Nacional

Acusan al diputado Omar Bazán de intento de despojo de indigenas Tarahumaras

Organizaciones de la Red en defensa de territorios indígenas también señala a un grupo de empresarios

Pedro Sánchez, Reforma

jueves, 27 mayo 2021 | 17:31

Chihuahua, México.- Organizaciones de la Red en defensa de territorios indígenas de la Sierra Tarahumara acusaron a un diputado priista y a un grupo de empresarios de intentar despojar por la vía penal a más de 300 rarámuris de la comunidad de Mogótavo, en la Sierra Tarahumara.

La zona se ubica en la región de Divisadero Barrancas, en el municipio de Urique, donde pretenden convertirlo en desarrollo turístico.

La asociación civil Awé Tubúame, señaló que el recurso penal fue interpuesto por el legislador local del PRI, Omar Bazán Flores, quien busca la reelección, y los empresarios Ricardo Orviz Blake, Agustín López Daumas, Jesús Alberto Cano Vélez y Ricardo Valles Alvelais.

"Para lograrlo, denunciaron por despojo agravado a tres gobernadores indígenas, argumentando que el territorio de Mogótavo les pertenece porque lo compraron en más de dos millones de dólares a Odile Sandoval en el 2008 para convertir la zona en desarrollo turístico", indicó la organización.

La comunidad de Mogótavo, donde habitan más de 300 personas de 80 familias rarámuri, ha intentado regularizar su territorio desde la década de los ochentas, pero en lugar de reconocer el territorio a los pueblos originarios, la autoridad agraria favoreció a la familia Sandoval otorgándole el título definitivo.

"El candidato priista y los empresarios pretenden incluso desalojar la Escuela-Albergue, la Iglesia y el panteón que hay en el lugar", acusó el organismo que apoya a las familias de la comunidad.

"El señor Omar Bazán Flores, que pretende ser diputado, ¿cómo está él atacando a gente que tiene un pueblo establecido en ese lugar?", cuestionó a su vez Fausto Salgado, abogado defensor de la comunidad.

"¿Cómo quitar un pueblo completo de rarámuris de un lugar con maquinaria pesada () y quitar todo y ahí establecer un complejo turístico? Es en realidad lo que quieren porque ese lugar, es de los lugares más hermosos que ustedes se puedan imaginar, es más bonito que incluso el Divisadero Barrancas".

La Audiencia de Imputación está programada para el 9 de junio del presente año en la ciudad de Cuauhtémoc, donde está la cabecera del Distrito Judicial Benito Juárez.

La acusación la hizo el agente del Ministerio Público César Torres Fierro y el citatorio lo envió Ana Violeta Estrada Domínguez, Juez de Primera Instancia en Materia Penal.

Se informó que los gobernadores indígenas se presentarán a la Audiencia acompañados de integrantes de la comunidad de Mogótavo y de organizaciones de la sociedad civil.

"Nosotros como Red de Defensa del territorio nos preocupan las instancias del gobierno para criminalizar a los pueblos indígenas, eso nos parece muy alarmante, ya pasó, está pasando en Mogótavo, pero no es la única comunidad en la que también esté sucediendo", dijo en tanto Diana Villalobos, directora de Consultoría Técnica Comunitaria A.C. (Contec).

 "Son como patrones del estado para criminalizar a los pueblos indígenas y eso nos parece muy preocupante", agregó.

 El próximo sábado 29 de mayo, además, harán una manifestación de protesta en el área turística de El Divisadero Barrancas.

 En el 2011, la comunidad de Mogótavo inició un juicio de controversia territorial ante el Tribunal Unitario Agrario del Distrito Cinco de Chihuahua por el reconocimiento de su territorio ancestral.

 Reclamó la nulidad de las adjudicaciones y compra ventas efectuadas sobre su territorio bajo el expediente 64/2011

Siete años después, el 31 de agosto de 2018, la autoridad agraria dictó sentencia definitiva decretando improcedencia a la petición que hizo la comunidad de Mogótavo, por lo que en el 2019 se promovió un recurso de revisión al expediente.

Para el 2020, el 12 de agosto, el Tribunal Superior Agrario confirmó la sentencia definitiva en contra de la comunidad de Mogótavo y no le notificaron, denunció la asociación.

En este 2021, el 17 de marzo pasado el Tribunal Unitario del Distrito Cinco emitió un acuerdo que causó ejecutoria en contra de la comunidad de Mogótavo sin notificar a la comunidad.

El 22 de marzo, Ana Violeta Estrada Domínguez, Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial Benito Juárez, envió citatorios a los tres gobernadores indígenas para que se presenten en la Audiencia de Imputación programada para el 9 de junio.

El 29 de abril pasado, la comunidad de Mogótavo se enteró que Ricardo Orviz Blake, Agustín López Daumas, Omar Bazán Flores, Jesús Alberto Cano Vélez y Ricardo Valles Alvelais promovieron una denuncia penal en contra de los gobernadores indígenas de Mogótavo Luis González Rivas, Enrique Manuel Parra y Bertha Cruz Moreno.

La acusación es por despojo agravado, acusan a los rarámuri de vivir en un inmueble ajeno.

Ante ello, la comunidad solicitó un amparo en contra del fallo que emitió el Tribunal Unitario Agrario del Distrito Cinco de Chihuahua.

La decisión de la autoridad agraria afecta a más 300 personas de 80 familias rarámuri que habitan en el territorio de Mogótavo.

Estas familias, se informó, tienen limitada actividad agropecuaria y su principal actividad es la artesanía que venden en la zona turística de El Divisadero y algunos emigran por temporadas a la pizca de la manzana en la región de Cuauhtémoc y a los campos agrícolas de Sinaloa, Sonora y Baja California.