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Van 8 muertes en ceresos en 2022

Desde inicios de año se alertó por sobrepoblación y mal servicio médico

Juan Alanís/El Diario
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Argelia Domínguez
El Diario de Chihuahua

viernes, 29 abril 2022 | 09:40

Chihuahua, Chih.- El pasado miércoles 27 de abril murió Isaac Carbajal Domínguez, de 44 años, quien se encontraba recluido en la Unidad de Bajo Riesgo, ubicada en la avenida 20 de Noviembre de la ciudad de Chihuahua, con lo que sumaron ocho personas que han perdido la vida dentro de centros penitenciarios estatales en 2022.

Isaac Carbajal, quien se encontraba privado de la libertad desde el 20 de septiembre de 2018 por el delito de robo agravado, murió ahogado. Su cuerpo fue localizado en la celda 18 del módulo uno por sus compañero. 

La Fiscalía General del Estado (FGE) aún debe establecer si se trató de un homicidio o el fallecimiento se debió a otra causa, pues trascendió que fueron algunos internos quienes lo privaron de la vida. 

De acuerdo con los reportes confirmados por la FGE, entre los ocho fallecidos dentro de las cárceles estatales tres son por homicidio, dos por suicidio, dos por causas naturales, además del más reciente hecho, en el que se presume también un asesinato. 

Los días 8 y 9 de febrero del presente año fueron encontrados sin vida dos reos del Centro de Reinserción Social (Cereso) 1 de Aquiles Serdán, a quienes se les suministraron sustancias tóxicas .

A Juan Carlos Álvarez Díaz, de 39 años, y a Hugo Arath García Robles, de 23, se les administró algún narcótico todavía no determinado. Los resultados de las pruebas indicaron que el primero no tenía drogas en su organismo, aunque se localizó junto a él una jeringa con residuos de monoacetilmorfina. El segundo presentaba bajas dosis de cannabis y opiáceos en el cuerpo, pero no se pudo concluir que estos enervantes hubieran provocado su muerte.

A fin de contar con un resultado contundente, la FGE solicitó el apoyo de la Fiscalía de Nuevo León para realizar nuevas pruebas, sin que hasta la fecha se haya dilucidado el caso. 

Además, el expresidente seccional de La Junta, Ramón Ledezma, fue asesinado el pasado domingo 6 de marzo dentro de su celda, ubicada en el módulo de ingresos del Cereso 1. De acuerdo con los datos del certificado 212394255, Ledezma murió por estrangulamiento y no por suspensión, como dio a conocer la Fiscalía, que calificó la muerte como suicidio.

El expresidente se encontraba recluido en ese lugar desde el 12 de febrero. Había sido vinculado a proceso por los delitos de homicidio calificado y feminicidio dentro de la causa penal 1/2022, en la comunidad de La Miñaca, municipio de Guerrero el 1 de enero.

Por causas naturales perdió la vida otro reo de Aquiles Serdán, identificado como Juan Francisco L. R., de 51 años, el lunes 22 de febrero. El informe del Servicio Médico Forense señala que el sentenciado padecía de cirrosis y cayó en paro cardiaco.

En el Cereso 3 de Ciudad Juárez se presentó el suicidio de un reo de 40 años el 13 de febrero. El 8 de marzo también se localizó el cuerpo de otro interno, identificado como Manuel Domínguez, quien se colgó de las rejas de su celda. El tercer caso ocurrido en este penal se presentó el 29 de marzo, cuando una persona privada de la libertad pereció, al parecer, por ingesta de alimentos.

Ceresos sobrepoblados con pobre atención médica

Desde que ocurrieron los primeros hechos en febrero se dio la intervención de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) para esclarecer lo que aconteció.

El presidente de la CEDH, Néstor Armendáriz Loya, indicó que no son pocas las quejas que se presentan por parte de las personas privadas de la libertad. Durante 2021, la Comisión recibió 26 quejas contra autoridades penitenciarias estatales, que quedaron asentadas en el Diagnóstico Penitenciario que presentó como parte del informe anual. 

El ombudsman detalló que 20 de las quejas fueron promovidas por hombres y seis más por mujeres que se encuentran privados de la libertad dentro de algunos de los Ceresos de la entidad. Además, se radicaron dos quejas de oficio.

También explicó que, para evaluar la situación del sistema penitenciario, se considera la protección de siete derechos: seguridad jurídica, estancia digna y segura, integridad física y moral de las personas recluidas, desarrollo de actividades productivas y educativas, vinculación social, mantenimiento del orden y aplicación de sanciones, y derechos específicos de grupos en situaciones de vulnerabilidad, como adultos mayores o pertenecientes a una etnia.

De la inspección que realizó la CEDH durante 2021, se determinó que hay por lo menos tres centros carcelarios con sobrepoblación. Destaca el Cereso de Juárez, que al momento del diagnóstico contaba con una población de 3 mil 712 internos y una capacidad para albergar a 3 mil 135. En el caso de Aquiles Serdán, reportó 2 mil 870 personas arraigadas pese a contar con capacidad para 2 mil 300. 

En 2022, al 24 de enero, el sistema penitenciario contaba con una población de 8 mil 917 adultos y 81 menores. En el Cereso 1 de Aquiles Serdán se reporta una población de 2 mil 727 personas, y el de Ciudad Juárez cuenta con 3 mil 777 internos.

La saturación d las cárceles, señala la CEDH, genera problemas de seguridad y sobre todo promueve el autogobierno, es decir, que personas recluidas desarrollen funciones exclusivas e indelegables de la autoridad.

Aunado al problema de hacinamiento, el presidente explicó que la queja más recurrente que reciben por parte de personas privadas de la libertad es la inadecuada atención médica. 

Refirió que entre octubre y noviembre de 2020 se emitió una recomendación por la mala atención médica, que afectó a un gran número de internos y que incluso derivó en pérdidas de vidas. Dicha recomendación fue acatada por la autoridad competente. En febrero de este año también se generó otra recomendación en el mismo sentido.

Armendáriz Loya explicó que con estas recomendaciones se busca que la autoridad penitenciaria tome las medidas necesarias para la no repetición de los hechos, mediante la atención oportuna a los internos, la contratación de más personal médico, el abasto de medicamentos y la coordinación con la Secretaría de Salud.

También reconoció que, aunque el diagnóstico penitenciario que realiza la CEDH cada año sirve como parámetro para medir la calidad de los servicios que brinda el Estado, es necesario diseñar nuevas metodologías que arrojen un panorama más apegado a la realidad de lo que viven las cárceles en la entidad. 

Puntualizó que los diagnósticos actuales incluyen el análisis y verificación de documentos proporcionados por las autoridades, además de la realización de recorridos; los resultados sólo arrojan aspectos generales, por lo que el organismo trabajará en un nuevo esquema que ofrezca no calificaciones numéricas, sino un estudio a fondo de los diversos aspectos del sistema penitenciario y que, además, proponga formas de solucionar las deficiencias.

Por ejemplo, pese a ser la atención médica una de las principales quejas de las personas privadas de la libertad, el Cereso 1 de Aquiles Serdán obtuvo una calificación de 9.1 en estancia digna y segura y de 8.8 en lo que respecta a la integridad física y moral. En estos rubros, el Cereso 3 tiene calificaciones de 8.7.

Anuncia Maru renovación de Ceresos

La gobernadora Maru Campos Galván señaló que ya trabajan en determinar la causa de muerte de la persona privada de la libertad en la Unidad de Bajo Riesgo. 

Campos indicó que ha platicado con el fiscal general estatal, Roberto Fierro Duarte, para tomar las medidas pertinentes para proteger la seguridad y salud de los internos y diseñar politícas públicas para la renovación del sistema penitenciario.

Anteriormente, el fiscal reconoció que hace falta personal para dar abasto a los diversos penales de la entidad, por lo que se contratarán al menos 20 médicos para que atiendan a los internos.

Tanto la gobernadora como el fiscal refirieron que para abatir la sobrepoblación se da la adquisición del Cefereso 9 de Ciudad Juárez, que todavía está en proceso de ser desincorporado de los bienes federales a través del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin), y que posteriormente tendrá que ser sometido a mantenimiento para poder albergar a los reos.

En cifras

26 quejas contra autoridades penitenciarias estatales recibidas por la CEDH, en 2021