Orlando Chávez/El Diario

lunes, 28 noviembre 2022 | 08:00

Chihuahua, Chih.- El exfiscal de Derechos Humanos, Francisco G. A., fue vinculado ayer a proceso por el delito de tortura, bajo la causa penal 3176 – 22 y permanecerá en prisión preventiva por un lapso de tres meses, mientras se realizan investigaciones complementarias.

El juicio está programado para iniciar el 27 de febrero del próximo año, según estableció la jueza Hortensia García.

Dentro de las investigaciones, la Fiscalía General del Estado (FGE) solicitó la realización de un perfil psicológico al exfiscal.

El proceso legal que inició el lunes de la semana pasada con su detención en la ciudad de Delicias, requirió de 40 horas de audiencias, tanto en la formulación de cargos como en la vinculación.

Este caso representa la segunda vinculación que recibe un funcionario de la pasada administración, ya que el 18 de este mes fue vinculada por el delito de uso indebido de funciones, Paulina del Rocío L., exdirectora de Administración de la Coordinación de Comunicación Social.

En la audiencia de formulación de cargos del jueves, se determinó que en este caso aplica la prisión preventiva como medida cautelar, ya que permitir que el imputado esté en libertad genera el riesgo de que exista alguna actuación contra la presunta víctima

El exfiscal deberá permanecer en prisión el tiempo que establecido para las investigaciones, el cual fue de tres meses. La jueza determinó que quedará en prisión preventiva y que se garantizará su seguridad en el interior del penal de Aquiles Serdán.

Previo a la vinculación, un grupo de abogados que lo apoyan, expresó que tienen vías legales para lograr que salga de prisión, además de que declararon que los elementos presentados por la Fiscalía en este caso no tienen solidez, por lo que apelarán la decisión de la juzgadora.

La jueza Hortensia García apuntó que las pruebas presentadas durante la audiencia permiten presumir que existe un delito que será investigado, por lo que hay elementos para un juicio.

En la audiencia de formulación de cargos del jueves, la jueza determinó que en este caso aplica la prisión preventiva como medida cautelar, ya que permitir que el imputado esté en libertad, genera el riesgo de que exista alguna actuación contra la presunta víctima y las personas que declararon en este caso.

La acusación en contra de Francisco G.A., está basada en la declaración de una persona, quien señaló haber recibido presiones e interrogatorios exhaustivos que llegaron a ser hasta de 16 horas, entre febrero del 2017 y noviembre del 2018, en los cuales estaba impedido de levantarse de la silla, tomar agua o utilizar el sanitario La persona denunciante precisó que la presión de la que fue objeto tenía como finalidad que declarara en los procesos legales de los llamados Expedientes X, los cuales eran llevados por un equipo encabezado por el imputado, en la estrategia Justicia para Chihuahua.

A seis personas que habrían pasado por estos interrogatorios les fue aplicado el Protocolo de Estambul, el que arrojó como resultado que tenían afectaciones psicológicas, propias de quienes han pasado por una experiencia traumatizante.

La defensa, la cual casi todo el proceso fue encabezada por el mismo acusado, estuvo centrada en señalar los motivos por los cuales no debió ser recluido en prisión, por lo que fue presentada una aceptación de un juicio de amparo la noche del miércoles, pero la jueza explicó que no procedía en la etapa en que estaba el proceso.

En la audiencia de vinculación concluida ayer, la jueza leyó los argumentos por los cuales procedió el iniciar la etapa de las investigaciones, mientras que lo que respecta a lo señalado por la defensa, al cuestionar el procedimiento, dijo que tales señalamientos no corresponden a la etapa inicial y que podrán hacerlo en otra parte del proceso.

La jueza expresó una serie de puntos para responder a la defensa del exfiscal, la cual anteriormente apuntó que los delitos imputados no son tortura, a lo que le jueza expresó que tanto la ONU como la OEA han señalado que los métodos que son realizados para afectar el aspecto psicológico de una persona, pueden encuadrar como tortura. La noche del sábado trascendió que más de 100 testigos con identidad reservada fueron citados en el gobierno de Javier Corral, durante los años 2016 a 2021, en la Casa de Gobierno ubicada en la avenida Zarco y calle 24,

Lo anterior, según reveló un agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Análisis Financiero de la Fiscalía General del Estado (FGE), quien ese tiempo laboró como supervisor de la unidad especializada en la cual trabajaban 45 personas entre peritos, analistas, ministerios públicos y demás personal.