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Retiró Corte tema sobre prisión preventiva oficiosa

Ministro Aguilar elaborará proyecto

/ El ministro Luis María Aguilar Morales

Argelia Domínguez/El Diario

viernes, 09 septiembre 2022 | 05:00

Chihuahua.- Con la intención de elaborar un nuevo documento que tomen en cuenta las posturas del resto de los ministros, Luis María Aguilar Morales retiró su proyecto sobre la inconstitucionalidad e inconvencionalidad de la prisión preventiva oficiosa que buscaba invalidar diversas disposiciones legales, mediante la inaplicación del segundo párrafo del artículo 19 de la Constitución Política Mexicana.

Al no alcanzar una mayoría para poder declarar inconstitucional de dicha medida, Aguilar Morales consideró necesario reelaborar el proyecto que generó polémica en el pleno debido a que la mayoría de los ministros consideraron que el máximo tribunal no está facultado para inaplicar o modificar la Carta Magna, sino solamente para interpretarlo a fin de establecer un parámetro de regularidad constitucional.  En todo caso, concluyó la mayoría del pleno, debería ser el constituyente permanente quien realice las modificaciones correspondientes, en respeto al principio de división de poderes.

Antes de votar el proyecto del ministro subrayó que éste nunca estableció declarar la inconstitucionalidad de la propia Constitución, sin embargo, ante los razonamientos expuestos por el pleno, decidió replantar su análisis para presentar una nueva propuesta de resolución.

"En aras de construir una decisión que proteja los derechos de todas las personas, retiro el proyecto para reconstruir la propuesta y con ello, tratar de unir los puntos de conexión, así como matizar los disensos que nos separan, a fin de proponerles una nueva metodología que nos permita expulsar los efectos dañinos de la prisión preventiva automática que ocasiona en la vida de las personas y de las familias mexicanas", expuso.

De haberse aprobado el proyecto original, la Corte hubiera ordenado la inaplicación del precepto constitucional señalado y con ello se invalidaría el párrafo séptimo del artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y del artículo 5, fracción XIII, de la Ley de Seguridad Nacional,  así como la reforma de noviembre de 2019 que estableció prisión preventiva forzosa para los delitos de emisión de facturas por servicios inexistentes, de fraude fiscal y contrabando, por montos superiores a 8.7 millones de pesos.

En la misma sesión, la ministra Norma Lucía Piña Hernández también retiró un proyecto similar respecto al amparo en revisión 355/2021 por Brandón Alexis Flores Ramírez y otro, contra actos del Congreso de la Unión consistentes en la discusión, aprobación y promulgación del artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, así como de la Jueza de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Sur, consistentes en el control de la detención, imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y vinculación a proceso, dictados el 23 y 28 de mayo 2020 dentro de la causa penal 160/2021.

En dicho proyecto se abordaba el tema de la prisión preventiva como medida inconvencional violatoria de los derechos de libertad personal, presunción de inocencia y su constitución como una pena anticipada. Sin embargo, ante las posturas vertidas durante las dos sesiones previas por parte del resto de los ministros, Piña Hernández decidió retirar el proyecto para trabajar en una nueva resolución de consenso que incluyera las opiniones y argumentos del resto del pleno.

Pese a que ninguno de los proyectos fue votado, y que se externaron argumentos en contra de ellos, el tribunal pleno no dejó de reconocer que el Estado Mexicano ha sido condenado por diversos organismos internacionales por la aplicación de la prisión preventiva de manera oficiosa, ya que deja de ser una medida excepcional, e  incluso reconocieron que es violatoria de los derechos humanos reconocidos en el artículo primero constitucional que, junto a los tratados internacionales, establecen el parámetro de regularidad para evaluar el contenido de la normas y determinar si atentan contra los derechos fundamentales.