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Reprime el Estado protestas con policías

En la ciudad, al menos 7 manifestaciones han sido contenidas por la fuerza pública

Bernardo Islas/El Diario
miércoles, 04 septiembre 2019 | 10:40
Juan Alanís/El Diario

Chihuahua.- El gobierno del Estado ha usado la Fuerza Pública en al menos ocho ocasiones para retirar a manifestantes en la ciudad de Chihuahua, sin contar las varias acciones para desalojar a familias de sus viviendas por órdenes de jueces, según los archivos periodísticos.

La gran mayoría de los desalojos de manifestantes es contra los transportistas quienes entre otras cosas piden el aumento a la tarífa del servicio público de trasnporte, además de un par de ocasiones contra ciudadanos que mantenían una lucha social, el más reciente contra maestros.

Asimismo el pasado 3 de enero de 2017 el gobernador Javier Corral Jurado declaró que no tolerarán afectaciones al libre tránsito de los chihuahuenses, así como afectación a las finanzas públicas, por lo cuál podría utilizar la fuerza pública.


Casos donde se utilizó la fuerza pública contra manifestantes:

19 de octubre 2016.- Agentes de la Fiscalía General del Estado, Policía Municipal e inspectores de Transporte, arribaron al centro de la ciudad cerca de las tres de la mañana para retirar por la fuerza a los choferes que mantenían un paro desde la seis de la mañana de un día anterior.


28 de febrero 2018.-  De nueva cuenta Elementos de la Policía Vial y Estatal, utilizaron la fuerza pública para retirar a los transportistas que se manifestaban a las afueras de Palacio de Gobierno por el acoso que sufren por parte del estado. En esta ocasión se detuvio al vicepresidente de la Conatram Edgar Olivas.


31 de agosto 2018.- Un fuerte operativo se realizó en el Cereso de Aquiles Serdán para evitar el traslado de Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, alias “La Coneja”, hacia los Juzgados Federales, donde se realizará una audiencia en la que presuntamente la PGR habría de desistir de los cargos en su contra.


1 de marzo 2019.- Policías estatales retiraron por la tarde con uso de la fuerza a decenas de transportistas que mantenían una protesta en el Centro de la ciudad con sus vehículos de carga y detuvieron a dos de sus principales líderes, acusan al gobierno de aplicar estrategías recaudatorias a través de excesivas y constantes multas por exceso de peso.

Uno de los detenidos fue Édgar Olivas, presidente de la Comisión Nacional de Transporte (Canatran), y el otro como Fabián Moreno, al parecer el segundo al mando de la organización.


25 de mayo 2019.- Elementos de la Policía Estatal hicieron uso de la fuerza pública para someter a los ejidatarios que anunciaron la apertura de la “Brecha Digna Libertad”, ubicada a la altura de la Caseta de Sacramento. Entre golpes y jalones, fueron detenidos un joven identificado como Gustavo Villegas Macías, quien resultó con golpes en el rostro luego de ser sometido por los agentes, en tanto que también se detuvo a una mujer, identificada como Delia Villegas Macías.

Momentos antes fueron detenidos Fernando Flores y otras tres personas durante el intento de rellenar la zanja abierta en mencionada brecha, con ayuda de tractocamiones quienes se sumaron a otros tres hombres detenidos en el transcurso de la mañana.
 

5 de agosto 2019.- Luego de varias horas de que vecinos de la colonia Santo Niño mantuvieran un plantón impidiendo los trabajos de construcción del Centro de Atención Múltiple en las canchas del deportivo, fueron desalojados de la puerta principal por agentes de la Policía Estatal.
 Después de un diálogo con las autoridades que duró más de una hora, los vecinos aún se negaban a que los trabajadores y la maquinaria ingresaran al lugar para continuar con los trabajos de construcción del CAM luego de que un juez dictara una suspensión. Fue necesaria la presencia de los elementos de la Policía Estatal para que dialogaran con los vecinos, y tras una hora de debate lograron retirarlos para que iniciaran los trabajos.


3 de septiembre 2019.- Empleados de preparatoria y telebachillerato fueron desalojados por policías estatales de su plantón frente al edificio Héroes de Reforma para exigir el pago de su aumento salarial y retroactivos. Poco más de 20 patrullas de la Comisión Estatal de Seguridad fueron las suficientes para retirar a los maestros inconformes que se manifestaban en el primer cuadro de la ciudad.

En otras ciudades no faltó el uso de la fuerza pública para lograr retirar a los manifestantes como el pasado 11 de enero 2017 en donde entre agresiones, gritos, lesionados y detenidos, en medio de un ambiente de indignación y un hecho sin precedentes en Delicias, se realizó el desalojo de manera violenta del Edificio Lerdo de Tejada.

Los manifestantes expresaron que tendrá que ser el Gobernador del Estado de Chihuahua, Javier Corral Jurado, quien tenga que responder ante estas acciones realizadas por la Policía Estatal de Grupo Especial de Antomitines, encabezadas y autorizadas por un elementos que su insignia lo identificaba como Lic. Adame.

Asimismo el primero de febrero 2017 en ciudad Juárez un centenar de manifestantes desalojó el edificio estatal a las 2:26 de la tarde, luego de que un oficial de la Policía Estatal les pidió retirarse porque ya iban a cerrar el inmueble. Más de un centenar de elementos de la Policía Estatal y Municipal, así como de la Fiscalía General del Estado los tenían casi rodeados.


DEDICA LEY UN CAPITULO PARA USO DE LA FUERZA PÚBLICA

Un capítulo completo dedicado al uso de la fuerza pública está incluído en la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública el cuál está divido en cuatro secciones donde se toca el tema de los objetivos y principios; las bases; capacitación y adiestramiento; y una cuarta que habla de la responsabilidad por el uso ilícito de la fuerza pública, estos van del artículo 266 hasta el 290.

Dentro de los objetivos es hacer cumplir la Ley; evitar la violación de derechos humanos, así como garantizar y salvaguardar la paz y el orden públicos;  mantener la vigencia del Estado de Derecho; Evitar la ocupación, daño, deterioro o destrucción de la propiedad pública o privada y de instalaciones o infraestructura destinados a los servicios públicos.

Además de garantizar el normal funcionamiento de servicios públicos y el libre tránsito de personas y bienes; y disuadir, mediante el racional despliegue de la fuerza, a personas que participen de manera violenta en conflictos que pongan en riesgo la paz y el orden públicos.