Local

Van 4 asesinados en proceso electoral

Dos de ellos eran políticos y los otros servidores públicos

Tomada de internet

Bernardo Islas/El Diario

jueves, 25 marzo 2021 | 05:00

Chihuahua.- El actual proceso electoral 2020-2021 ha dejado por lo menos cuatro víctimas mortales de la violencia política, de las cuales dos son políticos y dos más servidores públicos, según la información de Causa en Común.

Lo anterior en el contexto del seminario virtual “ Violencia política en México en periodos electorales”, en el que se discutieron motivaciones, características y tendencias de esta violencia y se plantearon propuestas para enfrentar la crisis de violencia con motivaciones políticas.

Asimismo, señalaron que las personas que están contendiendo por un cargo de elección popular enfrentan escenarios violentos o de extrema violencia, que ponen en riesgo su integridad y la democracia.

En el seminario se dio a conocer que en el presente periodo electoral han asesinado a un total de 139 políticos y servidores públicos, de los cuales cuatro fueron en Chihuahua; asimismo, recordaron que el pasado periodo electoral (2017-2018) fue el más violento desde que se tiene registro, según los registros de Etellekt Consultores, al contabilizar 152 asesinatos políticos.

Además las estadísticas muestran que este periodo electoral ha sido también extremadamente violento, ya que desde el inicio del periodo, en septiembre pasado, han asesinado al menos a 61 actores políticos (dos de Chihuahua).

Los exponentes concluyeron que uno de los principales retos que enfrentan las autoridades es ofrecer la mayor seguridad posible a aspirantes que se encuentran en situaciones o zonas de alto riesgo. El Gobierno federal presentó una estrategia para proteger a candidatos y aspirantes a cargos populares, pero desde que se anunció, han asesinado al menos a seis actores políticos de distintos partidos en el país.

Carlos Rubio, gerente de Riesgo Político de Integralia Consultores, señaló que una buena parte de los eventos de violencia política son llevados a cabo por el crimen organizado, principalmente en contra de gobiernos municipales para tener recursos, información y control en ese nivel de gobierno.

Además agregó que “es un problema que vulnera la capacidad de la ciudadanía de elegir libremente a sus representantes democráticos”, por lo que se requieren soluciones integrales a largo plazo.

Víctor Antonio Hernández Huerta, investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), explicó que “en 2018 hubo un crecimiento acelerado de candidatos y precandidatos asesinados”.

También mencionó que deben existir acciones más decididas por parte de policías federales y locales, así como de ministerios públicos, para prevenir los asesinatos y, llegado el caso, investigarlos y castigar a los responsables.

Rubén Salazar, director de Etellekt Consultores, mencionó que “los atentados a los servidores públicos son una práctica cotidiana, tanto dentro y fuera de procesos electorales”, además agregó que “estamos en un contexto de polarización política, donde tenemos a un régimen que parece no ser tolerante con los opositores, no sólo hacia los partidos políticos, sino también hacia periodistas y organizaciones ciudadanas”.

Además señaló que los fiscales estatales como de la Fiscalía General de la República, sólo son un membrete, ya que deben ser quienes realicen directamente las investigaciones de los aspirantes o candidatos asesinados; sin embargo, no lo realizan y mucho menos si son de partidos opuestos al gobierno.

Finalmente María Elena Morera, presidenta de Causa en Común, mencionó que “este seminario es un llamado a las autoridades para que se realicen acciones concretas de protección, y para que inicie el rescate de nuestras policías”.

Mencionó que “la seguridad pública no es un área propia de las Fuerzas Armadas, ya que no están preparadas para realizar ninguna de las funciones esenciales de cualquier policía.”

También subrayó que la democracia mexicana está bajo asedio desde otros frentes, principalmente desde el Ejecutivo: “si además, aspirar a un cargo público significa jugarse la vida, no es exagerado afirmar que nuestra democracia podría tener los días contados”.