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Solicitan destituir a juzgador y ministeriales

"El Juez debió haber analizado primero si la persona a la que le están pidiendo una orden de aprehensión cuenta o no con fuero” Héctor Villasana Abogado

De la Redacción

martes, 24 marzo 2020 | 17:50

Chihuahua.- Abogados penalistas y constitucionalistas se pronunciaron ayer por la destitución de la Juez de Control, María Guadalupe Hernández Lozano, quien giró la orden de aprehensión en contra del magistrado Jorge Abraham Ramírez Alvídrez, misma que se cumplimentó el pasado domingo, sin que la juzgadora hubiera verificado la permanencia del Fuero en el titular de la Primera Sala Penal. 

“Hay una responsabilidad muy grave del Ministerio Público y de la Juez que libró la orden (Hernández Lozano), porque procedieron, es decir, ejercitaron la acción penal en contra de un funcionario que cuenta con fuero y el artículo 183 de la Constitución Política del Estado establece que no se procederá penalmente contra aquellos funcionarios que tengan fuero, es muy claro”, denunció el abogado Héctor Villasana. 

Citó que además hubo una violación a la suspensión provisional que le concedió el Juzgado Octavo de Distrito, ordenando que regresará al Congreso el procedimiento de desafuero hasta como estaba en el inicio del mes de enero del presente año y donde Ramírez mantiene la calidad de magistrado. Villasana Ramírez explicó que cuando el Ministerio Público ejercitó la acción penal y solicitó la orden de aprehensión violó claramente el artículo 183 de la Constitución del Estado. 

De igual forma el Juez al recepcionar la solicitud y obsequiar la orden de captura, dijo. 

“El Juez debió haber analizado primero, si la persona a la que le están pidiendo una orden de aprehensión cuenta o no con fuero, máximo con el antecedente del magistrado Ramírez. Penalmente son responsables de sanciones el Ministerio Público que solicitó la orden y la juez. 

Aquí implica que sean destituidos. En el caso de la Juez, el Consejo de la Judicatura es quien tendría que intervenir a efecto de que se le separe el cargo y abrirse una investigación. 

Explicó Villasana que las sanciones están establecidas en el artículo 286 del Código Penal y que pueden alcanzar una pena de 2 a seis años de cárcel. 

Así como la contemplada en el artículo 262 en la Ley de Amparo, en donde se establece la violación de la suspensión y la pena es de tres a nueve años de prisión.

Por su parte, el abogado Francisco Flores Legarda expresó que se tiene que actuar en consecuencia ante esta violación grave a derechos fundamentales, y sobre todo sentar un precedente contundente de sanción.