Local

Son mujeres más del 55 % de desplazados

La Ceave informó que hay 500 víctimas atendidas y el 35 % son indígenas

CMDPDH / Ilustración de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos

Bernardo Islas / El Diario

sábado, 27 marzo 2021 | 21:22

Chihuahua.- “Todos se ponen tristes, sobre todo mis papás, dicen que no están a gusto en la ciudad, que no se hallan acá, que ya se quieren ir para su casa, pero a la vez les da coraje y tristeza porque saben que no pueden, si van, tienen miedo que los maten, bueno, mi papá no; él de repente sí se nos escapa, se va al rancho, se va solo, dice que a él qué le van a hacer, que si lo matan pues él ya vivió lo que tenía que vivir. Pero nosotros lo queremos vivo, por eso vamos por él y lo traemos de vuelta”. 

Lo anterior corresponde al testimonio de una mujer víctima de desplazamiento forzado en el estado de Chihuahua, publicado en el Diagnóstico sobre el Desplazamiento Forzado Interno en el Estado de Chihuahua desde la perspectiva de las personas internamente desplazadas, el cual fue realizado por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado (Ceave). 

Según los registros de la Comisión han atendido a 525 víctimas de Desplazamiento Forzado, de las cuales el 55.62 por ciento son mujeres, es decir 292, de acuerdo a la información presentada en los oficios FGE-4C.5/1/2/586-2020 y FGE-4- C.5/1/2/344-2021 de la Unidad de Transparencia de la Fiscalía General del Estado (FGE). 

En este contexto la Ceave manifiesta que muchas de ellas han sido víctimas de algún homicidio, en algunos casos del esposo o pareja, lo cual agrava la situación para la reproducción del grupo domésticos ya que, además de cumplir con actividades tradicionalmente asociadas a sus roles de género, eventualmente estas mujeres tienen que convertirse en la única proveedora económica en un contexto desconocido y sin preparación adecuada para enfrentar el mundo laboral. 

Asimismo la dependencia estatal afirma que desde el 2017 (año en que inició operaciones) a la fecha han identificado a un total de 525 personas que han sido víctimas de algún delito como son: homicidio, amenazas, despojo, lesiones, robo, privación ilegal de la libertad, fraude, desaparición forzada y daños, quienes se encuentran en situación de Desplazamiento Forzado. 

Los datos señalan que el 35 por ciento de las víctimas corresponden a las etnias Tarahumara (46) o Tepehuanes (137), además hay una persona de origen menonita, el resto corresponde a mestizos, según los datos dados a conocer por la comisión. 

Las cifras establecen que el 71 por ciento de las víctimas son originarias de Guadalupe y Calvo, es decir 373, le sigue los que proceden de Uruachi con 43, de Saucillo son 35, 29 de Balleza, 11 de Madera y 9 de Cuauhtémoc.

Los documentos también incluyen dentro de las víctimas a 3 personas que provienen del municipio de Pueblo Nuevo, 7 de Los Lirios y 11 de Guanaceví, todas estas localidades del estado de Durango, las cuales también están registradas en la Ceave de Chihuahua. 

Según los registros de la Fiscalía del Estado, en el 2017 se registraron 161 víctimas, 149 en el 2018, 172 en el 2019 y en el presente año ya se tienen un total de 43 víctimas reconocidas. Además las principales localidades de destino de las personas en situación de Desplazamiento Forzado son Parral con 228, Baborigame del municipio de Guadalupe y Calvo con 133, 117 fueron reubicadas en ciudad Chihuahua, 14 en Delicias, 8 en Camargo, además de 5 en El Vergel del municipio de Balleza. También hay 20 víctimas que fueron enviadas a otro estado de la República, 16 a Aguascalientes y 4 más al estado de Jalisco. 

En el informe del Diagnóstico sobre el Desplazamiento Forzado Interno, la Ceave confirmó que el número de personas atendidas por dicha Comisión hasta el momento no representa el número total de víctimas que viven en esta situación. 

Lo anterior, afirma la Ceave, que es debido a que muchas de las personas no quieren ser ubicadas por las instituciones de justicia o que brindan apoyo social debido a que no confían en ellas, pues señalan que están infiltradas con personal que colabora (voluntaria o involuntariamente) con el crimen organizado y temen ser encontrados por sus victimarios si brindan alguna información a estas instituciones, por lo que prefieren seguir subsistiendo en el anonimato.