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Avala Suprema Corte la Reforma Educativa

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Víctor Fuentes / Agencia Reforma

viernes, 04 junio 2021 | 05:00

Ciudad de México– La Suprema Corte de Justicia avaló porciones de 15 artículos de la Ley General de Educación (LGE), reformada en septiembre de 2019 por iniciativa del actual Gobierno, e impugnada por unas 40 escuelas privadas de la Ciudad de México.

La Primera Sala de la Corte negó el miércoles por unanimidad el primero de estos amparos, del Centro Educativo San Jerónimo, pero al hacerlo, aclaró que los bienes de las escuelas privadas no forman parte del Sistema Educativo Nacional (SEN), como expresamente menciona la ley, lo que había provocado temor de expropiaciones u ocupaciones por parte del Gobierno.

"Los muebles, inmuebles e instalaciones destinados a la prestación del servicio de educación de los planteles privados no constituyen, ni integran, parte del patrimonio del SEN, pues su patrimonio se rige de conformidad con el marco normativo aplicable a la propiedad privada", dice la sentencia, elaborada por el Ministro Juan Luis González Alcántara.

Otros puntos de la reforma avalados por los Ministros fueron: El derecho de los padres para reclamar ante la Secretaría de Educación Pública (SEP) aumentos de colegiaturas o costos "que carezcan de justificación"; la obligación de las escuelas de becar a 5 por ciento de sus estudiantes.

También, la facultad de la SEP para imponer lineamientos técnicos sobre infraestructura de los planteles, y la de practicar visitas de inspección en las que puede entrevistar a estudiantes menores de edad, e incluso grabarlos en video, previo aviso a los padres.

El proyecto de sentencia declaraba inconstitucionales dos puntos de la reforma: La prohibición a las escuelas privadas para comercializar bienes o servicios "notoriamente ajenos al proceso educativo", salvo alimentos, y los artículos 163 y 164 de la ley, que permiten a la SEP imponer "medidas correctivas y precautorias" a los colegios, sin explicar por qué razón, lo que el Ministro González Alcántara planteaba daría lugar a la arbitrariedad de las autoridades.

Sin embargo, estas disposiciones también fueron declaradas constitucionales.