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Aprueban extradición de César H. D. J.

Siete años de jugar con el poder

En septiembre de 2014 se interpuso la primera denuncia en su contra; 7 años más tarde ordenan extraditarlo

Archivo / El Diario de Chihuahua / Se le acusa de desvíos cuantificados en más de 6 mil millones de pesos; las órdenes de aprehensión que existían en contra del exmandatario documentaron otros mil 200 millones de pesos
Archivo / El Diario de Chihuahua / Se le han incautado inmuebles con valor aproximado de 500 millones, con ranchos de más de 100 mil hectáreas
Archivo / El Diario de Chihuahua / Lugar en el que fue detenido en julio de 2020

Salud Ochoa / El Diario de Chihuahua

miércoles, 10 noviembre 2021 | 07:20

Chihuahua.- “El poder es para poder, no para no poder”, dijo César H. D. J. en octubre de 2010, el día que tomó protesta como gobernador constitucional de Chihuahua ante miles de ciudadanos congregados en la plaza del Ángel. La frase hizo eco, se quedó en el imaginario colectivo, pero también en su propia historia. 

Ha transcurrido más de una década desde ese día y tras las denuncias reiteradas en su contra, la definición del término repetido tres veces en su frase, está más vigente que nunca.

En 2014, en medio de los estertores de su mandato, se interpuso la primera denuncia en su contra por peculado; siete años después, tras nuevas denuncias, detención de excolaboradores, encarcelamientos, algunas sentencias, libertades condicionadas, acusaciones diversas, señalamientos de traiciones, abusos, enfermedades, lágrimas y hasta muertes, César H. D. J. podría volver al país, aunque no en lo inmediato.

La tarde del pasado lunes, la magistrada Lauren Fleischer Louis determinó su extradición a México, argumentando que “existe causa probable para creer que dicho demandado cometió los delitos de conspiración y malversación de fondos gubernamentales que se le imputan”. La determinación llegó diez meses después de que la jueza dijera que se analizarían las evidencias presentadas por las partes para establecer si el exfuncionario era extraditable.

Sin embargo, lo anterior no significa que el exgobernador chihuahuense vaya a llegar al país en los próximos días o meses ya que, según expertos en materia penal, existen recursos legales de los cuales la defensa puede hacer uso además de que el proceso de extradición no va ni a la mitad.

“Operan varios recursos en distintos niveles. Él puede apelar ante una corte superior a la juez que autorizó la extradición y también puede alegar cuestiones de derechos humanos ante el Departamento de Estado. Además, en los procedimientos de extradición no interviene únicamente Estados Unidos, también México y la defensa, por lo que es difícil determinar cuánto puede durar, pero suelen tardarse años. La orden de la juez no es definitoria en ese aspecto”, explicó el abogado penalista Israel Torres Reza, quien agregó que el proceso podría llevarse por lo menos otro año salvo que la parte acusada negocie con la Fiscalía.

Torres Reza señaló que será hasta que el imputado se encuentre de manera definitiva en México y se establezcan claramente los delitos por los que se le lleva a juicio, cuando se podría hablar de una penalidad aplicable.

“Para determinar la pena hay que esperar hasta que en definitiva sea extraditado a México y ver por cuáles delitos se lleva el juicio en realidad. Puede ser un mínimo de 6 años debiendo abonarse el tiempo que ya lleva detenido. Si se le sentencia por varios delitos cometidos en distintos momentos y que no tienen relaciones entre sí, entonces las penas pueden sumarse y ser más largas”, detalló el abogado.

César H. D. J. quien gobernó el estado de Chihuahua en el período 2010-2016, fue arrestado en Florida en julio de 2020, donde hasta el momento permanece. La Fiscalía General de la República (FGR) detalló en su momento que dicha detención era con fines de extradición, luego de que se le acusara de presunto peculado y asociación delictuosa. Ya tras las rejas, César H. D. J. rechazó las acusaciones en su contra y denunció una persecución política por parte de su sucesor en el gobierno, Javier Corral Jurado.

La historia

Tras finalizar su mandato en 2016, César H. D. J. se refugió en Estados Unidos, país al que entró el 28 de noviembre de 2016 a través del aeropuerto de Newark, en Nueva Jersey. Desde entonces, aparentemente habría estado en diferentes sitios de la Unión Americana, refugiándose especialmente en los estados de Nuevo México y Texas.

El 28 de noviembre de ese año se dio a conocer que la organización Unión Ciudadana presentó una denuncia penal contra el exgobernador, así como contra el exsecretario de Hacienda, Jaime Herrera Corral; el exdiputado federal Carlos Gerardo Hermosillo Arteaga, y contra quien resultara responsable por los delitos de enriquecimiento ilícito, peculado y uso indebido de atribuciones. Esto debido a la presunta inacción de la extinta PGR ante la primera denuncia interpuesta el 23 de septiembre de 2014, cuando el hoy detenido aún era gobernador. 

Tras la segunda denuncia, según consta en archivos periodísticos, Jaime García Chávez, representante de la referida Unión Ciudadana, aseguró que la autoridad había ignorado la primera querella de manera sistemática y sin dar curso a una investigación. Dijo también que había irregularidades evidentes entre las declaraciones patrimoniales de las personas objeto de la denuncia, contra las declaraciones fiscales y movimientos bancarios en los que se involucraba a los hijos y esposa del exgobernador.

Señaló además a Bertha Gómez Fong por la creación de un fideicomiso de 65 millones de pesos para capitalizar el banco en proceso de creación –Unión Progreso o Banco Progreso de Chihuahua–, y el cual era el objeto de la demanda inicial.

Respecto de otros presuntos cómplices de César H. D. J. se advirtió que había una extensa red que involucraba a políticos, exfuncionarios y empresarios y fue el exprocurador Jesús Murillo Karam, quien radicó la denuncia, abrió el expediente número 1 en la Dirección de Inteligencia Financiera. Sin embargo, tras la salida de éste de la PGR y la llegada de Arely Gómez, se señaló a la última de instrumentar el tortuguismo y patrocinar la continuidad política de César H. D. J. en su calidad de gobernador.

De la primera orden de arresto a la Interpol

La primera orden de aprehensión contra el exgobernador priista la emitió la Fiscalía de Chihuahua en 2017 tras detectar un desfalco de 6 mil millones de pesos y el desvío de otros 250 millones de pesos. De acuerdo con las investigaciones, dichos recursos habrían sido utilizados para pagar campañas electorales del PRI en los comicios de 2015.

Desde el primer trimestre de 2017 era considerado prófugo de la justicia e inicialmente trascendió que había huido a la ciudad de El Paso, Texas, Estados Unidos, para no ser detenido por los actos de corrupción que se le imputaban.

En 2018, el Gobierno de Chihuahua presentó ante la extinta PGR las carpetas de investigación y las órdenes de aprehensión para agilizar el proceso de detención. Sin embargo, la FGR señaló que desde entonces el caso se mantuvo inactivo.

Fue hasta octubre de 2019, cuando un Juez de Control del Distrito Morelos en Chihuahua liberó otra orden de aprehensión contra César H. D. J. “por su probable responsabilidad en los delitos de Peculado y Asociación Delictuosa”.  El hasta ese momento prófugo de la justicia, ya no podría acogerse a la figura del amparo para evadir la acción penal, tanto de la FGR como de las autoridades judiciales de Chihuahua. De esa manera la Fiscalía solicitó la cooperación de Interpol para su localización y detención.

En 2019 César D. J. también fue expulsado del Partido Revolucionario Institucional al que había pertenecido durante años y que lo llevó a ocupar no solo la titularidad del Poder Ejecutivo en Chihuahua, sino el cargo de legislador y la presidencia en la Cámara de Diputados.

El 18 diciembre del mismo año, la FGR solicitó el apoyo de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para tramitar la solicitud formal de extradición del exmandatario ante el Gobierno de los EU en caso de ser detenido.

La detención

El 9 de julio de 2020, durante una gira del presidente Andrés Manuel López Obrador por Estados Unidos, se dio a conocer la detención de César H. D. J. en Miami, Florida, hecho confirmado por la FGR, órgano que detalló que dicha detención era con fines de extradición.

En un comunicado oficial la dependencia señaló que Duarte había sido detenido por elementos del Servicio de los Alguaciles Federales (US Marshals Service) y que, en un lapso de 72 horas, sería presentado ante la Corte Federal del Distrito Sur de Florida, donde se le explicarán sus derechos y los delitos por los cuales lo requería el Gobierno de México.

La acusación era por desvíos cuantificados en más de 6 mil millones de pesos, mientras que las órdenes de aprehensión que existían en su contra documentaron otros mil 200 millones de pesos, además se le han incautaron inmuebles con valor aproximado de 500 millones, con ranchos de más de 100 mil hectáreas.

Después de darse a conocer la detención, el extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, felicitó a la Secretaría de Relaciones Exteriores por la detención. 

En tanto, el presidente del PRI, Alejandro Moreno, emitió un comunicado asegurando que su partido no encubriría a cualquier priista que se viera involucrado en actos de corrupción. Moreno aseguró que el PRI estaba del lado de la ley y a favor de la lucha contra la corrupción, “tope hasta donde tope”.

A su vez, el exgobernador Javier Corral, dijo esa tarde que la captura de su antecesor había sido un “triunfo” del pueblo chihuahuense y que esperaban que la extradición se diera “en breve”.

Cronología  

2020

Julio 8. Duarte es detenido en el exterior de un negocio de autopartes en Miami, Florida

Julio 10. Audiencia inicial ante la juez Lauren F. Louis, quien determina que mientras se decide si es o no extraditado, Duarte estaría en una prisión estatal

Julio 24. El Gobierno de EU solicita a la Corte de Distrito mantener a Duarte en prisión y no concederle fianza señalando que, además de que el exmandatario tiene medios económicos para escapar, hay declaraciones de que hizo esfuerzos por amenazar o intimidar a potenciales testigos

Julio 29. La defensa solicita liberación y ofrece pagar el 10 por ciento de una fianza de 1.5 millones de dólares. Señala también una motivación política en la acusación

Julio 30. Audiencia vía zoom, en la que la defensa alega que la permanencia de Duarte en EU muestra que no tenía intención de evadir la justicia.

Agosto 31. El gobierno de Estados Unidos presenta ante una Corte Federal de Miami una solicitud formal para autorizar la extradición a México del exgobernador 

Septiembre 14. La Corte niega la solicitud de libertad y concede la continuidad de la prisión

Septiembre 30. La defensa presenta una moción para que la Corte desestime por completo la solicitud de extradición, argumentando prescripción de los cargos

Octubre 20. El Gobierno de EU, con apoyo del Gobierno de México, refuta el argumento de prescripción de cargos y señala que el de asociación delictuosa vence en 2024 y el de peculado en 2030. También en esa fecha, la defensa pide extender el plazo para la audiencia final

Octubre 27. En audiencia, la Corte modifica del 10 de noviembre al 14 de enero la fecha de la audiencia final.

2021

Enero 13. Cancelación de la fecha prevista para la audiencia final

Enero 15. Se fija el 26 de enero como nueva fecha para la audiencia inicial

Enero 26. En la audiencia final, Lauren F. Louis cierra señalando que encuentra “causa probable” para continuar con la acusación al exmandatario de Chihuahua

Noviembre 8. La juez determina calificar de “extraditable” a Duarte y que existe “causa probable para creer que dicho demandado cometió los delitos de conspiración y malversación de fondos gubernamentales que se le imputan en México”.

Los expedientes X

El 17 de marzo de 2017 fue detenido Ricardo Yáñez, exsecretario de Educación. Fue sentenciado el 29 de noviembre de ese año a cuatro años de prisión por el desvío de 246 millones de pesos. Obtuvo la libertad condicional el 22 de agosto de 2019, tras acordar con la FGE devolver en pagos la cantidad desviada.

El 27 de marzo 2017 elementos de la FGE aprehendieron al exdirector de Administración de la Secretaría de Hacienda, Gerardo Villegas Madriles y el exalcalde Javier Garfio Pacheco. Garfio salió de prisión el 14 de octubre de ese mismo año al aceptar que cometió el delito de peculado agravado en la venta de casi 100 hectáreas del ejido Labor de Terrazas, pero a cambio se le concedió la libertad condicional en la pena de tres años.

El 9 de junio de 2016 fue detenida Karla Jurado, exdirectora administrativa de la secretaría de Educación. Fue acusada de hechos que se registraron de febrero a abril de2016, cuando en contubernio con otros exservidores públicos desvió 246 millones del patrimonio estatal, simulando cuatro procedimientos administrativos de contratación de servicios profesionales. Tras juicio abreviado obtuvo una pena de tres años en libertad condicional. El 12 de junio de 2020 cumplió su sentencia.

El 10 de junio de 2017 fue detenido el exdirector de adquisiciones Sergio Medina, a quien le aplicaron la medida cautelar de prisión preventiva por el delito de peculado con un monto de 379 millones de pesos. Enfrenta un proceso penal en su domicilio.

El 10 de junio de 2017, en un hotel de Palenque Chiapas se detuvo también a Jesús Esparza Flores, a quien se le imputó el delito de peculado por 542 mil pesos. El 23 de junio de 2021 logró que la prisión preventiva le fuera retirada; fue enviado a su casa con brazalete electrónico.

El 6 de octubre de 2017, la autoridad detuvo a Pedro Mauli Romero Chávez, exsecretario de Finanzas del Comité Directivo Estatal del PRI, recibió en octubre de 2018 una sentencia de 3 años y 4 meses de prisión por haber recibido 14 millones 609 mil pesos provenientes de la retención mensual del 20 por ciento de las compensaciones a trabajadores del Estado para su partido. El juez le concedió el beneficio de purgar la sentencia en libertad.

El 22 de diciembre de 2017 se detuvo a Alejandro Gutiérrez, exsecretario general adjunto del CEN del PRI acusado de haber participado en la “Operación Zafiro”. Obtuvo su libertad el 28 de septiembre de 2018 por orden de los jueces federales, quienes le modificaron la medida cautelar de prisión preventiva para que enfrentara el proceso en libertad con brazalete electrónico.

El 27 de junio de 2018 fue detenido el exsecretario de la Sección Octava del SNTE Alejandro Villarreal Aldaz, quien enfrenta cinco procesos penales. Obtuvo la libertad condicional el 29 de agosto del 2020. 

El 8 de enero 2019, tocó el turno al exsecretario de Educación, Marcelo González Tachiquín. Obtuvo la modificación de la medida cautelar de prisión preventiva al arraigo domiciliario el 28 de agosto de 2020, misma que actualmente cumple en los cinco procesos que enfrenta por presuntos desvíos millonarios.

A principios de agosto de 2021, cuando faltaba menos de un mes para que terminara el mandato de Javier Corral Jurado, sólo dos de los más de 30 exfuncionarios de la administración de César Duarte Jáquez, permanecían en prisión como resultado de la llamada “Operación Justicia”. 

Eran el exdirector de Administración de la Secretaría de Hacienda, Gerardo Villegas Madriles, y el exdirector de Adquisiciones, Antonio Tarín García, quienes juntos acumulaban 19 causas penales y están recluidos en el Cereso de Aquiles Serdán.

A ellos se suma el empresario poblano Germain Lezama Cervantes, quien en junio de 2019 fue trasladado a un penal de Puebla para que purgara dos sentencias por 3 y 2.5 años que recibió en Chihuahua, por haber resultado beneficiado con el pago de más de 121 millones de pesos en servicios inexistentes.

Los restantes están en libertad, ya sea por sentencias mínimas que recibieron y/o modificaciones a las medidas cautelares que les otorgaron jueces de amparo. 

En los últimos meses se registró la salida de prisión de Guadalupe Medina Aragón, contadora de la Unión Ganadera “División del Norte”, así como los empresarios Agustín Fong y Otto Valles. Enfrentan sus procesos penales bajo la figura de arraigo domiciliario.

Según archivos periodísticos, se han emitido 15 sentencias mediante la figura del juicio abreviado, donde los acusados lograron penas menores al haber aceptado su responsabilidad en las acusaciones que hizo la FGE, la mayoría por peculado agravado, y no haber llegado al juicio oral.

En octubre de 2021, cinco exfuncionarios del gobierno de Chihuahua denunciaron la presunta tortura sicológica a la que dijeron haber sido sometidos por exgobernador Javier Corral y el exfiscal César Peniche. Según los afectados, el exmandatario panista convirtió la Casa de Gobierno en un centro de operaciones policiacas y ministeriales, donde se integraban los llamados “Expedientes X” en contra de sus opositores de antaño y de quienes veía como futuros competidores políticos.

Otros detenidos

• Édgar Omar Ramírez Martínez, con dos procesos penales pendientes pero que enfrenta en su domicilio.

• Fernando Reyes, exdiputado local, quien el 13 de diciembre de 2017 aceptó su responsabilidad en juicio abreviado, de haber recibido de manera indebida 2 millones 420 mil pesos de recursos públicos en el sexenio de Duarte. En libertad.

• Eduardo Esperón, exsecretario de Obras Públicas acusado de desviar 20 millones de pesos durante su cargo, obtuvo la libertad condicional el 3 de agosto de 2018.

• Diógenes Bustamante, exdirector de Servicios Educativos del Estado de Chihuahua Diógenes Bustamante Vela, quien debido a su avanzada edad fue declarado inimputable y liberado el 27 de junio de 2018.

• Edmundo Felipe González Lui, exasesor técnico de la Dirección de Adquisiciones y Servicios de la Secretaría de Hacienda, acusado de desviar 15 millones de pesos y quien enfrenta tres procesos penales, salió de la cárcel el 28 de febrero del 2020 por la modificación cautelar ordenada por los tribunales federales.

• Martha Patricia Banderas, exdirectora de los Servicios Educativos del Estado de Chihuahua, tras dos juicios abreviados obtuvo la libertad condicional el 15 de octubre de 2019.

• Jesús Manuel Luna, secretario particular de Duarte. Acusado de autorizar el uso de aeronaves propiedad del Estado, para que acudieran a Cancún a recoger a los hijos del exmandatario. Estuvo un año en prisión.

• Lázaro Joaquín López Ramírez, exdirector del Fideicomiso para el Desarrollo de las Actividades Productivas de Chihuahua (Fideapech), quien falleció el 26 de agosto del 2020 víctima de Covid-19, luego de permanecer en prisión preventiva alrededor de un año.