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Avala SCJN Sistema Anticorrupción de Nuevo León

En 2017 el gobernador Jaime Rodríguez impugnó la iniciativa

Reforma

Víctor Fuentes / Reforma

martes, 01 septiembre 2020 | 15:46

Ciudad de México— La Suprema Corte de Justicia avaló hoy la creación y reglas del Sistema Anticorrupción de Nuevo León (SANL), impugnado en 2017 por el gobernador Jaime Rodríguez Calderón "El Bronco".

En múltiples votaciones, todas por unanimidad o amplia mayoría, el Pleno de la Corte rechazó que el SANL invada atribuciones del Poder Ejecutivo, por lo que, en términos generales, declaró la validez de reformas a la Constitución estatal y las nuevas leyes del SANL y Orgánica de la Fiscalía General de Justicia, publicadas entre abril y diciembre de 2017.

En el tema más relevante, la Corte aprobó, por nueve votos contra uno, que sea un Comité de Selección integrado por nueve ciudadanos el que determine los perfiles y proponga al Congreso local los nombramientos de Fiscal General del Estado, fiscales especializados Anticorrupción y para Delitos Electorales, auditor General del Estado y magistrado de Sala Especializada Anticorrupción del Tribunal de Justicia Administrativa.

"El Bronco" alegó que, a nivel federal, este Comité de Selección sólo sirve para proponer a los miembros del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), pero no está previsto que participe en todos los demás nombramientos.

"No hay impedimento en la Constitución o ley general para que el estado de Nuevo León, en uso de sus facultades, otorgue diferentes competencias a este Comité, que trasciendan a otras esferas", afirmó el ministro Alfredo Gutiérrez, autor del proyecto de sentencia.

"El hecho de que el Ejecutivo no participe en nombramiento de fiscales especializados no afecta su régimen de competencia, pues Nuevo León actúa en el ámbito de su libertad de configuración", agregó.

Yasmin Esquivel, única disidente en este tema, sostuvo que el Comité tiene un exceso de atribuciones, y que no existe paralelismo o equivalencia alguna con su similar a nivel federal.

La Corte aclaró que, para el nombramiento del Auditor General, se requiere la votación de dos terceras partes de los diputados locales presentes en la sesión, no de dos terceras partes del total de legisladores, como mencionaba la Constitución estatal.

Los ministros dieron la razón al gobernador en su reclamo de que el Congreso ignoró la iniciativa de reforma Constitucional que envió para la nueva regulación de lo que entonces aún era la Procuraduría General de Justicia, pues la propia Carta Magna estatal obliga a los legisladores a dictaminar y dar respuesta a las propuestas del Ejecutivo.

Por tanto, la Corte acordó que el Congreso tendrá que revisar esta iniciativa en su próximo período de sesiones, lo que no quiere decir que debe aprobarla.

En otras votaciones, se dio el visto bueno a que la Secretaría Ejecutiva del SANL sea un órgano descentralizado, y se rechazó examinar nombramientos de este sistema, concretados con posterioridad a que "El Bronco" presentó su controversia.

También, se avalaron los procesos para aprobar las leyes del SANL y Orgánica de la Fiscalía General, en los cuales el Congreso tuvo las votaciones necesarias para superar los vetos que impuso el gobernador.

Gutiérrez había propuesto anular la posibilidad de que, en el Comité Coordinador (CC) del SANL, que es su órgano de mayor jerarquía, puedan participar, sólo con derecho a voz, un número no definido de integrantes adicionales a los nueve permanentes.

La votación fue de siete a tres por la invalidez, con lo que no se alcanzaron los ocho votos necesarios, y el Ministro Juan Luis González Alcántara, en la minoría, consideró que estos invitados abonan a la transparencia en la operación del CC.

Lo que la Corte sí anuló, por unanimidad, fue que las resoluciones del CC sean vinculantes para los órganos del Estado, ya que esto rompe la división de Poderes, y la Constitución estatal no aclaró debidamente el alcance de esta norma.

Antes de la sesión, la Ministra regiomontana Margarita Ríos-Farjat fue declarada impedida para participar, porque en 2017 fue parte de una coalición ciudadana que impulsó estas reformas.