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Tuvo Duarte lucro personal por conflicto de interés: MP

Establece FGE conflicto con base en ley abrogada

Argelia Domínguez/El Diario

domingo, 05 junio 2022 | 12:11

Chihuahua.- En audiencia inicial dentro de la causa penal 3041/2019, en contra de César Duarte Jáquez, el Ministerio Público estableció que el exmandatario obtuvo un lucro personal por conflicto de interés, al haber entregado 96 millones 665 mil 253.80 pesos, entre 2011 y 2014, en favor de la Unión Ganadera Regional División del Norte y Financiera División del Norte S.A. DE C.V. S.O.F.O.M. E.N.R., pues era fundador y socio de ambas.

De acuerdo con los informes técnicos emitidos por la Auditoría Superior del Estado (ASE), la Unión Ganadera Regional División del Norte, que recibió 64 millones 665 mil 253.80 pesos, tenía como socio y presidente del Consejo a César Horacio Duarte Jáquez, según se corroboró en el Registro Nacional Agropecuario.

Mientras que la Financiera División del Norte, a la que se le entregaron 32 millones de pesos, tiene como fundador al mismo Duarte Jáquez quien, además contaba con más del 98 por ciento de las acciones de la serie A y el 93.35 por ciento de las acciones de serie B.

Dicho informe se realizó con base en las fracciones 14 y 189 del artículo 23 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado que quedó abrogada en 2017 tras la entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Sin embargo, el 23 de octubre de 2020, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sentó una jurisprudencia que ordena aplicar la Ley General de Responsabilidades Administrativas a todos los asuntos que se iniciaron después de su entrada en vigor, es decir, en 2017, por lo que resultaría inválida la utilización de la legislación ya abrogada.

De hecho, en junio de 2021, la Secretaría de la Función Pública (SFP), entonces a cargo de Mónica Vargas Ruiz, tuvo que iniciar con la reposición de 37 procedimientos administrativos abiertos en contra del exgobernador y sus colaboradores, debido a que en todos ellos se aplicó la ley estatal en lugar de la nueva ley general vigente.

En su momento, Vargas Ruiz explicó que la SFP utilizó la ley estatal basándose en una tesis emitida por la Corte, en la cual se señalaba que ésta legislación sería aplicable para conductas que ocurrieron antes del 2017, cuando todavía se encontraba vigente. Sin embargo, con el cambio de criterio, dichos procedimientos tenían que volver a realizarse, utilizando como base la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

En los informes técnicos también se identifican violaciones a la Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público del Estado, debido a la celebración de procedimientos administrativos sin contar con suficiencia presupuestal, además de que no se cumplieron las cláusulas de los convenios y contratos correspondientes.