acusadora, el juez señaló que, si bien el imputado cruzó a los Estados Unidos en varias ocasiones, la realidad es que regresó al territorio nacional, por lo que incluso fue posible ejercer la orden de detención.

Agregó que las medidas cautelares que deberá cumplir el exfuncionario son: entregar su pasaporte y visa, no salir de la ciudad, firmar cada semana en el juzgado y dejar una garantía de 800 mil pesos, pagaderos en seis meses. Luego de establecer estas condicionantes, ordenó que fuera puesto en libertad.

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