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En lo que va del 2021

Van 8 municipales acusados de diferentes delitos

Casos como estos se repiten en varias localidades del estado

Archivo

César Lozano / El Diario

lunes, 12 julio 2021 | 18:20

Tan sólo en lo que va del 2021, 8 policías de la Dirección de Seguridad Pública Municipal se han visto inmiscuidos en delitos de delincuencia organizada, asesinatos y desaparición de personas, de acuerdo con archivos periodísticos. 

Prófugos y víctimas 

El primero de los casos ocurrió el pasado 27 de febrero en la colonia Sierra Azul, al sur de la ciudad, donde cinco policías detuvieron a dos jóvenes que aparecieron muertos un mes después en Carrizalillo, zona que utiliza la delincuencia como depósito de cuerpos. 

La narrativa del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos indicó que las víctimas se encontraban afuera de un Oxxo de las calles Sierra de Pedernales y 79, cuando fueron detenidos por los agentes, quienes no dieron aviso a los supervisores ni al radio operador. 

Las víctimas son Jhovanny Leal Holguín y Adán Israel Gardea Barraza, quienes fueron localizados el 28 de marzo en una brecha de Carrizalillo, ya en estado de putrefacción. La culpabilidad de los agentes se acreditó mediante investigaciones con respaldo de cámaras de seguridad, de la Plataforma Escudo Chihuahua, el GPS de las patrullas y bitácoras de la DSPM. 

El juez de control Octavio Rodríguez decidió no vincular a proceso a los agentes Ramona Ivette C.V. y a Irving Leonel M.B., mientras que otros tres compañeros de la corporación se encuentran en calidad de prófugos. 

Colaboradores del narco 

El segundo caso corresponde al de la red de policías denominada “La Empresa”, encargada de la distribución de cristal en la zona sur de la ciudad a cuyo cabecilla, Mauro Mendoza, a quien apodan “El Coman”, se le atribuye la desaparición y asesinato del joven Luis Carlos Lerma, chofer de plataformas digitales involucrado en la distribución de la droga.

Testigos protegidos y un sobreviviente al ataque de ‘La Empresa’, narraron ante el juez el modo de operar de la organización en donde estarían involucrados otros elementos y delincuentes ajenos a la corporación, y hasta el momento sólo Mendoza y Javier P.V, también agentes, han sido procesados por la desaparición y asesinato de Luis Carlos Lerma, así como por los delitos de robo agravado, abuso de autoridad y secuestro. Se calcula que las víctimas del grupo delictivo ligado a un cartel, pudieran ser hasta siete. 

El caso pasional 

Martín M. Ch, policía del Grupo Beta con 15 años en la corporación, fue detenido el pasado sábado 10 de julio como presunto responsable del asesinato de la joven indígena María del Pilar Espino, al igual que su cómplice Beatriz H.H., quien se presume es la pareja actual del agente. 

Todo se derivó por una relación sentimental que sostuvo el imputado con la víctima, con quien procreó un hijo al cual ni quiso reconocer. Según el fiscal general del Estado, César Peniche, el crimen se perpetró con el fin de evadir su responsabilidad de paternidad y pensión alimenticia. 

El cuerpo de Pilar fue encontrado en un predio de Los Llanos, al sur de la ciudad, degollado, con múltiples golpes en diferentes regiones corporales y un balazo en el brazo. La pareja se encuentra en prisión preventiva a la espera de la audiencia de vinculación o no a proceso. 

Grave deterioro de salud mental

La activista Norma Ledezma, coordinadora de la organización Justicia Para Nuestras Hijas, advirtió de la grave presión que sienten los policías de diversas corporaciones ante el estrés que representa su trabajo, misma que los lleva a situaciones de catarsis, equivocado manejo del estrés y a ceder a la tentación de incursionar en actividades criminales. 

“Hay sobrecargas de trabajo, reclutan sin perfil y muy probablemente estas personas, aunque hayan pasado filtros y exámenes de confianza no son las idóneas. Al estado se le ha olvidado que los ministerios públicos, sus peritos, sus policías, operadoras y operadores de justicia son personas y además se les bombardea con 15 o 20 horas de trabajo, no se les da el seguimiento periódico de evaluaciones de salud mental…”, indicó la activista, quien participa y acompaña a familias en la búsqueda de víctimas en Carrizalillo. 

La presidenta de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil en el Congreso del Estado, Georgina Bujanda, opinó que esta situación se deriva, en gran parte, por la cancelación de presupuestos para programas de control de confianza, análisis de perfil, control de riesgos, exámenes psicológicos y sobre todo, de quemamiento de los agentes, es decir, del desgaste profesional que genera consecuencias emocionales en los agentes. 

Un informe de la Fiscalía General del Estado emitido el pasado mes de mayo, determinó que en 22 corporaciones municipales existe infiltración del crimen organizado. Se trata de Madera, Cuauhtémoc, Chihuahua, Parral, Delicias, Juárez, Ignacio Zaragoza, Coronado, Jiménez, Janos, Nuevo Casas Grandes, Ojinaga, Casas Grandes, Chínipas, Carichí, Namiquipa, Guadalupe y Calvo, Aquiles Serdán, Gran Morelos, Urique, Témoris y Bocoyna. 

Por desgracia los casos de policías que resultan una amenaza social se repiten en varios municipios, en Parral sigue el duelo por casos como el de los estudiantes de enfermería desaparecidos, en Juárez las desapariciones de policías ligados al narco y en general, los ejemplos de malos policías que empañan el trabajo de toda una corporación con elementos honorables en su mayoría, penetran profundo en la conciencia colectiva.