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Roban en Aduana mercancía de avión de Estafeta

Investiga FGR red de exfuncionarios por falsificación y hurto en el Aeropuerto Internacional de Chihuahua

El Diario

David Piñón/ El Diario

lunes, 20 septiembre 2021 | 12:53

Chihuahua.- La Fiscalía General de la República (FGR) abrió una investigación contra exfuncionarios de la Aduana de Chihuahua, por falsificación de firmas y robo de una caja con celulares de alta gama que habían arribado a la entidad procedentes de Estados Unidos.

Fue la empresa de paquetería Estafeta la que presentó una denuncia formal el pasado mes de agosto, por el robo de un paquete ocurrido durante una revisión a la aeronave de carga que aterrizó en el Aeropuerto Internacional Roberto Fierro Villalobos el mes de noviembre de 2020.

La investigación de la empresa nacional, que tiene más de 40 de experiencia, arrojó que se habían falsificado firmas de un empleado de la misma y de otro de la Aduana, por lo que interpuso la querella ante el Ministerio Público Federal.

Además, la misma Dirección de la Aduana de Chihuahua presentó otra denuncia también por el delito de robo, falsificación de documentos y lo que resulte, que implica a varios exfuncionarios de la dependencia, identificados como mandos en la estructura de operación aduanera tanto dentro como fuera del aeropuerto internacional.

El Diario tuvo acceso a la denuncia presentada por Estafeta así como a los acuerdos que obran en la carpeta de investigación FED/CHIH/ Chih/001426/2021 de la FGR, en la que se detalla el modo concreto del robo y la falsificación, lo que además generó pesquisas más amplias de la autoridad federal por la operación de una red dedicada a estos y otros delitos dentro de la Aduana.

En los documentos se mencionan los nombres de los empleados afectados con la falsificación de sus firmas, así como los que intervinieron en una revisión irregular, quienes fungían como administrador de la Aduana, Marco Licón Barraza; el subadministrador Paulo Tomás Salas; un jefe de departamento de la misma dependencia, Jorge Arturo Chavira y un operador aduanero, Gerardo Castillo.

Hasta el momento no se han determinado responsabilidades por parte de la autoridad investigadora federal, que continúa con las pesquisas.

Robo de apenas 60 mil pesos exhibe complicidades

El jueves 12 de noviembre de 2020 por la noche, el carguero de Estafeta Boeing 737 con matrícula XAGGB aterrizó en el aeropuerto internacional de Chihuahua con mercancía importada de Estados Unidos.

El personal de la Aduana de la capital procedió a la revisión rutinaria que se realiza con el fin de corroborar la importación correcta y la debida fiscalización de los productos que llegan del extranjero, pero una caja debidamente documentada desapareció.

El contenido de dicha caja eran celulares de alta gama que había pedido un cliente en Zacatecas, con un valor de factura de más de 60 mil pesos, de acuerdo a la documentación formal ofrecida en la querella por parte de la empresa de paquetería.

Al solicitar el cliente su producto en una sucursal de Estafeta en aquella entidad, se le comunicó que su paquete se había quedado en la Aduana de Chihuahua en trámites, por lo que se tardaría en ser entregado.

Pero no había motivo ni se realizó el trámite debido para un procedimiento de inspección aduanero, hecho que generó una queja del cliente de Zacatecas contra la empresa de mensajería nacional e internacional, tras lo cual se realizó una investigación interna.

Fue hasta el mes de junio de este año que Estafeta buscó en la Aduana de Chihuahua cuál había sido el motivo de la retención del paquete con celulares, encontrándose con la respuesta de que dicha caja había sido inspeccionada y de inmediato regresada para su entrega en la entidad vecina, hecho sobre el cual incluso existía un acta oficial.

Pero la caja nunca apareció, más allá de los documentos oficiales que asentaban su aseguramiento para el trámite aduanero y la supuesta devolución nunca realizada.

Falsificaron firmas de Estafeta y de la Aduana

A raíz del robo o desaparición del paquete, la empresa privada presentó una denuncia formal el pasado 6 de agosto, luego de enfrentar un proceso en la Procuraduría Federal del Consumidor, donde el cliente de Estafeta había presentado su queja por no haber recibido su paquete.

La denuncia ante la Fiscalía General de la República, firmada por el apoderado legal de Estafeta, Fernando Borunda Bustamante, señala que el 15 de junio de este año, en seguimiento a la desaparición del envío ocurrido desde noviembre del año anterior, acudió a la Aduana de Chihuahua junto con Jesús Guillermo Ramírez Fernández, empleado de la misma empresa.

En la dependencia federal le confirmaron que de acuerdo con la legislación vigente, el personal de la Aduana había ejecutado una orden de verificación.

De dicho proceso, la Aduana exhibió una supuesta acta parcial circunstanciada, identicada como “Acta 60/2020”, en la cual el empleado de Estafeta firmaba de acuerdo en la verificación.

Sin embargo, el trabajador de la empresa, negó que fuera su firma la que aparecía en el acta junto con otras firmas: la de Jorge Arturo Chavira Gómez, jefe del Departamento de Vigilancia y Control de la Aduana; Gerardo Castillo Olmos, verificador, y Álvaro Acosta Villavelázquez, como testigo.

“Dicha Acta 60/2020 en ningún momento le fue notificada a personal de mi representada (Estafeta) y bajo protesta de decir verdad, el empleado Jesús Guillermo Ramírez no firmó dicho documento (...) su firma fue falsificada”, asienta la denuncia de la empresa de mensajería y paquetería.

“Lo anteriormente relatado, resulta ser a todas luces una falsificación de documento, realizada presumiblemente por personal de la Aduana de Chihuahua establecida en el aeropuerto internacional Roberto Fierro Villalobos”.

En el acta 60/2020, además, se encontró que la firma del supuesto testigo Álvaro Acosta Villavelázquez, tampoco correspondía a la suya, y el mismo empleado negó que hubiera signado dicho documento.

Acosta Villavelázquez, según obra en la investigación, incluso dirigió un oficio a la empresa de paquetería y a sus superiores de la Aduana, para dar cuenta de que apenas en junio se había enterado de la existencia de un acta en la que aparecía su supuesta firma, la cual desconoció.

En el documento donde desmiente haber signado como testigo, presenta su firma real, con notorias diferencias a la asentada en el acta de verificación del paquete robado o extraviado.

De esta forma, tanto en la denuncia como en las primeras investigaciones de la Fiscalía General, se determinó que presumiblemente se habían falsificado las firmas del empleado de Estafeta como del de la Aduana de Chihuahua.

También denuncia la Aduana a exfuncionarios

El mismo día que Estafeta presentó su denuncia, el 6 de agosto pasado, la Aduana de Chihuahua presentó una querella formal ante la Fiscalía General de la República, también por la falsificación de la firma de uno de sus empleados, la de Álvaro Acosta Villavelázquez.

Personal del Ministerio Público Federal confirmó la existencia de la otra denuncia, en la cual se detalla el caso y se presume un modo de operar de exfuncionarios de la dependencia que ahora están bajo investigación.

Cuando ocurrieron los hechos fungían como funcionarios: Marco Licón Barraza, administrador de la Aduana de Chihuahua; como subadministrador, Paulo Tomás Salas Jiménez y como jefe del Departamento de Vigilancia y Control, Jorge Arturo Chavira Gómez, según el organigrama de la dependencia federal.

Las denuncias que derivaron en la averiguación formal de la FGR, de acuerdo a las fuentes del MPF, han avanzado en las últimas semanas con el envío de citatorios a los trabajadores, funcionarios y exfuncionarios de la Aduana.

Hasta el momento, según la información disponible, no se han girado órdenes de aprehensión ni requerimientos judiciales contra los presuntos responsables, pero el caso podría judicializarse en los días siguientes a partir de los descubrimientos que haga la autoridad investigadora.

Para obtener una postura institucional de la Aduana de Chihuahua, fue buscado el administrador, José Luis Contreras Cruz, quien se negó a recibir llamadas telefónicas y a través de una empleada indicó que cualquier información debía solicitarse a las oficinas centrales de la dependencia o bien por la plataforma de transparencia federal.

Sin embargo, fuentes no oficiales de la FGR confirmaron la existencia de las dos denuncias que siguen su curso, igual que personal de la empresa de mensajería y paquetería.