Nacional

Alerta la corrupción en sistema de justicia

Las corporaciones de seguridad pública y procuración de justicia tienen muy mala reputación por corrupción

Reforma

sábado, 29 agosto 2020 | 09:23

Ciudad de México— La impunidad por actos de corrupción es la regla. Las leyes no se cumplen. Las corporaciones de seguridad pública y procuración de justicia tienen muy mala reputación por corrupción. Y la solución del Gobierno es aumentar los castigos en vez de corregir las causas de la corrupción, lo cual, por un lado, encarece el soborno y por otro aumenta la impunidad. No es un escenario alentador.

"La justicia en México es como un coche desvalijado de los años setenta intentando transitar en una autopista moderna del siglo XXI". Así es como la jurista Ana Laura Magaloni describe a un sistema descompuesto.

Y es que en México, de cada 100 delitos cometidos, sólo diez se denuncian, seis derivan una carpeta de investigación, pero tan sólo 3 tienen alguna consecuencia jurídica. Es decir, el restante 97% se traduce en impunidad.

La opinión pública parece capturar de manera acertada este fenómeno: la impunidad o falta de castigo se identifica como la principal causa de corrupción en México (39%), de acuerdo con la encuesta MCCI-Reforma.

En esta encuesta también destaca que la cifra negra en el área de corrupción se comporta de manera similar al promedio de delitos: de cada 100 actos ocurridos, 29 son denunciados y tan sólo 8 tienen alguna consecuencia.

Es decir, la impunidad en actos de corrupción está presente en 92% de los casos. En comparación con la cifra del año pasado (MCCI, 2019), esto representa una reducción en la tasa de impunidad de 7 puntos porcentuales; sin embargo, esta ligera mejora es aún insuficiente

La impunidad es un problema estructural. A más de un año de haber iniciado su gestión, este Gobierno no parece haber encontrado un esbozo de solución que atienda el origen del problema y no sólo busque aumentar los castigos.

Preocupa, pues, que las medidas que este Gobierno ha impulsado se guiaran más por la popularidad de imponer mayores sanciones a quien se acuse de corrupción -con la inclusión de dos delitos de corrupción al catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa sin un juicio previo-, en vez de tomar acciones que resuelvan el origen del problema y no sólo aumenten las sanciones.

Por el contrario, para atender el problema de la impunidad en México es importante abarcar todo el espectro desde la prevención y la denuncia, hasta la investigación, la procuración y la impartición de justicia.

Por ejemplo, es urgente la depuración y profesionalización de los policías de proximidad y ministerios públicos, así como una mejora sustantiva en la calidad de las investigaciones que realizan, de forma que mejore la articulación con juezas y magistradas.

Sin embargo, la popularidad de enfoque punitivo por el cual las personas apoyan que se eleven los castigos por corrupción tiene sentido a la luz de que los mexicanos denuncian cada vez más los hechos de corrupción (29% de las veces) pero la impunidad persiste.

En resumen, endurecer los castigos por corrupción es una medida efectiva para activar actitudes autoritarias entre la población, pero tiene efectos indeseables como el uso político de acusaciones de corrupción y la criminalización de grupos vulnerables.

Es decir, mayores castigos por corrupción puede tener el efecto contrario al deseado: no sólo se incrementa el monto del soborno, sino que acaba por ampliarse el margen para la impunidad, pues abre la posibilidad de encarcelar sin juicio previo ni derecho a fianza a personas inocentes, incrementar los costos de la extorsión, castigar a chivos expiatorios o a personas que no tienen los medios para pagar su fianza, y revictimizar a quienes no pueden costearse un juicio justo.